Con seis días de anticipación, la Legislatura del Estado de México cerró su periodo ordinario de sesiones y se fue a receso el pasado 9 de mayo para regresar hasta el 5 de septiembre, a menos que antes surja uno o varios asuntos urgentes y ello les obligue a convocar a período extraordinario antes del cambio durante este lapso. A su regreso entre las primeras acciones está el tomar protesta a la primera gobernadora de la entidad, para el periodo 2023-2029

Durante estos cuatro meses no tienen la obligación de acudir a la sede del Congreso, con excepción de quienes integran la Diputación Permanente, quienes deberán sesionar por lo menos una vez al mes, para dar cuenta de los asuntos en trámite. Si se agendan trabajos en comisiones podrán conectarse vía remota, desde su oficina, domicilio u otro lugar.

A diferencia de quienes se desempeñan como ediles o integrantes del gabinete estatal, las y los legisladores sí pueden dedicar tiempo y acudir a los actos públicos de campaña de sus candidatas al gobierno estatal. La única limitante es que no hayan sido citados para sesionar en el pleno o en comisiones.

Tienen varios pendientes

Si bien aprobaron 104 iniciativas y puntos de acuerdo en 16 sesiones plenarias y 132 reuniones de comisiones que se llevaron a cabo durante el pasado periodo de sesiones, tienen otro tanto de pendientes, donde está la votación del cambio de nombre del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, así como analizar las iniciativas para otorgar permisos con goce de sueldo por estrés laboral; sanciones a quienes no usan el cinturón de seguridad vehicular.

Hay propuestas para reformar el Código Penal para sancionar la violencia mediática de género, el robo y abigeato entre parientes por consanguinidad y afinidad civil; castigar las lesiones autoinfligidas como resultado de la presión de terceras personas, castigar la usurpación de identidad; tipificar el robo de coladoeras, la violación adyacente y el delito de amenazas.

Además de penar con mayor rigor a quien reclute o utilice a menores de edad en actos de la delincuencia organizada; la reclasificación de la gravedad de algunos ilícitos; incluir el delito de esterilidad motivado por criterios eugenésicos y racistas; lograr respeto a los cadáveres; adicionar el delito de autoridad penitenciaria; castigar con mayor rigor el homicidio en contra de personas del servicio público de instituciones de seguridad, procuración o administración de justicia.

Tienen pendiente analizar y dictaminar las iniciativas para ajustar la Ley Orgánica Municipal para homologar los requisitos para ser delegado, subdelegado o jefe de manzana; promover la consulta popular a nivel municipal; hacer obligatorio que la Alerta Amber se difunda por medio de mensajes de texto en telefonía móvil o mensajería instantánea; asuntos relacionados con la prevención, tratamiento y combate de sobrepeso, obesidad y trastornos alimentarios.

Está en espera la creación de la Escuela Negocios, Oficios e Impulso a Emprendedores; la regulación de parquímetros; garantizar 25 por ciento de las candidaturas a personas jóvenes: sancionar la omisión de enterar cuotas al ISSEMYM; la división del municipio de Nezahualcóyotl; que los estacionamientos cuenten con seguro de responsabilidad civil o fianza.

Hay varios ajustes al Código de la Biodiversidad para establecer la obligatoriedad de contar con seguros de responsabilidad y cobertura en todas las actividades peligrosas y potencialmente contaminantes; el endurecimiento de penas y sanciones a quienes viertan desechos sólidos urbanos en barrancas, vialidades, tiraderos clandestinos, lotes o terrenos baldíos; la reducción de consumo de plásticos y polietileno.

Así como la expedición de la Ley de Fomento para la Lectura; la creación del Código de Ética Parlamentaria; integrar la Ley de Protección y Cuidado de los Animales; expedir la Ley de Austeridad para disminuir gastos y evitar dispendios; una nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, entre otros.

Nombramientos en el limbo

Al igual que el Congreso de la Unión, a la Legislatura mexiquense ya se le acumularon cuatro designaciones para encabezar los Órganos de Control Interno del Instituto Electoral del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia, de la Comisión de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia.

El más atrasado es el nombramiento del contralor del órgano electoral, el cual debió darse desde el mes de noviembre del 2022, luego de lanzar la convocatoria y desahogar todas las etapas, incluyendo las entrevistas de las y los aspirantes.

Lo mismo ocurrió en los procesos para seleccionar a quienes se encargarán de los OIC de la FGJEM, el Infoem y la Codhem, donde se desahogaron los procedimientos y, de acuerdo con las convocatorias, a más tardar el 8 de mayo se debía haber turnado al presidente de la mesa, la ternas que se votarían en el pleno.

Inicialmente el asunto fue incluido, pero al final se retiró por falta de acuerdo entre las diferentes fracciones parlamentarias, por lo cual el nombramiento podría llevarse a cabo hasta el siguiente periodo que se llevará a cabo de septiembre a diciembre o antes si convocan a periodo extraordinario.

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