En el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres del INE hay 17 personas del Estado de México inscritas, donde sobresale el caso de Rubén Islas Ramos, por violencia digital, psicológica y simbólica en contra de la presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
En este caso se le castigó con una multa económica, disculpas públicas, medidas de no repetición, capacitación y sensibilización con lecturas y cursos de género y derechos humanos de las mujeres, para evitar que repita estas conductas, pero prácticamente se ha declarado en rebeldía y asegura en redes sociales que no va disculparse y nadie va a coartar su libertad de expresión.
En total son exhibidos los nombres de 447 personas con sanciones firmes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, de los cuales 90 son mujeres y 357 hombres, donde la entidad con más altas es Oaxaca, con 143 casos, seguido de Veracruz con 45 y Tabasco 38. En octavo lugar está el Estado de México con 17.
Escenario nacional
La estadística nacional indica que 14 por ciento de las personas sancionadas corresponden al ámbito nacional, 18.29 por ciento al estatal y 67.68 por ciento al municipal.
En 42 puntos porcentuales se trata de ciudadanos o ciudadanas con 22.1 por ciento, seguida de presidentes y presidentas municipales con 17.4 por ciento, regidores 11.8, periodistas 11.43 y en 4.4 por ciento de los casos candidatos o candidatas.
Escenario mexiquense
Las mujeres sancionadas son: Ana Karen Fuentes Crisantos, militante; Ariana Ambrosio Marcos y Magaly Trinidad Monroy, regidoras de Morelos, y Elsa Margarita Díaz Negrete, ciudadana de Cuautitlán Izcalli.
Los hombres son: César Monroy Vázquez y Edgar Plaza Barrera, regidores de Morelos; Francisco López Rayón y Raúl Rodríguez Cortés, periodistas de Ixtlahuaca y Valle de Bravo, respectivamente; Gonzalo Martín Vilchis Peralta, de Ocoyocac y Rodolfo Rubén Islas Ramos en su calidad de ciudadanos.
Héctor Karim Carballo Delfín, candidato en Cuautitlán Izcalli, por violencia en contra de una mujer embarazada; Javier Sierra Acosta y José Luis Dávila Sámano de Ocoyoacac, servidores municipales; Miguel Ángel Benítez Candelaria y Óscar Pichardo Cepeda, de Donato Guerra militantes; Pedro Mendieta Vázquez, síndico de Morelos; y el presidente municipal de Ocoyoacac, Samuel Verdeja Ruiz.
En dos casos las afectadas fueron mujeres embarazadas y tres indígenas.
Los tipos de violencia ejercidos fueron patrimonial, verbal, física, simbólica, psicológica, económica y mediática.
En la mayoría de los casos les piden que se disculpen de manera pública, sólo en dos hay medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación y medidas de no repetición.
El caso Islas
De estos registros sobresale el de Rubén Islas, quien fuera representante en el Instituto Electoral y participó en los trabajos de actualización de la Constitución mexiquense, y en un programa de análisis, en la red, hizo expresiones en contra de la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, que fueron consideradas por la Sala Especializada del PJF como violencia política en razón de género, en su modalidad digital y análoga, psicológica y simbólica.
En el expediente RE-PSC-7/2025 se concluyó, por unanimidad, que el ex perredista incurrió en violencia durante los comentarios que hizo, en e2024, en un programa digital, al tratar de menoscabar y denigrar las facultades de la víctima para desempeñar un cargo público y señalar que está en un espacio que no merece.
Aunque la resolución se dio a conocer el 14 de enero, hasta el momento no se ha cumplido la sentencia y, por el contrario, ha señalado en sus redes sociales que nadie lo va a obligar a dar disculpas públicas ni a callar, además de que sigue emitiendo señalamientos en sus redes sociales en contra de la consejera electoral que podrían ser catalogados como violencia política en razón de género.
El fallo
La Sala Especializada concluyó que el contenido referido, constituye violencia simbólica, psicológica, digital y análoga, minimizando su trayectoria profesional, invisibilizando sus méritos en el cargo que desempeña y buscando generar una imagen negativa de la persona frente al electorado.
Por ello el sancionado debe limitar la difusión de mensajes violentos, disfrazados de crítica social o política, porque impactan en el acceso y permanencia de las mujeres en las funciones públicas del país.
Además, ordenaron inscribirlo en el Registro Nacional durante un año seis meses y resaltaron que en sus comentarios existió intención con o sin dolo, para dañar a la víctima en el ejercicio de sus derechos políticos, señala la resolución.
Le dieron tres días hábiles para informar el nombre del curso que llevará a cabo, la institución que lo imparte y en su momento remitir por la vía más expedita la constancia que acredite su conclusión; le ordenaron publicar un extracto de la sentencia en su perfil de Facebook y mantenerlo durante 30 días naturales ininterrumpidos, que tampoco está visible, sólo mensajes donde señala que nadie podrán callarlo.
FOTOS: ESPECIALES.
