Asuntos
Las infracciones de tránsito, los decomisos de mercancía, el cobro indebido de agua o predial, la destitución de personas servidoras públicas, inconformidades en las pensiones del ISSEMYM, expropiaciones, clausuras de negocios y construcciones, entre otros asuntos se pueden dirimir en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM).
Ese ente es un órgano autónomo, es decir, no depende de ninguna otra autoridad y forma parte del Sistema Anticorrupción del Edomex y los Municipios.
De acuerdo con la ley, a través de ese tribunal se dirimen controversias de carácter administrativo y fiscal entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y particulares.
Eso quiere decir que si alguna o algún ciudadano tiene una controversia con autoridades municipales o estatales, e incluso con otros organismos, puede acudir a esa institución.
Asuntos
Estos son algunos actos por los cuales las personas pueden recurrir al TRIJAEM:
Infracciones de tránsito.
Decomisos de mercancía.
Cobro indebido de agua o predial.
Cancelación o negación de licencias para ejercer el comercio o prestación de servicios.
Destitución de servidores públicos.
Pensiones del ISSEMYM.
Visitas de Verificación.
Clausuras de negocios y construcciones.
Aplicación de sanciones y diversas medidas que contienen los reglamentos y bandos municipales.
Expropiaciones.
Cancelaciones de contrato de obra pública o concesiones.
Indemnizaciones de policías.
Faltas graves
Con la creación del Sistema Anticorrupción, desde el 19 de julio de 2017 el TRIJAEM conoce y resuelve las responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares vinculadas con faltas graves.
Esas responsabilidades son promovidas por la Secretaría de la Contraloría, los órganos internos de control de las dependencias del Ejecutivo, los municipios, los órganos autónomos y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para la imposición de sanciones.
Por ello, desde hace 35 años tiene como objeto dirimir controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, municipios, organismos auxiliares con funciones de autoridad y particulares.
