El diputado local Gerardo Pliego propuso al pleno del Congreso del Estado de México expedir la “Ley de Integridad” para elevar los estándares de conducta ética en el servicio público; reducir la incidencia de faltas administrativas y delitos, fortalecer la confianza ciudadana, homologar prácticas de integridad y control interno en los 125 municipios y consolidar el enfoque preventivo como primer eslabón del sistema anticorrupción.
La iniciativa fue presentada a nombre de quienes integran el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con el fin de complementar la legislación existente, sin sustituir ni invadir las competencias previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas ni en el Código Penal.
Esto a través de la incorporación normativa de las reglas de integridad, sistematizar los principios que rigen el servicio público, establecer programas de integridad y de control internos obligatorios, la gestión de conflictos de interés, el reforzamiento de deberes de dirección en los entes públicos e instrumentos de integridad.
“Si bien la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios regula las faltas administrativas y sus sancione y existe un régimen de delitos por hechos de corrupción en el Código Penal, resulta indispensable contar con un ordenamiento específico que consolide el enfoque preventivo, normativo y cultural de la integridad pública” acotó el legislador.
La previsión de sanciones y penas resulta insuficiente para modificar conductas si no se acompaña de reglas claras de integridad, medidas preventivas, mecanismos de capacitación y una cultura institucional orientada al interés público.
El CPC concibe la integridad pública como “el conjunto de principios, valores y normas que orientan el comportamiento ético de las personas servidoras públicas para garantizar el interés general y el cumplimiento de los valores que rigen el servicio público”.
Piden que las personas servidoras públicas se conduzcan en estricto apego a los principios que rigen el servicio público y sin utilizar el cargo para beneficio personal o de terceros, sin discriminación; reconoce diferentes nivele de conflicto de intereses y considera la necesidad de que los entes públicos implementen un Programa Institucional de Integridad, para la prevención de riesgos de corrupción y el fortalecimiento de la cultura ética.
Las personas servidoras públicas deberán suscribir una Declaración de integridad, como manifestación de compromiso ético, aunque esto no sustituye las declaraciones patrimoniales o de interés, ni genera por sí misma responsabilidad administrativa, entre otros aspectos que serán analizados en comisiones, en los siguientes días.
El titular del CPC, Alberto Gándara Ruiz Esparza, consideró que la importancia de esta propuesta es que la integridad deje de ser sólo un concepto deontológico y se incorpore en la ley para complementar la normativa existente, tomando en cuenta que la corrupción se combate desde muchos frentes, no sólo desde el castigo, sino desde la prevención.
“La idea es incorporar la prevención” considerar el catálogo de conflicto de interés, que todos firmen una declaración de integridad, se impulsan mecanismos productivos a nivel municipal con la obligación de incorporar algunos mecanismos que no existen como los comités de control y desempeño institucional”, agregó.
El siguiente paso es promover la iniciativa entre los diferentes grupos parlamentarios para que en este periodo pueda ser analizado y dictaminado el tema, por la importancia que estriba en incidir en el combate a la corrupción.
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