Paga Edomex más de mil 171 mdp por consultorías

 Paga Edomex más de mil 171 mdp por consultorías

*Entrega dos contratos a la misma empresa

El Gobierno del Estado de México contrató a la empresa de consultoría Zumby Servicios Profesionales S.A. de C.V. para realizar “servicios profesionales y técnicos”, durante el 2022, por los cuales pagará más de  mil 171 millones 261 mil 260 pesos.

Los servicios especializados implican asesorías y diagnósticos para mejorar la política de programas sociales y las funciones de dependencias, entre ellas finanzas, en materia de recaudación.

Para este año, la administración mexiquense realizó dos contratos con esa consultoría: uno por 851 millones 297 mil 306 pesos para coadyuvar con 15 áreas y secretarías en cuestiones como la programación, organización y control de sus necesidades, y en planear y evaluar acciones.

Otro contrato es  por más de 319 millones 963 mil 954 pesos para la Secretaría de Desarrollo Social, por apoyo técnico en actividades de bienestar social. Uno de los requerimientos es que el personal esté capacitado en programas sociales y se señala que se podrán operar cambios en las líneas de acción.

Los argumentos en ambas contrataciones son casi idénticos: dar a las áreas que lo requieran apoyo técnico y administrativo de análisis y diagnóstico para coadyuvar en el desarrollo de sus funciones y atribuciones, y garantizar el cumplimiento de las actividades institucionales.

Los contratos

El primer contrato CS/A/92/2021, elaborado en diciembre del año pasado, es para coadyuvar con la Coordinación General de Comunicación Social, la Secretaría del Campo, la de Desarrollo Económico, la del Medio Ambiente, la Coordinación Técnica del Gabinete, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, la de Movilidad, la de Seguridad, la del Trabajo, la de Cultura y Turismo, la de Educación, la de Finanzas, la de Salud, la General de Gobierno y la de la Mujer.

En tanto, el segundo CS/A/3/2022, firmado en marzo del 2022, se enfoca a la Secretaría de Desarrollo Social para brindar apoyo técnico en actividades de bienestar social.

De las 15 áreas, esa empresa brindará más apoyo a Finanzas, pues no solo coadyuvará en la programación, organización y control de necesidades de sus unidades administrativas; también en la previsión de elementos y recursos para realizar “encuentros de alto nivel” y en planear y evaluar acciones de recaudación y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes.

Para ello, pide personal especializado como: supervisores técnicos operativos, apoyo operativo, asistente administrativo, asistente operativo, auxiliar de servicio especializado, auxiliar administrativo, analista de administración, jefe de analistas, asistentes técnicos, jefes de área de servicio, entre otros.

A Finanzas también le ayudará en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de contribuyentes, en la planeación y coordinación de acciones encaminadas a la verificación y comprobación de las obligaciones fiscales y aduaneras, en el otorgamiento de permisos, supervisión y regulación de establecimientos.

Asimismo, en garantizar un manejo transparente y apegado a la norma en la defensa de intereses de la hacienda pública estatal, mediante la interpretación y aplicación de disposiciones jurídicas fiscales y financieras en el ejercicio de las finanzas públicas estatales, en la política financiera y crediticia del estado, en la planeación y evaluación de programas y servicios.

De igual forma, en actividades administrativas de control y ejecución de procedimientos de adquisiciones, en la organización y evaluación de programas y acciones en materia de desarrollo institucional y modernización, en la innovación y calidad gubernamental, en programas de capacitación y profesionalización del personal.

Los trabajos 

Para ambos contratos el despacho deberá integrar grupos de trabajo y abarcar el estudio y revisión de acciones y procesos de las unidades administrativas para identificar áreas de oportunidad, mejora y optimización, así como en las mejores prácticas para replicarlas.

También implementar y operar cambios a las líneas de acción previstas, con base en los procesos de cada unidad administrativa, incentivar las manifestaciones o propuestas de mejora, a fin de fortalecer la operación, los procesos, la calidad de trámites y servicios para favorecer la atención al usuario y la optimización de acciones y proyectos.

De acuerdo con el contrato, el servicio incluye implementar alternativas para las dificultades que se presenten en la consecución de las metas previstas en planes y programas operativos y se medirá el cumplimiento en la implementación de mejoras en los procesos, creando un impacto directa o indirectamente en los planes de trabajo, proyectos y programas de cada unidad administrativa.

Además, el despacho conformará grupos de trabajo para integrar perfiles técnicos y especializados en diversos rubros que ayudarán en el cumplimiento de los objetivos trazados en cada área.

De igual forma, el primer contrato, que es más extenso, señala que se vinculará con las diferentes unidades administrativas, a través de la Dirección General de Personal de la Secretaría de Finanzas y deberá cumplir con lo establecido en la ley, en materia de subcontratación laboral.

Tendrá la obligación de presentar mensualmente un informe escrito de prestación de servicio por grupo de trabajo que incluya las actividades desempeñadas, los lugares donde se desarrolló la prestación del servicio, asistencias validadas, acuses de recibido de identificaciones vigentes de los integrantes de los grupos.

El gobierno estatal no cubrirá ningún concepto de liquidación indemnización o similar por lo que será responsabilidad de la empresa cubrir eso y cualquier gasto adicional por motivo de alta, sustitución o baja de uno o más servicios; así como de finiquitos, indemnizaciones, pago de trámites, incapacidades, envío y devolución de documentación administrativa, notificaciones de terminación laboral, entre otros.

Adicionalmente, deberá tener el registro de su personal en el padrón público, estar al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social y su plantilla laboral contar con un registro patronal ante el IMSS y registrar a los trabajadores ante el IMSS e Infonavit.

También contar con asistencia jurídica en materia laboral y de seguridad Social para atender asuntos de carácter obrero-patronal y asumirá la responsabilidad como patrón para responder por todas las reclamaciones individuales de sus trabajadores.

Otra cláusula es guardar confidencialidad de la información o documentación a la que tendrá acceso, contemplar el pago de finiquitos, aguinaldos y demás prestaciones y ser responsable de posibles daños o perjuicios que pudiera sufrir  el gobierno mexiquense con motivo de alguna negligencia.

Zumby, de acuerdo con su página de internet, es una empresa dedicada a ofrecer servicios de consultoría administrativa, capacitación humana, asesoría legal y financiera a empresas o instituciones que requieran de sus servicios, a fin de que puedan alcanzar máximo potencial y sus metas a corto, mediano o largo plazo.

¿Qué se podría pagar con el dinero de los contratos?

El gasto en esos contratos es superior a los 800 millones de pesos que se reservaron para terminar al menos ocho hospitales inconclusos en el Estado de México el año pasado.

También es superior a los 816.7 millones de pesos presupuestados el año anterior al programa social para las personas adultas mayores.

Además, rebasa el presupuesto de mil 380 escuelas de tiempo completo que operan en la entidad con cerca de 900 millones de pesos anuales.

También es mayor a la suma de las deudas de los municipios de Ecatepec por 630 millones y la de Naucalpan de 526 millones, que tienen los pasivos más altos en la entidad.

Además, representa casi cuatro veces el presupuesto de 260 millones de pesos asignado este año para las declaratorias de alertas de género por feminicidios y por desapariciones.

También es superior a la suma de los presupuestos de la Comisión de Derechos Humanos estatal (CODHEM), de 270.7 millones; del Instituto de Transparencia (Infoem) de 206.1 millones; del Tribunal de Justicia Administrativa con 220 millones y del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) de 202.3 millones.

 

Violeta Huerta

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