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En las ultimas dos décadas la tecnología ha regido la mayoría de las actividades del ser humano, hasta convertirse en una herramienta indispensable para el buen funcionamiento y desarrollo de las instituciones públicas y privadas.

Para la impartición de justicia, se torna imprescindible su uso, ya que representa agilidad y seguridad en los procedimientos jurídicos de tribunales, cuyo principal fin es otorgar justicia basada en los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, y probidad, ya que a través de la tecnología se genera interconexión con las partes involucradas, llevando un importante beneficio a las y los ciudadanos.

En la actualidad es una necesidad imperante que las instituciones se adapten a las nuevas tendencias en la aplicación de la tecnología, puesto que así son más cercanos los servicios públicos y procesos democráticos, además se logra ampliar la productividad, simplificar y  hacer más eficientes los procesos cotidianos, que realiza cada entidad pública.

Una gestión digital y proactiva de manera estratégica se da en dos sentidos:

  • De manera interna: modifica la forma tradicional de hacer las cosas a un formato electrónico, optimizando los tiempos y recursos con los que cuenta la Institución; y
  • De manera externa: se desarrolla con el objeto de acercar los servicios y el conocimiento que generan las instituciones públicas a la población.

Con el desarrollo del llamado “expediente electrónico” se tiene un valor agregado para cumplir con el principio de acceso a la justicia en los términos que nos mandata la normatividad, ya que al instalar estos sistemas, se prevé que las y los ciudadanos realicen la mayoría de los trámites a través de internet, con ello pueden no trasladarse hasta las instalaciones del órgano jurisdiccional, haciendo más cómodo y práctico el procedimiento, abonando al principio de economía procesal, ya que las notificaciones pueden realizarse por este medio, trayendo beneficios sustanciales para ambas partes.

Ante la situación que se vive actualmente, toda institución responsable con la sociedad, se debe considerar que la implementación del juicio en línea, es una herramienta adecuada para evitar traslados innecesarios de los ciudadanos, y con esto coadyuvar a minimizar y controlar en cierta medida los efectos de la contingencia sanitaria que vivimos y que sin duda debemos seguir perfeccionando en pro del derecho de acceso a la justicia.

* Catedrático Universitario 

Especialista en Derecho Electoral y DDHH.

 

 

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