El proyecto de reforma integral a la Constitución del Estado de México, presentado por el Secretariado Técnico  a la Legislatura mexiquense, propone un mayor reconocimiento de derechos, incluir la perspectiva y la paridad de género, nuevas vías de participación ciudadana, la posibilidad de iniciar juicio político en contra de cualquier persona servidora pública, establecer el gobierno digital y la sustitución de algunos órganos.

La iniciativa busca reconocer la libertad de protesta, la reparación del daño, obligar a los medios de comunicación a diferenciar la información noticiosa de la publicidad o propaganda, reconocer la diversidad de tipos de familia, incluir el concepto de renta básica universal, establecer el 15 de enero para la entrega del informe del Ejecutivo por escrito al Congreso local.

También plantea sustituir la Comisión de Derechos Humanos por la Defensoría del Pueblo Mexiquense, elevar a órgano autónomo la Defensoría Pública, sustituir el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) por el Tribunal de Cuentas y considerarlo órgano autónomo, con posibilidad de auditar a todo el sector público, e incluye un apartado sobre Medio Ambiente, Biodiversidad y Patrimonio Cultural.

El Proyecto de Reforma Constitucional está integrado por 118 artículos divididos en 12 títulos sobre el Estado de México, los principios rectores y valores constitucionales, el sistema de Derechos Humanos, la población y el ejercicio democrático; el régimen interior, la forma de gobierno y las instituciones; los poderes del estado, los órganos autónomos, el poder público municipal.

También las responsabilidades de las personas servidoras públicas y particulares, el sistema estatal anticorrupción, la economía del estado; medio ambiente, biodiversidad y capital natural, previsiones generales, la permanencia de la Constitución y su inviolabilidad, pero dejaron fuera todas las disposiciones no constitucionales, pues se incluirán en un sistema estatal de leyes.

La propuesta no implica un cambio total, pues se propone recuperar los artículos que pueden seguir siendo aplicables a la realidad y es resultado de la participación de más de mil parlamentarias y parlamentarios, quienes hicieron cientos de propuestas.

La Legislatura local deberá analizar el documento e integrar la iniciativa de ley, de la cual se desprendería un decreto que esperan someter a votación del pleno este mismo año.

A la presentación del proyecto solo acudieron Morena y el Partido del Trabajo, pero estuvieron ausentes los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano; sin embargo, el proyecto fue respaldado por el Poder Judicial y el Ejecutivo. También acudieron titulares de los órganos autónomos.

En el evento, el secretario de Justicia y Derechos Humanos del gobierno estatal, Rodrigo Espeleta, agradeció que le permitieran participar, opinar y aportar, en busca de tener una constitución moderna y accesible para que las y los mexiquenses se apropien de ella. Consideró necesario apostar a la justicia estatal, e incluso tener amparos locales que permitan a las personas hacer valer sus derechos en ese ámbito.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Sodi Cuellar, consideró que con este trabajo se podrá tener una ley con enfoque social, vanguardista e innovadora. Pidió hacer una norma que dure y no dejar que la sociedad la rebase, así como reconocer las nuevas manifestaciones de tolerancia.

En su exposición, Mauricio Valdés, coordinador de los trabajos del Sectec, hizo un llamado a los incrédulos para que conozcan el proyecto y tengan en cuenta que la competencia electoral pasará y será necesario atender las necesidades del Estado de México. Pidió valorar la participación de la sociedad a través del parlamento abierto.

Entre los aspectos más relevantes del proyecto de reforma constitucional destacan:

Derechos

El Estado de México se regiría como una entidad humanista y democrática y la dignidad humana se menciona como origen y fin de los derechos e instituciones.

Se propone establecer como deber del Estado garantizar la cohesión social de las y los mexiquenses, mediante el impulso de leyes y acciones que desarrollen la más amplia solidaridad y fraternidad.

Incluye un título del Sistema de Derechos Humanos, donde destacan los derechos al desarrollo individual, la no discriminación, la eliminación de la misoginia, la xenofobia, el clasismo y la segregación racial, así como la discriminación religiosa y cultural y otras formas de intolerancia.

Garantizar el derecho y la libertad de ejercer la sexualidad de forma responsable, legal e informada, sin discriminación por preferencia, orientación o características sexuales, identidad o expresión de género. También incluye que el Estado proveerá los medios para garantizar el acceso a la educación, información y servicios de salud integral.

Se busca establecer que toda persona tiene derecho a la protesta, el cual podría ejercerse de manera pacífica, sin afectar derechos de terceros, ni el patrimonio e infraestructura privada y pública, y para eso, la autoridad adoptaría protocolos de actuación que garantizarían la seguridad de las personas manifestantes, de acuerdo con parámetros internacionales, dirigidos a la protección de ese derecho y no se consideraría ilegal ninguna forma de protesta social, ni de manifestación pública.

En materia de libertad de expresión se plantea sancionar severamente las conductas que atenten contra las personas periodistas y garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. También se propone que los medios de comunicación tengan la obligación de distinguir la información noticiosa, de aquella que sea publicitaria o propagandística.

Se propone resaltar los derechos de la mujer, entre ellos: a la igualdad sustantiva y que el Estado se encuentra obligado a garantizar la paridad de género en los puestos de representación popular y cargos ejecutivos en todos los órdenes de gobierno.

Además, prevé el derecho a decidir la forma y el tipo y estructura de las familias, donde el Estado reconozca la pluralidad y diversidad de las familias mexiquenses, con lo cual, a nadie se le podría imponer un modelo específico.

Otro planteamiento es la renta básica universal a la que toda persona ciudadana mexiquense tendría derecho por parte del Estado, la cual debería ser suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las personas y se otorgaría de manera periódica, proporcional, libre e incondicional.

Asimismo, se pretende señalar el derecho a la ciudad libre de toda discriminación, con perspectiva de género y enfoque diferenciado, inclusiva para todas las personas habitantes; así como enfatizar el derecho a la información pública gubernamental y a la transparencia.

El proyecto habla del derecho a la movilidad, donde toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad y este derecho estaría basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social.

Además, se incluiría un título relacionado con el Medio Ambiente, Biodiversidad y Patrimonio natural, donde se establecería que el Estado protegería el derecho de las y los mexiquenses a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un pleno desarrollo sustentable y sostenible.

Responsabilidades y participación

La iniciativa incluye considerar que las conductas de personas servidoras públicas que violen los derechos humanos sean imprescriptibles y la obligación del Estado a reparar cualquier tipo de violación de los derechos y libertades.

También que toda persona tendría derecho a recibir una indemnización por la acción u omisión de cualquier autoridad, la cual sería adecuada y equiparable al daño ocasionado, y tanto municipios, como el estado serían los responsables de indemnizar a las personas por la violación y vulneración de sus derechos o libertades de manera directa o indirecta.

Otras propuestas son: señalar como mecanismos de la democracia directa participativa y gobierno abierto el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, el parlamento abierto, el cabildo abierto, el presupuesto participativo y la solicitud popular de auditoría.

Gobierno

También plantea precisar que en ningún caso la comunicación social del estado y los municipios incluirían nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier persona servidora pública y subrayar que los órganos constitucionales autónomos y los municipios estarían obligados a implementar el servicio civil de carrera.

Se busca la creación de un registro estatal y municipal de gobierno digital que incluya todos los trámites y servicios de la administración pública, en el cual se incluya a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos.

El proyecto señalaría como obligación del gobernador o gobernadora presentar por escrito el informe acerca del estado de la administración pública ante la Diputación Permanente de la Legislatura del Estado el 15 de enero de cada año.

Respecto al Poder Judicial se señalaría que su presupuesto anual de egresos en ningún caso podría ser inferior al dos por ciento de los ingresos ordinarios del Estado, el pleno se integraría por siete magistrados o magistradas y el gobernador o gobernadora propondría ternas a la Legislatura para la integración de cuatro magistrados.

La presidencia duraría cuatro años, sin posibilidad de reelección y las magistraturas durarían siete años sin posibilidad de reelección.

Órganos autónomos

La propuesta integra en un solo capítulo los órganos constitucionales autónomos: el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Fiscalía General de Justicia, la Defensoría del Pueblo Mexiquense (en lugar de la Comisión de Derechos Humanos), el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia, la Defensoría Pública del Estado de México y el Tribunal de Cuentas, en lugar del OSFEM.

A la Defensoría del Pueblo Mexiquense correspondería la protección, garantía y promoción de los Derechos Humanos; conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o persona servidora pública que viole derechos y formularía recomendaciones públicas, así como denuncias y quejas ante autoridades.

La Defensoría Pública prestaría servicios bajo los principios de probidad, gratuidad, honradez, pro persona y profesionalismo, garantizando el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal, el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y civil.

El Tribunal de Cuentas tendría como función auditar el uso de todos los recursos públicos y el patrimonio del Estado y sus municipios, asignados a los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos, organismos auxiliares, fideicomisos públicos o privados y demás entes que manejan recursos públicos.

Ayuntamientos

La ciudadanía residente del municipio podría participar en los cabildos abiertos conforme a lo que establece la Constitución y la ley correspondiente.

Para ser miembro propietario o suplente de un ayuntamiento se requeriría, entre otras cosas, no estar condenado o condenada por sentencia ejecutoria por delitos de violencia política, familiar o contra la libertad sexual, ni de ningún tipo de violencia de género y no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos en el estado, ni en otra entidad federativa.

Juicio político

La propuesta busca que todas y todos sean sujetos de juicio político: la persona titular del Poder Ejecutivo, las diputadas y diputados, las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, las y los consejeros de la Judicatura, las y los secretarios del gabinete, las personas servidoras públicas que desempeñan un cargo de elección popular en el ámbito municipal, el fiscal general de justicia, las y los magistrados y jueces de circuito.

También la o el consejero presidente y las y los consejeros electorales, la o el secretario ejecutivo del Instituto Electoral, las y los magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos colegiados de gobierno de los órganos constitucionales autónomos, las y los directores generales y sus equivalentes de organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Las sanciones consistirían en la destitución de la persona servidora pública y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Sobre la responsabilidad penal serían responsables de los delitos graves del orden común que cometan durante su encargo, así como de los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de sus funciones. En el caso del Ejecutivo solo podría ser acusado o acusada por delitos graves del orden común y por delitos contra la seguridad del Estado.

El procedimiento se llevaría en la Legislatura, la cual, erigida en Gran Jurado, declararía por mayoría absoluta del número total de sus integrantes si hay lugar o no a proceder en contra de la persona acusada.

El plazo de la prescripción de los delitos cometidos por personas servidoras públicas, incluyendo cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias o cualquier otro que implicara malversación de recursos públicos, se interrumpiría cuando el indiciado se sustrajera a la acción de la justicia y en los demás supuestos previstos en la legislación aplicable.

Se plantea que las y los habitantes del Estado de México puedan promover la acción popular ante la Legislatura.