La propuesta de nueva estructura administrativa para el gobierno que encabezará Delfina Gómez Álvarez, a partir del 16 de septiembre, incluye 16 secretarías, con ajustes y readscripciones de funciones en algunas dependencias; así como la creación de dos áreas clave: la Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica.

La iniciativa impulsada por Morena, PVEM, PT y la y el legislador sin partido, que se presenta este 23 de agosto, prevé que la Secretaría de Desarrollo Social ahora sea Secretaría del Bienestar, la de Desarrollo Urbano y Obra se convertiría en Desarrollo Urbano e Infraestructura, Medio Ambiente sería Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

También se crearía la Secretaría del Agua y desaparecería la de Justicia y Derechos Humanos.

Además, la Secretaría de Educación se encargaría de los temas relativos al deporte, con la creación de un Instituto de Cultura Física y Deporte, y la de Cultura sólo abarcaría ese rubro y el de Turismo.

Tanto la Oficialía Mayor, como la Consejería Jurídica tendrían funciones que anteriormente ejercía la Secretaría de Justicia.

La propuesta afirma que pese a los cambios se garantizará el respeto a los derechos laborales de las y los servidores públicos de base.

Nueva estructura

De entrada, la nueva ley tendría más artículos que la actual norma, pues pasaría de 50 a 68 artículos, ya que a la mayoría de las dependencias se les dan más atribuciones, se hace énfasis en la necesidad de trabajar en un gobierno digital, en el uso de tecnologías. 

Como parte del sello de la nueva mandataria electa se ajusta la redacción para establecer el enfoque de proteger a sectores desfavorecidos, impulsar a productores, artesanos, apoyar a indígenas, mejorar la calidad de vida de la gente y combatir la corrupción.

La Secretaría General de Gobierno por ejemplo tendrá ahora que impulsar con la de Finanzas el desarrollo de la política de gobierno digital y uso de tecnologías e implementar el Registro Único de Personas Acreditadas en la entidad.

La Secretaría de Seguridad absorberá algunas funciones de la de Justicia como recibir las solicitudes de indulto, el desarrollo de programas tecnológicos para supervisar, investigar y aplicar correctivos a sus elementos, además de recibir recomendaciones de la Contraloría.

La Secretaría de Finanzas deberá vigilar y registrar también las deudas municipales, e incluir la participación ciudadana en la elaboración del Plan de Desarrollo, mientras la de Salud también prevé la atención a población penitenciaria con respeto a los derechos humanos y contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

En tanto, la Secretaría del Trabajo además de las facultades que tiene ahora buscaría erradicar el trabajo infantil, la discriminación laboral, reconocer el trabajo en el hogar, se prevé la reinserción laboral de migrantes, de personas preliberadas y liberadas. También prevenir y denunciar el acoso e impulsar el teletrabajo y la movilidad geográfica.

La Secretaría de Educación ahora absorbería lo relativo al deporte y plantea la posibilidad de tener escuelas de tiempo completo, en tanto la de desarrollo e infraestructura mantendría las atribuciones en esa materia pero le quitarían todo lo relacionado al tema del agua.

La Secretaría del Bienestar buscaría acciones de desarrollo regional, elevar el nivel de vida de la población, acciones para combatir la pobreza, obras de desarrollo regional, políticas públicas para ayudar al desarrollo de pueblos indígenas, fomentar el progreso y apoyar a menores desprotegidos, a jóvenes, personas adultas mayores, discapacitadas, inmigrantes, indígenas en situación de calle; así como a personas violentadas y marginadas.

La Secretaría del Campo buscaría impulsar proyectos de empresas de grupos de productores, promover la organización productiva agropecuaria y no agropecuaria, apoyar el desarrollo de nuevos proyectos productivos agroalimentarios, integrar modelos de agroparques y tecnoparques; así como el desarrollo de parques agroindustriales, mecanismos de exportaciones y estímulos fiscales.

La Secretaría de Desarrollo Económico plantearía promover la creación de fuentes de empleo con impulso a micro, pequeñas y medianas empresas y a unidades mineras, talleres artesanales y comercios, parques y zonas industriales. También impulsaría la desregulación y simplificación administrativa y mantendría una consulta permanente con organismos y asociaciones del sector productivo.

La Secretaría de Cultura y Turismo ya no se encargaría de lo relacionado al deporte, buscaría asegurar el ejercicio de derechos culturales de las personas, estimular la educación artística, la creación y difusión editorial, promover las artesanías, el arte, las expresiones de cultura populares, rescatar las manifestaciones de arte popular, gestionar el reconocimiento y conservación del derecho de propiedad industrial de artesanías, proyectos turísticos vinculados a mantener tradiciones usos y costumbres de cada región.

En tanto, la Contraloría tendría como una de sus principales funciones combatir la corrupción, impulsar la integridad pública, una mayor coordinación con otras dependencias, requerir información para sus investigaciones, una mayor supervisión, hacer recomendaciones para que las mejores personas ocupen los cargos públicos.

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible realizaría acciones a favor del medio ambiente y del bienestar animal, la tenencia responsable, impulsar la denuncia pública, programas de reforestación, preservación de la diversidad genética de semillas y plantas, el control de residuos, entre otras cosas.

La Secretaría del Agua se encargaría de fijar reservas de agua, impulsar el tratamiento de aguas residuales, la captación de agua pluvial, el saneamiento, tratamiento y reuso de aguas, proponer la reestructura o revocación de concesiones para tener mejoras en el servicio, o cuando existan riesgos; sancionar posibles infracciones y contar con un Registro Público del Agua.

La Secretaría de las Mujeres, además de sus actuales funciones coadyuvaría con municipios a fortalecer programas, acciones, liderazgos y a promover una cultura de la denuncia.

La Secretaría de Movilidad además de las atribuciones que tiene en materia de transporte público, infraestructura y comunicaciones contaría con un protocolo de actuación para prevenir la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

La Consejería Jurídica asumiría la representación legal del Gobierno, ofrecería asesorías jurídicas, se encargaría del tema notarial, de la función registral, de la defensoría pública, asuntos agrarios, de la Gaceta de Gobierno y la atención a víctimas.

En tanto, la Oficialía Mayor se encargaría de proponer iniciativas de ley, del padrón de proveedores, tendría la representación de sindicatos y autoridades laborales, participaría en la integración del Plan de Desarrollo, de la vigilancia, control y contratación de personal, nombramientos, remociones y renuncias. También le tocaría el inventario de bienes.

La propuesta señala que el traspaso de unidades administrativas de una dependencia a otra se realizará con todo el personal mobiliario, vehículos y los recursos de la Secretaría de Justicia irán a la Consejería Jurídica y la secretaría de Finanzas garantizará recursos a la Oficialía Mayor.

Además, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria dependerá de la Secretaría General de Gobierno.

El equipo de la gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez y Morena prevén que la iniciativa se aprobará antes del inicio del siguiente gobierno, es decir, del 16 de septiembre.