A menos de un mes de que concluyan las campañas electorales en todo el país, sin lugar a dudas la libertad de expresión, es decir, la libertad de manifestar las ideas y las propuestas constituye un quehacer político en este rubro, mediante el cual la ciudadanía conoce los planteamientos de quienes van gobernar, en donde también la participación libre y activa de las y los candidatos contribuye al desarrollo democrático y al empoderamiento de la ciudadanía, lo que conlleva el adecuado desarrollo de los procesos electorales.

Tanto las candidatas, candidatos, partidos políticos deben contar con información verídica para exponer sus argumentos, es decir, no debe de haber obstáculos para presentarlos, teniendo como único límite el no calumniar a sus adversarios/as políticos, a las instituciones y a las personas, lo que resulta esencial para todas y todos.

Es trascendente que, quienes participen en el proceso electoral, tengan respeto por el derecho a la libertad de expresión, ya que en algunas entidades de nuestro país ha habido actos de amenaza e intimidación que, desde luego, buscan desestabilizar la organización y desarrollo de las actividades electorales, las cuales deben realizarse de forma autónoma y con apego a la ley.

El abuso de la libertad de expresión también no se puede permitir, ya que puede generar actos de calumnia, violencia política, amenaza o intimidación, en contra de sus adversarios y, eventualmente, hacia la ciudadanía para inducirla en su decisión al momento de emitir su sufragio. También puede incidir en las autoridades administrativas y jurisdiccionales (quienes son parte fundamental en un proceso electoral), lo que puede afectar significativamente la contienda comicial.

En ese sentido, la propia ciudadanía percibe la inestabilidad política y los riesgos que ello representa, lo que, sin duda, genera una importante y grave disminución en la participación ciudadana. Basta recordar que el abstencionismo es una de las causas más importantes de desestabilidad social, ya que implica que los representantes populares sean elegidos, no por las mayorías, sino por las minorías.

En ese contexto, es importante reconocer el derecho a la libertad de expresión de las y los actores políticos como una herramienta esencial para conseguir la simpatía de las y los ciudadanos, pero, como lo he mencionado, esta libertad no debe rebasar los límites del respeto a las libertades de los demás, pues ello, generará confrontaciones innecesarias en la contienda electoral que no benefician a nadie y si afectan a la ciudadanía y a la elección.

Ahora más que nunca tenemos que trabajar todas y todos en el ámbito de nuestras competencias para garantizar la seguridad y la tranquilidad pública durante este proceso electoral que es el más grande de la historia, y, así poder llegar el dos de junio con el convencimiento necesario para votar por quienes deseamos que nos representen y nos gobiernen.

En conclusión, tiene que haber una libertad de expresión en la que se desarrolle la debida información, comunicación, el respeto por las opiniones, ya que es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual debe potenciarse en beneficio de todas y todos.

Asimismo, no debemos permitir las malas prácticas con el pretexto del ejercicio de la libertad de expresión, para ello, es importante que, quien tenga conocimiento de alguna irregularidad debe hacer la denuncia correspondiente, esto permitirá un debido control político de esta libertad, así como una contribución hacia el futuro de nuestro país, lo cual permitirá tener una democracia más saludable, robusta, sólida, transparente y participativa.