Deudores alimentarios

La experiencia que deja el proceso electoral 2024 debería obligar a los partidos políticos a dedicar más tiempo a la selección de sus candidatos y candidatas para la correcta integración de los expedientes, a fin de no impulsar a deudores alimentarios morosos, ni a personas violentadoras como aspirantes a cargos de elección popular.

En esta ocasión el PVEM falló al llevar a Luis Carballo como candidato a diputado federal por el distrito 23, pese a los constantes señalamientos en su contra como deudor alimentario y la prueba de que estaba inscrito en el Registro de Personas que adeudan el pago de alimentos.

Este viernes, la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación comprobó que al momento de su registro seguía en el padrón de deudores alimentarios morosos, pues no había cubierto la pensión completa de su hija; por lo cual es inelegible.

Ningún partido debería apoyar a candidatos y candidatas que falsean información con tal de participar en un proceso electoral y conseguir un cargo público, ni a quienes son capaces de dejar sin alimentos a sus propios hijos e hijas.

La sentencia implica un precedente histórico que debe obligar a las fuerzas políticas a tener más cuidado con quienes sean postulados a cargos de elección popular y a asumir el compromiso de cumplir con la 8 de 8 para no impulsar a personas agresoras, violentadoras o deudoras.

Contraloría de bajo perfil

Contrario a lo que promueve el gobierno estatal, a través de su Plan Estatal de Desarrollo, en cuanto a transparencia, cero impunidad y combate a la corrupción, la Secretaría de la Contraloría estatal ha mantenido un perfil muy bajo para una dependencia que es crucial en el combate a la corrupción 

La semana pasada se conoció la presentación de denuncias que el subsecretario de Control y Auditoría de la Contraloría del gobierno estatal, Luis David Fernández hizo ante la Fiscalía de Justicia por presunto fraude, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y delitos contra la hacienda pública en las administraciones del 2011 al 2023, es decir, las encabezadas por Eruviel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, gracias a las redes sociales del funcionario.

Esta fue la segunda ocasión en la cual se presentaron denuncias formales.

Previamente exhibió presuntos daños en el Instituto de la Vivienda, en fondos de seguridad, entre otras áreas de las cuales hasta el momento no se ha hecho un reporte público a la ciudadanía, cuando lo ideal sería difundir las acciones que implementa la actual administración. 

La Secretaría de la Contraloría ha incumplido con sus obligaciones de transparencia que durante la administración pasada se mantuvieron al corriente, en rubros como: denuncias ciudadanas, auditorías, sanciones, contrataciones públicas, manifestaciones públicas, donde las últimas cifras datan de agosto del 2023 porque las actuales autoridades no han subido datos en los nueve meses que llevan al frente del gobierno.

Transparencia 

Y hablando de transparencia, en algunas instituciones en lugar de facilitar el acceso a la información, se ha dificultado.

Por un lado, están prácticamente todas las dependencias del actual gobierno que no han actualizado información desde el cambio de la administración estatal.

Por el otro, instituciones como el Poder Legislativo, donde anteriormente era más fácil consultar información como las asistencias de las y los diputados locales, las iniciativas  pendientes entre otras.

Con el cambio de página ahora es más difícil encontrar los datos, o de plano es necesario recurrir a la presentación de solicitudes de información.

Lo peor de todo es que no cumplen con la transparencia, y aún así, presumen una calificación de 100 en las verificaciones hechas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).

Expertos en transparencia han señalado que para que el acceso a la información sea realmente accesible debería darse el menor número de clicks, pero en algunos casos la búsqueda es cansada y hay documentos que se publican casi ilegibles.

Aún cuando ha habido avances en materia de transparencia, de acceso a la información y en la protección de datos personales, también hay nuevas prácticas para no cumplir con la ley, y una transparencia opaca, y lo peor, es que no pasa nada.

Si no hay resultados tangibles que hagan accesible el acceso a la información para la ciudadanía, las calificaciones no sirven y se quedan en el papel.