De aprobarse la reforma electoral que propuso el Ejecutivo federal al Congreso, el número de legisladores mexiquenses bajaría de 75 a 45, la elección de los y las diputadas se haría por medio de las listas que integre cada partido, respetando la paridad de género.
Reduciría el número de ediles de los 125 ayuntamientos. Ninguno contaría con más de una persona en la sindicatura y las regidurías irían desde uno hasta nueve, de acuerdo con el número de habitantes de cada localidad.
Las campañas para la gubernatura pasarían de 60 a 75 días y las de diputaciones y ayuntamientos de 35 a 45 días, lo cual implicaría más días de proselitismo.
Las y los mexiquenses podrían votar por quienes conformarán el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, así como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de las propuestas de los tres poderes.
Los partidos políticos sólo recibirían financiamiento público para campañas electorales, tanto de gobernador como de diputados y ayuntamientos. Dejarían de recibir dinero para su manutención ordinaria y actividades específicas, es decir más de 800 millones de pesos anuales y tendrían que ver cómo sostienen su estructura municipal y estatal, o si hacen presencia sólo en años de elecciones.
Más de 100 iniciativas
Las comisiones unidas de Reforma Político-Electoral, Puntos Constitucionales y de Gobernación, en el Congreso federal, iniciaron los trabajos de revisión en materia electoral el pasado 25 de octubre.
En esa ocasión se dio a conocer que tienen 51 iniciativas de reforma constitucional de los diferentes grupos parlamentarios, así como 57 iniciativas de reforma a las seis leyes vinculadas a procesos político-electorales.
Para su análisis fueron agrupadas en cinco temas relacionados con: el régimen político, instituciones electorales, sistema de partidos; género, inclusión y diversidad, y justicia electoral.
La iniciativa que ha causado mayor impacto es la del Ejecutivo Federal. Busca reformar, derogar y adicionar diversos artículos de la Constitución mexicana y fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril.
En la iniciativa se enumeran 10 objetivos:
- Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad
- Erigir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que se mantengan fuera de la lucha por el poder
- Garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas sin censura
- Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político.
- Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativas y judiciales bajo el principio de austeridad republicana
- Elegir mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, por postulación de candidaturas a cargo de los poderes de La Unión
- Elegir a ambas cámaras del congreso de la unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y candidaturas independientes
- En las entidades y municipios, los congresos y los ayuntamientos se regirían por el mismo principio de listas postuladas en una sola demarcación
- Se eliminarían 200 diputaciones federales y 32 senadurías para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado
- Financiamiento público sólo para gastos de campaña. Se suprimiría el financiamiento ordinario.
A continuación se muestran otras repercusiones directas de una posible reforma electoral, en el caso mexiquense:
El detalle
De aprobarse la elección por medio de listas, el electorado se quedaría prácticamente de lado y las principales decisiones las tomarían los partidos políticos, sin el visto bueno ciudadano. En términos prácticos esto significa que los y las electoras no votarían por algún candidato o candidata, sino por partidos y serían ellos quienes tendrían la potestad de decidir quiénes llegarían al poder.
El tema financiero es sin duda el mayor clamor ciudadano, pero es lo que más afectaría a los partidos – aun cuando no lo han querido hacer evidente-, porque los obliga a ser autosuficientes y ya no podrían vivir del erario público.
Bajar el número de curules en el Congreso federal significaría una reducción directa de 3 mil 749.9 millones de pesos anuales; en tanto, el ahorro en el Senado sería superior a los 850 millones de pesos, sólo en salarios; falta considerar el pago del personal al servicio de 232 representantes populares y los gastos asociados a su labor.
Quitarles el financiamiento ordinario a los partidos implicaría que dejaran de recibir más de 11 mil millones de pesos a nivel federal y local, cada año.
El financiamiento para la obtención del voto se obtendría de multiplicar el número total de ciudadanos y ciudadanas que conforman la lista nominal de electores por 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. De esta cantidad 30 por ciento se distribuiría entre los partidos políticos de manera igualitaria y 70 por ciento de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos en la elección inmediata anterior.
Seguirían obteniendo, de manera permanente tiempo en los medios de comunicación social, a través de la administración del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Además el INE sería sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, la ciudadanía podría votar y elegir a quienes integraran al nuevo INEC y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de las propuestas de los tres poderes.
La propuesta íntegra se puede consultar en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/abr/20220428-XI.pdf
FOTO: ML
INFOGRAFÍA: IGNACIO HERNÁNDEZ
