El diputado local Octavio Martínez Vargas aseguró que las reformas y actualización de diversas leyes, en materia de transparencia, mantienen vigentes los derechos constitucionales de la población a solicitar información pública y a proteger sus datos personales, con un organismo menos obeso, con lo cual se generará un ahorro anual de al menos 220 millones de pesos.

Durante su participación en la Diputación Permanente y en los trabajos de las comisiones legislativas que avalaron por mayoría de votos la promulgación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Protección de Datos Personales y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado y Municipios, la Ley del Sistema Anticorrupción, el Código Administrativo y el Código Financiero, indicó que esto será benéfico para la entidad.

Reconoció que desde el mes de febrero debieron darse estos cambios y ejecutar la extinción del Infoem, por lo cual ya era urgente emitir las leyes secundarias y homologar las leyes en la materia con la legislación federal que se podrá votar el próximo jueves en un periodo extraordinario.

La conclusión de actividades del Infoem, agregó, no puede representar un gasto extra porque para eso se les asignó un presupuesto anual de 220 millones de pesos, del cual no ejercieron cinco meses, por lo cual deben tener cerca de 100 millones para liquidar al personal que queda, no a las y los comisionados, quienes deberán irse sin bonos de retiro, sólo con el proporcional del aguinaldo que marca la ley.

El legislador destacó que permanecen intactos los derechos constitucionales de las y los mexiquenses en materia de protección de datos personales y acceso a la información pública, pues seguirán presentando sus peticiones en plataforma, y si no los atienden podrán recurrir, e incluso llegar hasta la autoridad federal.

Explicó que estas funciones serán atendidas por los órganos internos de control de los sujetos obligados y la Secretaría de la Contraloría del gobierno estatal, donde será necesario redefinir la denominación de la Contraloría, con algo que sea acorde con las nuevas funciones y atribuciones que desempeña.

Los recursos que antes se destinaban a sostener al Infoem podrán ser reorientados a rubros de mayor relevancia, como es el educativo, para el mejoramiento de la red hidráulica, entre otros rubros que resultan más importantes que mantenerlas en frivolidades.

En entrevista, el diputado Octavio Martínez sostuvo que este modelo ya se aplica a nivel nacional con buenos resultados. El Estado de México estaba atrasado y con esto se pone al corriente, con una legislación que respalda los mismos derechos, porque el poder solicitar información y la protección de los datos personales se mantienen intocados.

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