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INFOGRAFÍA: IGNACIO HERNÁNDEZ
En las elecciones del 2021, las autoridades tendrán que negar el registro como candidatos a alguna diputación o senaduría a los hombres y mujeres que hayan sido condenadas por violar los derechos político-electorales de las mujeres.
La figura ya quedó reconocida en la ley como delito y se castigará penalmente a quien cometa algún acto u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género dentro de la esfera pública privada con el objetivo de anular, limitar o menoscabar el ejercicio efectivo de sus derechos.
Para ello reformaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En ellas se enumeras las acciones que se pueden considerar como violencia política de género:
PROCEDIMIENTO Y SANCIONES
Con estos ajustes el INE es la autoridad competente para conocer las conductas de violencia política de género a través del procedimiento especial sancionador, así como para dictar las medidas cautelares necesarias-
Debe promover la cultura de la no violencia, incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en programas de radio y televisión.
Se debe garantizar el disfrute de prerrogativas con equidad de género tanto para partidos como para precandidatos y candidatos y se suspenderá de inmediato la propaganda que incurra en violencia de género.
La ley reitera la obligación de presentar listas alternadas por el principio de representación proporcional pero esto se deberá hacer en cada periodo electivo, es decir que si en las elecciones anteriores empezaron con varones en la primera fórmula, en la siguiente deben ser mujeres o viceversa.
La violencia política de género se regulará en todo momento, sin importar que sean sólo aspirantes, si recurren a expresiones que degradan, denigran o discriminan a otras aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos o personas.
Las sanciones no sólo serán económicas y políticas, sino también penales:
