LOS NOTARIOS RECLAMAN EXCESOS
Los diputados locales reformaron la Ley del Notariado del Estado de México, sin cambios fundamentales para terminar con los privilegios y la lucrativa bolsa de trabajo que representa encabezar un espacio de este tipo.
Ser notario en el Estado de México no es fácil pero si costoso, ahora es necesario depositar una fianza cercana al medio millón de pesos, pero quien logra encabezar un espacio de este tipo tiene un trabajo seguro para el resto de su vida e incluso de su familia, a quien en la práctica puede “heredar” el cargo o promover para conseguir otro espacio similar.
Basta acreditar que son abogados, conocen el funcionamiento de alguna de las notarías y tomaron un curso para encabezar estas áreas, esenciales para protocolizar la mayoría de trámites en diversos ámbitos. Algunos empiezan como interinos y finalmente ocupan el cargo de titular. El caso más actual es el ocurrido en Toluca donde el notario Vicente Lechuga pidió permiso por enfermedad, su hija Paloma estuvo como suplente y al fallecer su padre, obtuvo la titularidad.
También es un espacio que se presta para recomendar a algún pariente y una familia tenga hasta tres posiciones similares, como ocurre con Jorge Goñi, hijo del ex presidente del Consejo de la Cruz Roja, Daniel Goñi, quien también es notario, al igual que su hermano José Goñi; todos en el municipio de Naucalpan. También hay varios Villicaña al frente.
La consejera jurídica, Luz María Zarza, reconoció que los familiares de los titulares suelen conseguir el cargo vacante, sobre todo cuando muere el titular, porque son quienes crecen en las notarías, tienen el conocimiento, el estudio, la experiencia y el curso de un año que pide la ley.
La ley vigente en la entidad establece como requisito para ser “aspirante” a notario obtener una constancia otorgada por el gobernador, quien debe tomar en cuenta a mexicanos por nacimiento, mayores de 28 años, con residencia ininterrumpida de cuando menos cinco años en la entidad, profesionales del derecho, a quienes hayan practicado un año en alguna notaria, no hayan sido declarados en estado de quiebra y aprueben el examen para aspirante. Sólo ellos hacen examen de oposición; los interinos o provisionales están a salvo de este requisito.
La titularidad de una notaría ha servido para premiar a diversos políticos y servidores públicos como Eduardo Segovia, el ex contralor del gobernador Arturo Montiel, a quien exoneró de enriquecimiento ilícito; ha servido para dar empleo a ex diputados locales que ya no figuran en las nuevas listas y fueron piezas importantes en el ambiente político, como dirigentes partidarios o coordinadores parlamentarios. En esto casos se encuentran: Jaime Vázquez Castillo, Isidro Muñoz Rivera, Gabriel Ezeta Moll.
Ha sido tan fácil ser notario que hasta un oaxaqueño, Alejandro Murat, pudo ser nombrado titular en Cuautitlán Izcalli y dejar el cargo para ser funcionario público federal, sin perder la titularidad, ni aun siendo gobernador de Oaxaca. Desde 2014 ha pedido permisos anuales para separarse temporalmente del cargo; el último se le concedió en febrero de este año. Desde entonces se nombró a un interino, de acuerdo a los avisos publicados en la Gaceta de Gobierno.
El secretario federal del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, también ha gozado de beneficios. Fue nombrado notario en 2006 por el gobernador Arturo Montiel como titular de la 143 de Huixquilucan, pero muy pronto se separó del cargo para ser diputado federal y luego funcionario del gabinete de Enrique Peña. Desde entonces ha pedido licencias y al frente está un interino, lo cual no evita que esto le genere ingresos como declaró en sus manifestaciones de bienes.
Como este caso hay una decena más, de diversos personajes que piden licencia para ocupar algún cargo público, sin perder su espacio, para regresar cuando no tengan empleo en la esfera pública.
La abogada del gobierno señaló que este tema no se ha cuestionado y por ello no se ha reformado. Legalmente, un notario puede pedir licencia para atender cargos públicos o temas electorales. Los cambios se han centrado en “temas más sensibles como es el garantizar su probidad”.
Algunos de los casos ubicados durante los últimos cinco años se exponen a continuación, sin que sean los únicos. También se pueden observar algunos nombres de políticos que accedieron a alguna notaría y apellidos comunes.
NOMBRAMIENTOS EN MANOS DEL EJECUTIVO
Los diputados hicieron ajustes a la ley, pero muy pocas cosas de fondo. Los nombramientos siguen en manos del Ejecutivo, también la facultad de definir donde se abren o se suprimen estos espacios, sin que exista una regla.
Esto ha provocado zonas desprotegidas y otras con una amplia oferta, como son los municipios más ricos, como Metepec, Naucalpan y Toluca, además de Nezahualcóyotl y Ecatepec por su número de habitantes. El argumento de las primeras es el número de operaciones inmobiliarias y comerciales.
En la entidad hay notarias en 39 municipios, muchos de ellos sólo con una o dos, desde donde se tiende toda una región, por ejemplo Sultepec y Tejupilco, con dos espacios atienden todo el sur de la entidad.
El siguiente mapa muestra la concentración en algunos espacios, generando carga de trabajo en algunas zonas, e incluso la falta de opciones para la población, porque no pueden checar costos ni exigir un mejor servicio y se ven obligados a acudir a la misma notaría.
30 DÍAS PARA DEPOSITAR FIANZA
Entre los principales ajustes a la Ley está la necesidad de garantizar la reparación de daños. Para ser notario anualmente el titular debe otorgar en efectivo, como depósito al Fondo de Garantía del Notariado, una cantidad equivalente a 6 mil 750 veces el valor de la unidad de medida y actualizarla cada año durante los primeros 30 días de cada ejercicio fiscal.
La fianza debe permanecer vigente hasta por un año posterior a su separación del cargo para responder a obligaciones económicas derivadas del erróneo ejercicio de su función. Este 2016 el monto equivale a 493 mil 20 pesos.
Por ser este el primer año vigente de esta obligación, el plazo empezó a correr a partir del 7 de septiembre y vence el 7 de octubre, tomando en cuenta que los interinos y provisionales solamente deben cubrir el 50 por ciento de la cifra antes señalada.
Estos ajustes se acordaron tomando como base dos iniciativas presentadas por separado por el Ejecutivo estatal y la diputada Nelyda Mociños Jiménez del PAN y avalada, tanto en comisiones como en el pleno. Sólo falta actualizar el reglamento correspondiente.
El gobernador publicó las reformas el 6 de septiembre pasado y los cambios ya están vigentes. Sin embargo, ante la queja pública del titular del Instituto Notarial, Isidro Muñoz Rivera, quien calificó el trabajo como oscuro de origen, excluyente en su gestión y preocupante en su contenido, dijo que no aplicaría el artículo en controversia y a eso le llamo “veto en los hechos”.
La queja de los notarios es por las causales de revocación de nombramiento de notarios por faltas administrativas, lo cual consideran falta al principio de proporcionalidad. “Al no expresarse en qué consiste la falta se enfrenta el principio de tipicidad, que siendo de origen penal es aplicable al derecho administrativo”.
Con esto, consideró se genera incertidumbre y al violentarse el derecho a la seguridad jurídica, resulta inconstitucional y propuso que sea el propio Colegio de Notarios quien aplique sanciones mediante procedimientos prácticos para garantizar el cumplimiento de deberes y obligaciones.
El artículo que generó molestia entre los notarios es el 156, sobre la revocación de nombramiento, donde aumentaron seis causales al incluir como falta el cambiar de domicilio la notaria; el extraer de ella el Protocolo o parte de él, salvo por causa de fuerza mayor; no constituir o conservar vigente la garantía y fianza que responda a su actuación; reincidir en no promover los incentivos del gobierno estatal; no contar con certificado vigente de inexistencia de gravámenes, incumplir la obligación de cerciorarse y acreditar la identidad de los comparecientes.
Esto se suma a lo que ya contemplaba la ley. Quien incurra en falta de probidad pierde el nombramiento, así como el no enterar los impuestos que reciba a más tardar en los 180 días posteriores, permitir la suplantación de su persona, rendir informes falsos a la Consejería y autoridades, haber sido condenado por delito grave, no iniciar funciones ni establecer ofician en los 90 días hábiles contados a partir de su protesta, dejar de actuar injustificadamente, haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delito patrimonial o grave. Las faltas menores se castigan con suspensión del cargo por un año o multas de 300 a mil días de salario.
El gobernador giró instrucciones para que la Consejería Jurídica y el Colegio de Notarios integren una iniciativa de ley en torno a este tema.
LIMPIA EN NOTARÍAS
La Consejera jurídica, Luz María Zarza, apuntó que hay mucho interés del gobierno de poner orden en las notarías y por ello a principios de año suspendieron a seis notarios y en el caso de Emanuel Villicaña le revocaron el nombramiento por mandato de un Tribunal, luego que un quejoso se amparó y consideró insuficiente haberlo separado de su cargo por seis meses.
Esta es una de las 300 denuncias formales presentadas por usuarios durante este año y por las cuales han impuesto varias multas, amonestaciones y suspensiones. En la revisión decidieron desparecer algunas notarías que no justificaban su existencia.
“No se trató de una cacería de brujas. Decían que íbamos por 17 notarios y no. Lo cierto es que por algún tiempo no se hizo mucho caso a las quejas, se pensaba que no pasaba a mayores y no se avanzó mucho. La instrucción fue atender los procedimientos y cuando la gente ve que se sanciona acude, por eso se tuvieron cada día más” apuntó.
El dictamen aprobado por los legisladores establece también que para mantener control de sus actividades la Consejería ordenará inspecciones ordinarias, que se programarán periódicamente para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, cuando menos una vez al año, e inspecciones especiales cuando haya alguna queja de posibles violaciones a la ley. Y cuando haya quejas fundadas la resolución no deberá tardar más de un año.
FOTOS E INFOGRAFÍAS: IGNACIO HERNÁNDEZ
