4
COMPARTIDOS
Pinterest Google+

CERRAR EL PASO A AGRESORES

La iniciativa 3 de 3 contra la violencia, impulsada por organizaciones feministas para exigir a quienes deseen ocupar un cargo de elección, de designación o de concurso, no ser deudor de pensión alimenticia, ni acosador sexual, ni agresor por razones de género fue presentada a algunos diputados locales en marzo de este año.

Tras las agresiones a mujeres por parte del notario 102 Horacio Aguilar Álvarez, y del ex diputado local Horacio Jiménez, la propuesta ha sido retomada por colectivos organizaciones y mujeres, quienes han llamado a los diputados locales a revisar esa propuesta, a fin de establecer en la ley que ni agresores, ni acosadores, ni deudores alimentarios puedan tener ningún cargo público.

Aun cuando los diputados locales están de receso, ese planteamiento debería ser valorado como un avance importante para combatir la violencia, y así, garantizar el compromiso de partidos y autoridades para que ningún caso de violencia quede impune y se cierre el paso a los agresores.

No hay que olvidar que el próximo año hay elecciones y será necesario exigir a los partidos políticos que no den candidaturas a nadie con antecedentes de violencia de género.

¿HABRÁ SANCIONES AL NOTARIO?

Por años, los notarios han sido considerados una clase privilegiada donde los nombramientos se entregaban a gente cercana al Ejecutivo, en lo que aparentemente parecía un pago de favores y un impulso a su carrera.

La agresión del notario Horacio Aguilar Álvarez a una mujer, exhibida en redes sociales, ha generado rechazo y la exigencia por parte de ciudadanas y ciudadanos, actores políticos de diferentes partidos y colectivos para que el gobernador Alfredo del Mazo le retire el nombramiento.

Habrá que ver cuál es la respuesta del gobierno estatal, que a través de un comunicado, anunció el inicio de una investigación y planteó la posibilidad de suspender o revocar el nombramiento al notario.

Llama la atención el silencio de Acción Nacional pues Aguilar Álvarez ha sido señalado como militante desde partido incluso en el año 2001 solicitó licencia para dejar la notaría profesionalmente incorporarse como consultor jurídico de los diputados del PAN.

Sería deseable el deslinde, la condena, o alguna expresión del PAN, tan dado a reaccionar a todo lo que sucede en el Gobierno Federal. El Estado de México también requiere su atención y la aclaración de si el notario es un militante de esa fuerza política.

AMNISTÍA QUE SIRVA

Las organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares de personas injustamente presas están presionando en redes sociales para que los diputados locales inicien la discusión de la iniciativa de Ley de Amnistía para el Estado de México.

Si bien la propuesta de Morena es mucho más amplia que la ley federal y plantea la posibilidad de dar amnistía a personas acusadas de delitos graves, cuando se presuma que las acusaciones fueron fabricadas, así como a quienes han sido víctimas de discriminación y criminalización, entre otras cuestiones, para algunas organizaciones el planteamiento todavía es insuficiente.

También es necesario conocer cuál es la postura del resto de los grupos parlamentarios, pues sólo Morena y el Partido del Trabajo han presentado iniciativas, y tanto el PRI, como el PAN, el PRD y el PVEM  deberán exponer si están de acuerdo con las iniciativas, o buscarán una posición cómoda de ir solo con lo que plantea la Ley Federal. También existe la posibilidad de que se opongan.

Veremos si los legisladores responden con una amnistía que sirva, como exigen familiares y organizaciones.

OPACIDAD

Transparencia Mexicana ha exhibido que 23 de las 32 entidades no revelan las contrataciones que han hecho durante la contingencia sanitaria, entre ellas el Estado de México.

De hecho, en el territorio mexiquense la mayoría de los sujetos obligados ha olvidado actualizar sus portales de transparencia y dar a conocer licitaciones, adjudicaciones y otras contrataciones, pues solo esos rubros tienen datos del año pasado.

Sin embargo esa organización también muestra que prácticamente ningún órgano superior del país inició auditorías, pues sólo en Sonora se hizo, justo por el tema de la pandemia

La exigencia de Transparencia Mexicana es que todos los órganos deberían realiza revisiones para garantizar que los insumos necesarios lleguen al sector salud.

Incluso, la organización enfatiza que la fiscalización no se puede detener en pandemia, así que hay un claro cuestionamiento que toca, entre otros, al Órgano Superior del Estado de México: ¿Por qué no inicia revisiones en tiempo real?

Sin Comentarios

Dejar respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Publicación previa

¿ES OPORTUNO TRANSITAR DEL VOTO TRADICIONAL AL ELECTRÓNICO EN MÉXICO?

Siguiente publicación

YA ES POSIBLE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN EN LÍNEA