La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) podría modificar su estructura de gobierno mediante una nueva ley de 146 artículos, siete títulos y 17 disposiciones transitorias, que sustituiría la legislación vigente desde 1992, integrada por 46 artículos.

La iniciativa, enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y presentada ante la Legislatura el 21 de octubre de 2026, en nombre de la UAEMex, plantea cambios en la elección de autoridades, representación estudiantil, gratuidad educativa, transparencia y justicia universitaria.

Esta iniciativa fue avalada por unanimidad por el Consejo Universitario el pasado 17 de julio, aunque todavía requiere el análisis y eventual aprobación del Congreso mexiquense, donde hay otras cuatro propuestas con varias similitudes que será analizadas y dictaminadas durante este periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 15 de diciembre, de acuerdo con lo que informó recientemente el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez.

Uno de los cambios principales consiste en establecer el voto personal, directo, libre y secreto para elegir a la persona titular de la Rectoría y las direcciones académicas, con participación de estudiantes, docentes y personal administrativo. Sin embargo, el artículo 84 no determina el porcentaje de votación que corresponderá a cada sector, pues deja esta definición al futuro Estatuto Universitario. La Rectoría mantendría un periodo de cuatro años sin reelección, mientras que el Consejo Universitario conservaría atribuciones para otorgar nombramientos y remover autoridades por causas previstas en la normatividad.

La propuesta también pretende ampliar la representación de los centros universitarios y unidades académicas profesionales, que concentran prácticamente 50% de la comunidad universitaria, según la exposición de motivos. El Consejo Universitario contemplaría dos representantes estudiantiles y uno académico por espacio, además de las direcciones y representaciones sindicales.

En materia económica, la iniciativa establece la eliminación progresiva de los cobros por inscripción y reinscripción, aunque no fija una fecha para alcanzar la gratuidad ni cuantifica los recursos necesarios. El proyecto señala que el Congreso deberá considerar adecuaciones presupuestales para 2027, sin determinar un monto específico.

Justicia universitaria, inteligencia artificial y derechos

Entre las modificaciones destaca la creación de un Sistema de Ética y Justicia Universitaria para atender faltas disciplinarias, acoso, hostigamiento y violencia de género, así como un Órgano Electoral Universitario con autonomía técnica, operativa y de gestión.

También incorpora disposiciones sobre inteligencia artificial, protección de datos, salud mental, seguridad, inclusión y bienestar universitario. La aplicación de estos mecanismos dependerá de reglamentos posteriores y de la suficiencia presupuestal. En materia de violencia contra las mujeres, los procedimientos deberán respetar la legislación federal, que excluye la conciliación como mecanismo para resolver estos casos.

La exposición de motivos reporta más de cuatro mil aportaciones durante la consulta de 2025 y 2 mil 76 participaciones en una segunda etapa realizada entre mayo y junio de 2026. Asimismo, 52 de los 55 espacios académicos manifestaron su aprobación al anteproyecto, mientras que los tres restantes presentaron observaciones.

En caso de aprobarse, el Consejo Universitario dispondría de 365 días para expedir el nuevo Estatuto Universitario y de un plazo máximo de seis meses para realizar determinadas elecciones de representantes de centros universitarios.

La legislación propuesta establece que la rectora Martha Patricia Zarza Delgado y las demás autoridades actualmente electas concluirán sus periodos, por lo que su entrada en vigor no implicaría una renovación inmediata del gobierno universitario.

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