Salarios en el Congreso
Se acerca la presentación del proyecto de Paquete Fiscal para el 2025 y su discusión en el Congreso mexiquense.
El Poder Legislativo anunció que buscará un aumento del 4.6 por ciento y una revisión salarial entre las y los trabajadores, sobre todo de quienes llevan ahí varias décadas y no ven mejoras en su situación laboral.
La semana pasada Movimiento Ciudadano presentó al pleno un exhorto para mejorar las condiciones del personal y tiene mucha razón, sobre todo por la disparidad en los pagos a empleados y empleadas que apenas cobran el mínimo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, adelantó que ya existe un acuerdo para mejorar su situación y, en el caso de las y los legisladores no habrá aumento en sus dietas; por lo cual sus percepciones se mantendrán intactas.
Edificios legislativos
Las revisiones que hace la Junta de Coordinación también incluyen cómo generar ahorros y una opción es reducir las rentas de varios edificios, pues el palacio legislativo desde hace muchos años quedó rebasado y las diferentes áreas han ido saliendo a otros espacios.
Sin duda es necesario revisar los arrendamientos y edificios que parecen subutilizados para verificar si se pueden trasladar algunas oficinas, entre ellos: el edificio de la biblioteca y el del INESLE.
A primera vista pareciera que a esos inmuebles podrían llegar varias áreas administrativas, y con eso, evitar tanto gasto en rentas.
En concordancia con la austeridad, quizá se vuelva a analizar la posibilidad de comprar algún terreno para trasladar a todas las dependencias que tienen dispersas en el centro de Toluca.
CPCs municipales
Tras la denuncia presentada por un integrante y otro ex miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Toluca, contra el ayuntamiento por falta de pago de honorarios, la actual presidenta del CPC estatal, Claudia Hernández advirtió que ese tema es recurrente.
Lamentablemente, en distintos momentos las autoridades municipales han dejado de cubrir las prestaciones de quienes se desempeñan en los CPCs municipales.
El tema no es un asunto aislado, pues en diferentes gestiones los ayuntamientos han dejado de pagar por falta de recursos, o como una forma de presión para que las y los integrantes de esos órganos renuncien, aunque no todos han denunciado.
No obstante, la integración de los CPCs es una obligación legal.
En octubre del 2022 el entonces presidente del CPC estatal, José Guadalupe Luna denunció agresiones e intentos de impedir que las y los integrantes de esos órganos ejercieran sus funciones.
En los CPCs no laboran personas servidoras públicas, pero sus integrantes deben recibir una contraprestación por honorarios, aunque municipios de todos los colores han tratado de impedirlo en diversos años.
Lo ideal es que si algunos ayuntamientos no pagan a los CPCs estos recurran a las instancias correspondientes para presionar a las autoridades a cumplir con sus obligaciones.
