El Ejecutivo estatal propuso a la Legislatura mexiquense fijar un plazo de 15 días para solicitar la licencia de operación estatal a quienes prestan servicios electrónicos en la entidad y que paguen al erario una tasa de 1.5 por ciento por cada envío que lleven a cabo.

La propuesta es analizada en comisiones, como parte de la revisión del Paquete Fiscal para el 2023, luego que detectaron que estas empresas no pagan el impuesto sobre nómina porque desconocen como empleados a cerca de 80 mil repartidores que operan en la entidad, por lo cual no les dan seguridad social ni otros beneficios laborales.

El objetivo es meterlos “en cintura” y tener claro cuántas operaciones lleva cada una en la entidad. Las firmas que no no cumplan las nuevas reglas serán sancionadas con multas de 30 a 60 Unidades de Medida de Actualización (UMA) y la posible cancelación de la licencia para operar a nivel estatal.

Las prestadoras de servicio, por sí mismas o por medio de cualquiera de sus filiales o subsidiarias como intermediarias, que oferten el servicio deberán pagar mensualmente una aportación de 1.5 por ciento del cobro por cada viaje realizado.

Si el planteamiento se aprueba, dentro del Código Financiero, estos servicios deberán ser enterados al gobierno dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, es decir a partir de febrero del 2023.

La medida también se aplica para el caso del transporte privado de bienes de consumo y en general cualquier tipo de bienes muebles.

La Secretaría de Finanzas dio a conocer a la Legislatura que este cobro está dirigido principalmente a tres grandes empresas que operan en la entidad y por su poder económico cotizan en la bolsa de Estados Unidos y Hong Kong, sin retribuir nada al Estado de México.

En este caso no sería considerado un impuesto, sino una aportación que aplicaría directamente a cada servicio-envío que lleven a cabo, sin contar los casos donde no se los cobran a las personas usuarias. No tiene nada que ver el valor de la mercancía que mueven, sino el monto que pague el usuario final.

Las autoridades reconocieron que es necesario tener control sobre estas empresas y esperan de esta manera lograr que dejen en la entidad parte de lo que obtienen por operar un servicio.

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