Durante el 2018 el estado de México fue la entidad con el mayor número de observaciones en el gasto federalizado con 22 mil 414 millones de pesos, y de esos, 14 mil 917 millones de pesos están pendientes de aclarar y podrían generar daños al erario.
El 2018 fue el primer año completo del actual gobernador Alfredo del Mazo Maza; sin embargo la mayoría de los pliegos de observaciones y solicitudes de aclaración fueron a entes como los municipios, universidades dependientes de la administración estatal y organismos autónomos.
De hecho, cinco ayuntamientos, de los gobiernos anteriores, tienen que aclarar casi 4 mil millones de pesos y los montos más altos son de Ecatepec y Naucalpan con 1, 692 y 1, 463 millones de pesos respectivamente.
Del total de las observaciones a la entidad mexiquense 3 mil 646 millones de pesos se hicieron al gasto federalizado programable y otros 18 mil 767 millones a participaciones federales.
Entre otras cosas, las autoridades no integraron adecuadamente los expedientes técnicos, no entregaron los documentos para justificar todos los gastos, ni la compra de material; hubo pagos a trabajadores no identificados, no reintegraron rendimientos, incumplieron con la Ley de Disciplina Financiera.
Las causas
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que las principales irregularidades detectadas en las entidades fueron: la falta de documentación que justificara y comprobara los gastos y en ese concepto el estado de México tuvo el mayor monto observado con 13 mil 114 millones de pesos: el 12.8% del total.
Las observaciones también fueron por pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, donde a la entidad mexiquense le observaron 7 mil 387 millones de pesos, el 86.9% del total.
También la ASF detectó recursos no ejercidos o que no fueron reintegrados a la tesorería donde el estado de México tuvo el mayor importe observado con 1, 132 millones de pesos, el 14.9% del total.
Otro rubro de observaciones a las entidades fue el de pagos improcedentes o en exceso, así como recursos no entregados a los ejecutores; irregularidades y retrasos en la ministración de recursos o de rendimientos financieros a los entes ejecutores, así como recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos de los fondos o programas.
El estado de México también destacó como la entidad con el mayor monto por aclarar en pliegos de observaciones con 7 mil 356 millones y en solicitudes de aclaración por 7 mil 550 millones.
En el primer caso apenas el 0.3% correspondió al Ejecutivo, y en el segundo un 23.6%, pues el resto de los recursos que deben ser solventados fueron observados a otros poderes y organismos autónomos.
La revisión
De acuerdo con el informe de la tercera entrega de la Auditoría Superior de la Federación se realizaron en la fiscalización del gasto federalizado 1,332 auditorías a las entidades, de las cuales 1,020 fueron al gasto federalizado programable y 312 a las participaciones federales.
Entre otras cosas la ASF verificó la transparencia de los recursos asignados a los ejecutores y el monto de fondos y programas y realizó la revisión integral de los recursos y la fiscalización.
En total, a todas las entidades les observó un monto de 144 mil 430 millones de pesos, de los cuales 52 mil 328 millones fueron del gasto federalizado programable y 92 mil 101 millones de participaciones federales. Hay 142 mil 983 millones por aclarar.
Fallan en comprobar gastos
Un análisis de la Auditoría Superior señala que entre 2012 y 2018 el monto que se observó en el gasto federalizado fue de 409 mil 258 millones de pesos, principalmente por la falta de documentación comprobatoria de los recursos, lo cual expresa una problemática importante en materia de falta de controles o debilidad, y en 2018 fue el principal motivo del monto observado con el 57.5% del total del gasto federalizado programable.
La tercera causa fue la transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, pues los entes para atender requerimientos distintos a los de los fondos y programas transfieren recursos con un carácter temporal, pero después no los reintegran a las cuentas de origen y eso puede derivar en hechos de corrupción.
Conclusión
La ASF advirtió que en el ejercicio de los recursos la entidad mexiquense incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios, y el Reglamento del Libro Décimo segundo del Código Administrativo del Estado de México.
Eso generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 14 mil 917 millones 757 mil pesos, que representan el 19.4% de la muestra auditada y las observaciones determinadas derivaron en la promoción de acciones..
“La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones Federales, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría.
“En conclusión, el Gobierno del Estado del Estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos de Participaciones Federales a Entidades Federativas, en cumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, afirmó la ASF en la auditoría 834.
