NUEVOS MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS
El proceso de selección de 10 magistradas y magistrados, que generó debate y confrontación entre la mayoría de Morena en la Legislatura local y el anterior titular del Poder Judicial, Sergio Medina Peñaloza está por concluir.
Una vez resueltos los amparos promovidos por abogados externos, el Tribunal Superior de Justicia presentó sus 10 propuestas para ocupar las magistraturas vacantes desde el año pasado.
Las y los aspirantes son juezas y jueces civiles y penales con amplia trayectoria al interior del Poder Judicial. Todos aprobaron las distintas evaluaciones teóricas, prácticas y orales que les realizaron.
Si bien el tema del debate en esta ocasión fue que el proceso se cerró solo para juezas y jueces, es indudable que todas y todos tienen carrera judicial y méritos para ocupar las magistraturas.
A diferencia de quienes llegaron como externos en anteriores procesos, propuestos por el Ejecutivo, estas y estos aspirantes tienen experiencia, han resuelto sentencias, son especialistas en su materia, y han aprobado varios exámenes.
No llegan recomendados, ni cuestionados, como sucedió en otros años con las propuestas de ex gobernadores, que en algunos casos parecían más cuotas políticas, que gente especializada en materia judicial.
Difícilmente las y los diputados podrán cuestionar la trayectoria de quienes hoy buscan ser magistradas y magistrados por un período de 15 años.
Desde este año la relación entre los poderes Legislativo y Judicial es otra: la confrontación cambió por cooperación, con la llegada de Ricardo Sodi a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia mexiquense.
EL CONTRALOR UNIVERSITARIO
El contralor de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) Victorino Barrios ya despacha en una oficina y es por demás buscado por la comunidad universitaria.
Al titular del órgano de control de la máxima casa de estudios le han llegado quejas de todo: desde supuestas irregularidades en algunos planteles, denuncias por presunto abuso de autoridad por parte de directivos, hasta una presunta red de espionaje al interior de la UAEMex.
Los señalamientos son graves para una institución que debe ser ejemplo de apertura y espacio de libertad de expresión.
Vendrán diversas acusaciones y será importante que se presenten elementos para demostrarlas, a fin de que no se queden en el papel y puedan proceder.
Y desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) parece que el mensaje a la universidad es claro: el tema de la llamada “estafa maestra” no está concluido y seguirá dando mucho de qué hablar.
Hay investigaciones y procedimientos abiertos contra ex servidores públicos que siguen su curso, y en breve podría haber noticias.
LA OPACIDAD NORMALIZADA
En los últimos días la Legislatura mexiquense ha exhibido falta de transparencia en el Estado de México.
Primero fue un exhorto a principios de octubre donde el Congreso local pide al Instituto de Transparencia hacer cumplir la ley y advierte que los portales de transparencia no cumplen con la norma, pues no publican información de manera accesible y actualizada y las respuestas a las solicitudes de información son escuetas e incompletas.
La segunda fue el martes 6 de octubre, a través de exhorto, donde las y los diputados piden transparentar los apoyos entregados por el Gobierno estatal, a través del Programa de Apoyo al Desempleo.
Entre otras cosas, las y los representantes populares llaman al Instituto de Transparencia a verificar que la Secretaría del Trabajo rinda cuentas sobre ese programa y pide entregar informes a la Cámara de Diputados.
En ambos casos se infiere que el Instituto de Transparencia no ha logrado el cumplimiento de la Ley de Transparencia, pero además no ha informado de posibles sanciones a los sujetos obligados por no acatar la norma.
Pese a los avances en materia de transparencia, todavía hay algunos entes que no dan a conocer y sus salarios, no publican nada en los rubros de licitaciones, ni adjudicaciones y son felices en la opacidad.
