Una presunta estructura de extorsión enquistada alrededor de la operación de los verificentros del Estado de México habría generado varias decenas de millones de pesos cada mes mediante cuotas ilegales exigidas a propietarios para evitar el cierre de sus líneas de verificación. La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no se limita a dos funcionarios detenidos: también ubica como posibles integrantes a otros servidores públicos, ex servidores públicos y particulares, por lo que las autoridades buscan nuevas órdenes de aprehensión.

Los primeros detenidos son Raúl “N”, director general de Control de Emisiones Atmosféricas, y Carlos Eduardo “N”, director de Control de Emisiones a la Atmósfera, ambos adscritos a la Secretaría del Medio Ambiente estatal. Raúl “N” fue capturado en Acapulco, Guerrero, mientras que Carlos Eduardo “N” fue localizado en la Ciudad de México. Las órdenes fueron ejecutadas por la Fiscalía mexiquense y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Guardia Nacional y las fiscalías de Guerrero y de la capital del país.

El mecanismo investigado tenía como pieza central el cobro de dinero a propietarios de Centros de Verificación de Emisiones. De acuerdo con los expedientes ministeriales, las víctimas eran obligadas a entregar cuotas ilegales para mantener en funcionamiento sus establecimientos y evitar el cierre de las líneas de verificación. La Fiscalía sostiene que todos los pagos eran exigidos en efectivo y concentrados en un domicilio que ya está identificado dentro de la investigación.

El volumen económico del esquema constituye uno de los principales datos del caso. Las investigaciones establecen hasta ahora que las cuotas para evitar el cierre de líneas producían varias decenas de millones de pesos mensuales, pero esa cifra no representaría el total: los propietarios también enfrentaban exigencias adicionales para obtener la revalidación de sus autorizaciones, lo que, según la FGJEM, incrementaba “sustancialmente” los recursos presuntamente obtenidos. La Fiscalía no ha informado todavía una cifra global ni cuánto tiempo habría operado este mecanismo.

Las acusaciones tampoco se reducen al cobro de dinero. La Fiscalía documentó casos en los que presuntamente se simularon actos para despojar a propietarios de las concesiones otorgadas legalmente e incluso de infraestructura comprada por las propias víctimas. Los afectados, según las indagatorias, recibían advertencias de posibles daños o represalias si denunciaban. La investigación también incluye afectaciones a estaciones de servicio de combustible, aunque hasta ahora la autoridad no ha precisado cuántos establecimientos de ambos sectores resultaron afectados.

El tamaño real de la presunta estructura permanece abierto. La FGJEM sostiene que existen otras posibles víctimas que no denunciaron por temor a represalias y anunció que buscará contactarlas para incorporar sus casos.

Nuevas denuncias podrían elevar tanto el número de afectados como el monto de las ganancias ilícitas atribuidas al esquema. Paralelamente, las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados y solicitar nuevas órdenes de aprehensión; la responsabilidad penal de los dos funcionarios detenidos deberá determinarse durante el proceso judicial.

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