Por acuerdo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la Unidad Estatal de Evaluación de Confianza realizará no sólo procedimientos de evaluación de confianza, sino también de integridad, para verificar que las personas servidoras públicas actúen dentro del marco legal y quienes aspiren a ocupar un empleo, cargo o comisión se apeguen a los principios institucionales, de acuerdo con el perfil del puesto.
Esta evaluación de integridad consistirá en la aplicación de pruebas orientadas a evaluar la honestidad, ética y conductas, identificando aquellas de riesgo, con el objetivo de prevenir y detectar comportamientos irregulares en el desempeño de las funciones, en el servicio público, de conformidad con las disposiciones emita la Secretaría de la Contraloría.
También determinó que las personas aspirantes y servidoras públicas obligadas, de las dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, además de presentar sus evaluaciones de ingreso y promoción, ahora tendrán que hacerlo cada que busquen un cambio de función y cada tres años para obtener la permanencia.
Además de ser sujetas a la evaluación de integridad las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo estatal lo serán aquellas que mediante convenio con las instancias correspondientes así lo determinen, que pueden ser los ayuntamientos, organismos autónomos y los poderes Legislativo y Judicial.
La Unidad Estatal de Evaluación de Confianza, en un plazo no mayor a 120 días hábiles, a partir de la entrada en vigor de este acuerdo, deberá expedir los lineamientos de carácter técnico para la evaluación de confianza y la evaluación de integridad que se llevarán a cabo próximamente.
Este acuerdo tiene por “objeto establecer las bases, criterios y procedimientos que habrán de observarse para la evaluación de integridad, bajo un esquema focalizado como instrumento preventivo que contribuye a la detección oportuna de factores de riesgo y al fomento de una cultura institucional, basada en la ética, la transparencia y la confianza en las instituciones públicas” indica el documento.
Forma parte del eje cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo, en sus objetivos de eliminar la corrupción en todas sus formas y modalidades, eficientando la fiscalización del ejercicio del gasto público, la profesionalización y evaluación de la integridad de las personas servidoras públicas que realizan acciones de fiscalización, así como vigilar la obligación de las personas servidores públicas, en especial de las personas funcionarias de alto nivel, con toma de decisiones y manejo de recursos públicos, de presentar y hacer pública sus declaraciones de impuesto patrimonial y de intereses, así como de aplicar exámenes de control de confianza, asegurándose que sus gastos corresponden con sus declaraciones.
Esta tarea corresponderá a la Secretaría de la Contraloría que es la dependencia encargada de prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la vigilancia, fiscalización y control de ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal y su sector auxiliar, bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad, competencia por mérito y rendición de cuentas.
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