La fiscalización de las campañas de la elección extraordinaria del Poder Judicial del Estado de México, que se llevaron a cabo en 2025, dejó un acumulado de sanciones económicas superior a los 600 mil pesos, distribuidas entre más de 88 candidaturas a magistraturas y aspirantes a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. La revisión del Instituto Nacional Electoral (INE) derivó en decenas de observaciones administrativas, recursos ante tribunales y ajustes a varias resoluciones, aunque en ningún caso provocó la pérdida del registro o la anulación de una elección.

Las multas oscilan entre los 113.14 pesos y los 30 mil 321.52 pesos. Este último monto fue impuesto a María José Bernal Ballesteros, cuya sanción fue confirmada por la Sala Regional Toluca. Entre las penalizaciones más elevadas también aparecieron las de Nancy Alejandra Aguilar García, con 25 mil 569.64 pesos; Saraí Aydee Ramírez García, con 23 mil 985.68 pesos; María Elena Pons Escalera, con 23 mil 646.26 pesos, y María Cárdenas Alcántara, con 21 mil 044.04 pesos. En total, sólo cinco candidaturas rebasaron la barrera de los 20 mil pesos.

La mayor parte de las observaciones correspondió a irregularidades de forma, relacionadas con inconsistencias documentales y fallas administrativas, mientras que las faltas de fondo fueron menos frecuentes. De acuerdo con la resolución, la mayoría de las sanciones económicas se concentró en montos de entre 565 y 7 mil pesos, lo que colocó las multas muy por debajo de las cantidades millonarias que suelen imponerse a partidos políticos en procedimientos ordinarios de fiscalización.

La revisión también abrió una intensa batalla jurídica. Los candidatos promovieron al menos 19 recursos de apelación ante la Sala Regional Toluca. Las resoluciones del Tribunal derivaron en confirmaciones, revocaciones, desechamientos y sobreseimientos, lo que convirtió a la elección judicial mexiquense en uno de los procesos con mayor nivel de litigio en materia de fiscalización.

Algunas sanciones sufrieron modificaciones después de las impugnaciones. La multa aplicada a Eva María Zarza Vargas pasó de 14 mil 142.50 pesos a mil 583.96 pesos, mientras que la impuesta a Brenda Becerra Gutiérrez disminuyó de 2 mil 828.50 pesos a 565.70 pesos. En otros casos, como los de David Josué Moreno Cano y María Alejandra Carrillo García, las sanciones quedaron sin efectos tras la revisión judicial.

La resolución también registró recursos desechados en los casos de María Eva Heredia Rivera, Rubidelmy Cardoso Castro, Saraí Aydee Ramírez García y Socorro Hernández Olivares, además del sobreseimiento del expediente correspondiente a Perla Yunnuen Fernández Galicia. El único caso que no concluyó con una multa económica correspondió a Marco Antonio Espinosa Espejel, quien recibió únicamente una amonestación pública.

Entre los nombres incluidos en la resolución aparecen perfiles que posteriormente resultaron electos para integrar el Poder Judicial mexiquense, por lo que las sanciones económicas y las impugnaciones no impidieron su participación ni modificaron los resultados de la elección. El documento del INE deja ver que, pese al elevado número de observaciones y recursos legales, las faltas detectadas tuvieron un carácter predominantemente administrativo y no alcanzaron una gravedad suficiente para comprometer la validez del proceso electoral.

Pese al número de observaciones y a la cadena de impugnaciones, el proceso de fiscalización no derivó en cancelaciones de candidaturas, pérdida de registros, nulidades electorales o inhabilitaciones. Los datos contenidos en la resolución del INE muestran que las irregularidades detectadas en la elección judicial extraordinaria del Estado de México tuvieron un alcance predominantemente administrativo, aunque dejaron una suma de sanciones que superó el medio millón de pesos y evidenciaron una amplia judicialización de las decisiones de la autoridad electoral.

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