Fotos: SEP
La segunda entrega del informe de la Cuenta Pública Federal 2022 arrojó algunas anomalías en la aplicación de recursos del programa “La Escuela es Nuestra” de la Secretaría de Educación Pública, dependencia que la actual gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, encabezó hasta finales de agosto del año anterior.
Sin embargo, las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no señalan desfalcos, ni posibles daños al erario, ni tampoco montos por aclarar.
Aún así, los resultados de la auditoría 280 al programa “La Escuela es Nuestra” han sido utilizados para acusar a Gómez Álvarez de desviar y desaparecer recursos, cuando las auditorías no señalan eso, pues incluso, la ASF hizo visitas a algunos planteles y refiere que se presentaron documentos para identificar los planteles beneficiados.
Los que sí menciona la auditoría es que hubo falta de seguimiento para ver cómo y dónde se usaron los recursos y violación a las reglas de operación, pues apoyaron a planteles que ya habían recibido ese apoyo en los dos años anteriores.
El programa
El programa tiene como objetivo general mejorar la infraestructura y el equipamiento de planteles públicos de educación básica, mediante la aportación de un subsidio económico directo a las comunidades escolares, por conducto de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), a fin de dar mantenimiento, rehabilitación, equipamiento o construcción de espacios educativos, brindar servicio de alimentación y apoyar la ampliación de la jornada escolar.
Resultados
El monto que se reportó como ejercido fue de 12 mil 874 millones de pesos.
Repitieron apoyos
La revisión señala que la secretaría proporcionó la base de datos del padrón de beneficiarios de ese programa y registró el pago a 44 mil 299 planteles, por medio de los comités escolares, e incluyeron apellidos y nombre del tesorero representante, su CURP, importe del apoyo, fecha de pago, cuenta bancaria, entidad federativa y municipio; así como identificación del inmueble, clave del centro de trabajo, nombre del plantel nivel educativo y matrícula.
La auditoría observó que se otorgaron apoyos por 662 millones 650 mil pesos a mil 935 planteles de educación básica que ya habían sido beneficiados en 2020 y 2021, aún cuando en las reglas de operación se señaló que ya no serían susceptibles de ser apoyados nuevamente.
La SEP justificó que los apoyos se dieron porque las escuelas presentaban condiciones desfavorables y desigualdad, pero de inicio no mostró los elementos considerados para determinar que tenían esas características.
No obstante, en la presentación de resultados finales identificó criterios de vulnerabilidad como: planteles ubicados en localidades en declaratorias de desastres naturales, solicitudes directas de planteles damnificados y otros más en zonas de atención prioritaria.
La ASF recomendó que en el otorgamiento de apoyos se cumpla con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación, y cuando sea necesario otorgar apoyos sin cumplir con todas las exigencias, se acredite, sustente y tengan la autorización de la instancia normativa.
Destino de recursos
La Auditoría Superior solicitó a la SEP indicar los importes de los apoyos entregados para infraestructura y equipamiento, horario extendido y servicios de alimentación para conocer el uso de los más de 12 mil 874 millones; sin embargo la secretaría indicó que no contaba con esa información, pues los subsidios son entregados de manera directa a los comités y estos son responsables de decidir el uso y destino de los apoyos y de resguardar la documentación comprobatoria.
Por ello, la ASF determinó que la Dirección General la Escuela es Nuestra no implementó los mecanismos necesarios para dar seguimiento a las diversas acciones que realizaron los comités en materia de infraestructura educativa, ni para identificar los planteles que usaron parte de los recursos para alimentación y extensión del horario escolar, y únicamente informó que después del cierre y a la presentación de la Cuenta Pública, 33 comités reintegraron 9.3 millones, pues en 30 casos renunciaron al apoyo y en otros tres los planteles dejaron de funcionar.
El dictamen enfatiza que las reglas de operación incluían la obligación de dar seguimiento a la aplicación de los apoyos.
Aún cuando la secretaría indicó que implementó el mecanismo de contraloría social para que las comunidades escolares de los planteles beneficiados elaboraran reportes sobre la aplicación de apoyos, de los 44 mil 299 que recibieron recursos, sólo 13 mil 701, es decir, el 30.9% constituyeron los comités de contraloría social y otros cuatro mil 838 no habían registrado información.
La ASF recomendó implementar mecanismos para que los comités rindan cuentas de los recursos que reciban.
Visitas
Las personas auditoras también visitaron 43 planteles que recibieron 23.6 millones de pesos, donde identificaron que 22.7 millones fueron usados para mantenimiento, rehabilitación y construcción de obras mayores, pero no se habían aplicado 514 mil pesos, aunque aún estaban en plazo de hacerlo, y en el caso de otros 370 mil pesos, los integrantes de los comités de Chiapas y Quintana Roo presentaron denuncias ante la fiscalías porque entregaron recursos a proveedores para realizar trabajos que no cumplieron.
Cumplimiento
La ASF también advirtió que donde se destinaron parte de los apoyos a obras mayores en planteles no hubo evidencia de que se cumplían las especificaciones técnicas de construcción; por lo cual no se aseguró que las obras se realizaran con estructuras y materiales para proteger la integridad de la comunidad escolar y se identificó que los comités no tienen los conocimientos técnicos, ni la experiencia de construcción, rehabilitación, mantenimiento, infraestructura, ni de manejo y administración de recursos.
Tampoco tienen acompañamiento, ni asesoramiento de la SEP; por lo cual recomendó implementar mecanismos y acciones para asegurar que se destinen los apoyos para obras mayores y se deje evidencia de que cumplieron las especificaciones técnicas, además de brindar capacitación, acompañamiento y asesoría a los comités.
Ampliación de recursos
En septiembre y octubre del 2022, fechas en las cuales la actual gobernadora ya no era titular del SEP, esa dependencia solicitó la ampliación de recursos que le fueron autorizados, pero dos meses después los devolvió con la justificación de que no hubo condiciones para llevar a cabo la planeación operativa para conformar los comités, aun cuando en las reglas de operación se establece que podían constituirse hasta el último día del de noviembre, y de hecho, sí se integraron otros CEAP.
La Auditoría Superior recomendó fortalecer los mecanismos de planeación, programación y control que permitan a la SEP asegurar que antes de requerir recursos adicionales cuente con el tiempo suficiente para llevar a cabo la planeación operativa que garantice la entrega de los apoyos.
