El pleno del Congreso del Estado de México aprobó por mayoría de votos el paquete de reformas en materia de transparencia, con lo que se crea el organismo Transparencia Mexiquense, en sustitución del Instituto de Transparencia, donde se liquidarán a 180 trabajadores en los próximos días.

Con el voto en contra de 19 integrantes del PAN, PRD, PRI, MC y una legisladora sin partido y 56 a favor fue avalado el dictamen con el cual se hacen diversos ajustes a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipio, la Ley de Protección de Datos Personales, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley de Archivos y Administración de Documentos del Estado y Municipios, la Ley del Sistema Anticorrupción, el Código Administrativo y el Código Financiero.

Con esto se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y la Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la entidad, que estaban vigentes desde mayo del 2016 y 2017, respectivamente.

Las posturas

En el pleno, el Grupo Parlamentario del PRI, a través de Eduardo Zarzosa consideró que los derechos deben ser el tema principal, no las estructuras ni la burocracia. Advirtió que con la armonización se reduce el nivel de protección y se contraviene al principio de progresividad, aunado a que el nuevo titular de Transparencia será elegido y removido por el Poder Ejecutivo.

Alexia Dávila, del GPPAN, consideró esto un retroceso democrático, donde se debilita la garantía de hacerlo valer frente al poder, se reduce la independencia, donde el árbitro formará parte del Poder Ejecutivo.

Del GPPRD, Omar Ortega también criticó que el órgano forme parte del Poder Ejecutivo, lo cual reduce la confianza de la gente porque serán juez y parte; mientras, de MC, Ruth Salinas consideró que el modelo de Contraloría está rebasado y criticó que la ley no especifique cuál será el perfil de la persona titular de Transparencia Mexiquense.

Por otro lado, Octavio Martínez, del grupo morenista, enfatizó que con esto cumplen con la armonización y se garantiza el acceso a la información pública, preservando las conquistas ciudadanas.

El dictamen

El Congreso mexiquense aprobó la creación de Transparencia Mexiquense, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría estatal, mediante la expedición de las nuevas leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ambas del Estado de México y Municipios, así como reformas a cinco ordenamientos vigentes.

Este marco jurídico perfecciona la normativa vigente e incorpora una nueva perspectiva en la materia. Asimismo, fortalece el principio de austeridad, impulsa la simplificación administrativa y promueve la racionalización de la estructura gubernamental.

Además, considera un marco de transparencia moderno, funcional y cercano a la ciudadanía, que garantiza el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales.

De igual manera, establece a Transparencia Mexiquense como la autoridad garante local, mientras que las contralorías de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos internos de control o equivalentes de los órganos constitucionales autónomos, junto con Transparencia Mexiquense, serán las autoridades garantes del estado.

También mandata la creación del Subsistema de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de México, que funcionará mediante un comité presidido por la persona titular de la Secretaría de la Contraloría, cuyo objetivo será fortalecer la evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información, la difusión de una cultura de la transparencia y accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas.

Su finalidad es coordinar y evaluar las acciones relacionadas con la política pública transversal de transparencia y acceso a la información pública estatal y municipal, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos correspondientes.

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