El 34.3 por ciento de las personas que participaron en la consulta ciudadana Estrategia de Inteligencia y Consolidación de Resultados (EICOR), del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Estado de México, reconocieron haber pagado “mordida” al realizar recientemente algún trámite de gobierno, donde el monto más frecuente fue de entre 500 y mil pesos.

De las personas consultadas, 12.8 por ciento señaló haber pagado soborno una sola vez; el 9.5 por ciento entre dos y cinco veces; y el 5.6 por ciento más de cinco veces. Mientras que, 65.7 % afirmó que nunca lo ha hecho, y el 6.4 % prefirió no responder.

El Comité de Participación Ciudadana observó que, en la mayoría de los casos, “el soborno no es una decisión voluntaria aislada, sino una respuesta a dinámicas estructurales de presión y disfunción institucional”.

La consulta arrojó que la extorsión directa es la causa principal del soborno, pues el 36.6 % de las personas señaló que la mordida les fue solicitada explícitamente. Otros motivos fueron: el miedo a represalias, para agilizar el trámite o porque “todos lo hacen, es la única forma”.

El comité destacó que de “manera preocupante” el 9.1 por ciento de las personas consultadas indicó que el soborno se le presentó como parte del “procedimiento”.

Entre los trámites de riesgo destacan las multas de tránsito, los permisos de negocios, las licencias de construcción, y los trámites vehiculares.

También los programas sociales, los trámites en el Ministerio Público, servicios municipales de agua, predial u otros servicios, el acceso a justicia o tribunales, las inspecciones sanitarias o de protección civil y los servicios de salud pública.

El Comité identificó tres problemas estructurales: la extorsión directa y miedo a represalias, la complejidad y lentitud de los trámites y la normalización cultural del soborno.

Sobre las consecuencias de la corrupción, la Inhabilitación permanente fue la más demandada, con el 67.6%, seguido por el despido inmediato, la reparación del daño, la multa económica, la exhibición pública y la prisión.

El 49.2 por ciento de las personas encuestadas está a favor de que se imparta educación anticorrupción desde la primaria.

Destaca que 72.5 por ciento han observado prácticas indebidas en el ámbito escolar, entre ellas: “cuotas”, “arreglo” de calificaciones, favoritismo en la asignación de espacios, nepotismo.

El Comité realizó este estudio en noviembre de 2025, con el propósito de conocer las percepciones, experiencias y expectativas de la población en torno a la corrupción, y generar evidencia técnica que sirva de base para el diseño de su Programa Anual de Trabajo 2025-2026.

En la encuesta participaron ciudadanos, estudiantes, servidores públicos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, docentes, y periodistas; y se obtuvieron 486 respuestas válidas.

FOTO E INFOGRAFÍA: ML