La tragedia registrada el 5 de septiembre en Santa María Canchesda, Temascalcingo, donde una emergencia relacionada con pirotecnia dejó 10 personas fallecidas y más de 80 lesionadas, volvió a colocar bajo presión los mecanismos de prevención y regulación de esta actividad en el Estado de México.

En medio de la discusión sobre una eventual prohibición, el diputado de Morena Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso mexiquense, descartó que la respuesta deba ser la cancelación general de la pirotecnia.

El legislador sostuvo que se trata de una actividad vinculada con tradiciones, empleos y el sustento de numerosos artesanos, por lo que consideró que una prohibición total sería poco viable. Su postura, dijo, es mantener la actividad bajo mayores controles.

Sería imprudente

Vázquez Rodríguez comparó la discusión con otros accidentes: señaló que una tragedia no implica necesariamente eliminar la actividad que la originó, sino elevar las medidas de prevención y hacer cumplir las reglas existentes.

El legislador reconoció la gravedad de lo ocurrido en Temascalcingo, pero pidió evitar decisiones impulsadas únicamente por la coyuntura.

Recordó que el Estado de México cuenta con un Instituto de Pirotecnia Mexiquense y con disposiciones en materia de Protección Civil. También mencionó a los artesanos de Tultepec y Zumpango, dos de los principales puntos de producción pirotécnica de la entidad.

Para el presidente de la Jucopo, el camino debe ser extremar precauciones, verificar requisitos y garantizar que quienes realizan estas actividades cumplan con las condiciones de seguridad.

Ante la posibilidad de cancelar el uso de pirotecnia después de la tragedia, el diputado fue tajante: no considera viable una prohibición general.

Su argumento tiene dos componentes: el cultural y el económico.

Vázquez Rodríguez sostuvo que la pirotecnia forma parte de celebraciones tradicionales y que su eliminación tendría impacto sobre artesanos y familias que dependen de esta actividad.

También defendió su permanencia durante celebraciones como las fiestas patrias y advirtió que una prohibición implicaría, desde su perspectiva, perder parte de una tradición vinculada con la identidad mexicana.

No obstante, aceptó que la actividad debe someterse a controles más estrictos y que la tecnología puede contribuir a disminuir determinados riesgos. Mencionó, por ejemplo, el uso de drones como una alternativa que puede reducir algunas prácticas asociadas a la pirotecnia.

El punto crítico: almacenamiento y responsabilidad

Uno de los aspectos más relevantes de la postura del diputado se refiere al almacenamiento de material pirotécnico.

Vázquez Rodríguez señaló que existen espacios, incluidos inmuebles relacionados con iglesias, donde pueden resguardarse cohetes sin contar, según su afirmación, con autorización para almacenarlos.

El legislador consideró que no toda responsabilidad debe trasladarse a las autoridades y planteó que cada participante debe asumir las obligaciones que le corresponden.

Su planteamiento incluye a los responsables de los espectáculos, artesanos, organizadores, propietarios de espacios de almacenamiento y autoridades encargadas de verificar las condiciones de seguridad.

“No podemos culpar a la autoridad de todo lo que pasa”, sostuvo el legislador, al señalar que también deben existir responsabilidades para quienes incumplan las disposiciones aplicables.

¿Más policías o más controles?

Después del accidente, también surgió la propuesta de incrementar la presencia de corporaciones como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en actividades relacionadas con pirotecnia.

El diputado consideró necesaria una mayor coordinación, pero advirtió que la vigilancia institucional no puede sustituir la responsabilidad de quienes organizan y ejecutan estas actividades.

La discusión, explicó, no debe reducirse a colocar un elemento de seguridad detrás de cada estructura pirotécnica. A su juicio, el primer filtro debe estar en el cumplimiento de los requisitos, las condiciones de almacenamiento y la responsabilidad de quienes manejan los materiales.

La ley podría cambiar, pero no para prohibirla

Respecto a una posible reforma legislativa, Vázquez Rodríguez indicó que el Congreso se encuentra a la espera de propuestas o modificaciones normativas.

Sin embargo, adelantó que una legislación destinada a prohibir por completo la pirotecnia no sería, desde su perspectiva, una solución coherente ni factible.

La alternativa que plantea es fortalecer los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones existentes, además de revisar los requisitos que deben cubrir los artesanos y responsables de estas actividades.

El legislador insistió en que el Estado ya cuenta con una institución especializada y que el reto consiste en garantizar que los mecanismos de regulación funcionen.

Una actividad atrapada entre tradición y riesgo

La discusión que dejó la tragedia de Temascalcingo enfrenta dos realidades.

Por un lado están los riesgos asociados al manejo, almacenamiento y uso de materiales pirotécnicos, que pueden provocar accidentes con consecuencias mortales. Por otro, existe una actividad económica vinculada con miles de familias y con celebraciones tradicionales en distintas regiones del país.

La posición de Vázquez Rodríguez es mantener la pirotecnia, pero con mayores controles y responsabilidades.

El debate legislativo que pueda surgir después de la tragedia tendrá que determinar si las reglas actuales son suficientes, si existen fallas de supervisión o cumplimiento y, sobre todo, qué responsabilidades corresponden a quienes almacenan, transportan, manipulan y utilizan material pirotécnico.

Por ahora, tras 10 muertes y más de 80 personas lesionadas, la postura del presidente de la Jucopo es clara: no a la prohibición general de la pirotecnia; sí a una regulación más estricta y al cumplimiento de las normas de seguridad.

FOTOS: DAVID VILLANUEVA Y ESPECIALES.