Por mayoría de votos, el Congreso del Estado de México aprobó la minuta en materia de supremacía constitucional, con la cual las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución federal son improcedentes.
Además, no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución y las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de personas quejosas que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlas y protegerlas, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.
En juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales y no procederá el amparo contra adiciones o reformas constitucionales.
Los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el decreto de la reforma.
De acuerdo con la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la reforma perfecciona los procesos constitucionales, reivindica las reglas del control de constitucionalidad que han sido sobrepasadas y refuerza el razonamiento jurídico de la inimpugnabilidad, como regla y principio constitucional.
El diputado Octavio Martínez Vargas (morena) expuso que la reforma sanciona la supremacía constitucional expuesta en la Constitución federal desde 1910, a la cual tienen que alinearse los jueces de las entidades, incluso si la contravienen las constituciones locales y leyes secundarias, y añadió que la reforma a la Ley de Amparo de abril de 2013, propuesta por la derecha mexicana, fue para establecer que este instrumento jurídico no procede contra reformas a la Carta Magna.
En contra de la reforma, el diputado Elías Rescala Jiménez, coordinador parlamentario del PRI, se refirió a la minuta como “la peor de las reformas que han llegado del Congreso de la Unión”, porque rompe el equilibro constitucional, favorece la concentración del poder e impide la protección de los derechos de la población. Además, afirmó que no otorga supremacía a la Constitución, sino a uno de los poderes constituidos sobre los demás, lo cual afecta al sistema de pesos y contrapesos.
Por el PAN, Joanna Alejandra Felipe Torres criticó que la minuta promueve la venganza y la violación a los derechos humanos, para anular y silenciar a las voces de la oposición, y violará el principio de irretroactividad de la ley.
Juan Manuel Zepeda Hernández, coordinador parlamentario de MC, calificó como un error la minuta, porque deja indefensa a la ciudadanía y neutraliza las herramientas jurídicas de los estados, municipios, partidos políticos, fiscalías y el Ejecutivo para resolver controversias constitucionales
El coordinador parlamentario del PRD, Omar Ortega Álvarez, dijo que se fijan candados a las voces disidentes al gobierno, recordó que ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de nadie y apeló a dejar la visión absolutista del derecho.