El pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) comenzó a imponer medidas de apremio a servidores públicos del gobierno estatal y de los ayuntamientos por incumplir resoluciones de recursos de revisión.
Por primera vez determinó 169 medidas entre apercibimientos y amonestaciones públicas, y con ellas, busca exigir a los sujetos obligados el cumplimiento a las resoluciones que emite.
También recordó que tanto la Constitución mexiquense, como la Ley de Transparencia y la de Protección de Datos Personales contemplan la posibilidad de tres medidas: el apercibimiento, la amonestación pública y la multa que puede ser hasta de mil 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, lo que significa más de 155 mil pesos.
Esa cantidad es el monto máximo que se puede establecer, de acuerdo con la gravedad de la falta, y de acuerdo con la ley debe ser cubierta por la persona servidora pública y no se puede pagar con recursos públicos.
La posibilidad de que el pleno imponga medidas de premio deriva de reformas que las y los comisionados hicieron a su Reglamento interno para que la secretaría técnica califique la gravedad de las faltas derivadas del incumplimiento a las resoluciones y el pleno de manera directa las apruebe.
El Instituto aprobó los acuerdos para imponer sanciones: en el primero fueron 129 apercibimientos a personas servidoras públicas, entre ellas a ocho del Ejecutivo, 95 a unidades de transparencia de los ayuntamientos, 20 de DIFs municipales, cuatro de organismos de agua municipales y dos de tribunales administrativos y autoridades jurisdiccionales.
También emitió 40 amonestaciones públicas, de las cuales, 31 se dirigieron a unidades de transparencia municipales, cuatro a DIFs municipales y cinco a organismos de agua.
El comisionado presidente José Martínez Vilchis afirmó que los acuerdos no tienen precedentes, buscan exigir el cumplimiento de su resoluciones y llamó a todos los sujetos obligados a cumplir con las determinaciones del Infoem para garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos.
En tanto, la comisionada Sharon Morales también pidió a los distintos sujetos obligados a cumplir con sus obligaciones para evitar la imposición de medidas de apremio y convocó a la ciudadanía a reportar cualquier incumplimiento.
Por su lado, el comisionado Gustavo Parra explicó que las reformas al reglamento buscan garantizar el cumplimiento de las resoluciones y refirió que las multas tienen una afectación directa en los bolsillos de las y los servidores públicos, pues no pueden cubrirse con recursos públicos.
La comisión de la Rosario Mejía también llamó a cumplir con la ley y advirtió que no permitirán que se afecten los derechos de la población, y la también comisionada Guadalupe Ramírez enfatizó que se debe tomar en serio la transparencia y sostuvo que no buscan actuar como un órgano castigador; sino garantizar que las solicitudes de información tengan respuesta.
