El Congreso del Estado de México exhortó al Órgano Superior de Fiscalización de la entidad que lleve a cabo una auditoría de cumplimiento y desempeño a los recursos públicos estatales etiquetados en el presupuesto de egresos para los municipios con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición e informe de los resultados a la comisión legislativa que da seguimiento a estos temas.

El acuerdo aprobado en el pleno, a finales de octubre, no establece si sólo se refiere al presente ejercicio fiscal o a un lapso más amplio, pues la alerta por violencia feminicida existe desde finales de julio del 2015 y la de desapariciones a partir de 2019, y desde entonces se han etiquetado recursos.

En los últimos ejercicios presupuestales se han etiquetado recursos por 260 millones de pesos, pero no todos han sido destinados a los municipios. En 2024, por ejemplo, sólo les distribuyeron 110 millones, pues se privilegió destinar 120 millones para que la Junta de Caminos llevará a cabo la reconstrucción de vías en zonas de alta incidencia.

En este 2026, de los 260 millones, sólo les distribuyeron 210 millones, los otros 50 millones se le quedan directamente a la Secretaría de las Mujeres para acciones afines, en beneficio de los 11 municipios que tienen alguna de estas dos alertas por violencia de género.

Previo a establecer los 260 millones de pesos tuvieron cantidades diversas, de alrededor de 100 millones y este año se cumplieron 11 ejercicios fiscales en los cuales se han destinado recursos para estos fines.

Alertas

La primera alerta por violencia feminicida se declaró el 31 de julio del 2015 e incluye a los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

En 2019 se sumó otra alerta, por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, con el fin de atender específicamente el contexto y los problemas de desaparición en Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle de Chalco Solidaridad, por lo cual algunas localidades tienen doble alerta.

Por años se cuestionó que los recursos fueron empleados sólo para carteles, en otras ocasiones para conferencias y en algunos casos para cursos de repostería y otras tareas que se alejan de las acciones que garanticen la prevención, investigación y castigo de los feminicidios y desapariciones forzadas.

“Las alertas de género son un mecanismo que tiene como objeto establecer medidas urgentes para atender problemas de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, en determinados municipios, con el fin de que de manera progresiva se elaboren los protocolos de actuación se implementen recursos y se capacite a las y los servidores públicos que intervengan en su aplicación para frenar y erradicar la violencia”.

El exhorto

Durante su intervención, la diputada Sandra Patricia Santos Rodríguez no especificó si la revisión que debe hacer el OSFEM es sólo a este ejercicio fiscal, pero sólo hizo referencia a la distribución de este año, donde los montos entregados por municipios van de los 12. 9 millones de pesos asignados a Tultitlán, hasta los 26. 5 millones para Toluca.

Destacó que detrás de cada peso etiquetado existe una responsabilidad pública: prevenir la violencia, fortalecer las capacidades institucionales, mejorar los mecanismos de atención, contribuir a la búsqueda de mujeres y niñas, generar condiciones de identidad y sobre todo proteger vidas.

“Discutir cuánto se destina las alertas resulta indispensable, revisar cómo ejercen los recursos que ya fueron asignados para ese propósito. Hay áreas de oportunidad, y subejercicios fiscales, dinero que no llega al destino significa una oportunidad perdida para atender, proteger o acompañar a una mujer, una niña o una familia”, enfatizó.

La legisladora consideró necesario fortalecer los criterios para distinguir los municipios que cumplen de manera adecuada con las acciones prioritarias y aquellos que presentan rezagos en su implementación, porque es evidente el trabajo de algunos y los pendientes de otros.

El objetivo de las auditorias es revisar que los recursos etiquetados se destinen efectivamente a las acciones, programas y modelos de atención previstos en los instrumentos que regulan su ejercicio; qué hay indicadores para conocer su impacto.

Destacó que en 2020 se reportaron 156 feminicidios y para el 2025 la cifra bajó a 55 y en los primeros nueve meses del año a 38. Se reconoce la baja, pero se debe garantizar el impacto sostenido, conocer qué recursos fueron ejercidos, los resultados obtenidos y qué acciones tuvieron un impacto efectivo en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

“Porque no basta etiquetar recursos, hay que garantizar que lleguen; no basta con ejercerlos, hay que comprobar que se cumple su propósito; y no basta con informar cuánto se gastó, la ciudadanía tiene derecho saber qué cambió con ese gasto y particularmente que cambió en la vida de las mujeres” remató.

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