A partir del 13 de octubre, el Poder Judicial del Estado de México pondrá en marcha las Caravanas de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), un programa itinerante que llevará servicios de mediación, conciliación y justicia restaurativa a municipios y sedes judiciales de la entidad. El esquema fue formalizado mediante el Acuerdo PTSJ/025/2026, publicado este 6 de octubre en la Gaceta del Gobierno, aunque el documento no establece cuántas caravanas operarán, el presupuesto destinado ni cuáles serán las primeras localidades atendidas.
El programa dependerá del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y tendrá entre sus funciones brindar orientación, mediación, conciliación, justicia restaurativa y promoción de una cultura de paz. Su objetivo es ofrecer vías para resolver determinados conflictos sin que necesariamente lleguen a un proceso judicial. Los lineamientos fijan como principios de operación la voluntariedad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, equidad, legalidad, inclusión y no discriminación.
Atención con cita y también de manera directa
Las personas podrán solicitar atención mediante cita en los canales oficiales del Centro Público o acudir directamente a las sedes sin cita previa. En este último caso, los usuarios serán atendidos según el orden de llegada y la disponibilidad de espacios. Los facilitadores deberán analizar si el conflicto puede resolverse mediante alguno de estos mecanismos y, cuando el asunto no sea procedente, tendrán que orientar a la persona hacia la institución competente.
Cuando las partes alcancen un acuerdo, el personal podrá elaborar un convenio formal, cuyo contenido deberá ser claro, lícito y susceptible de cumplimiento. Esos documentos deberán ser autorizados por la Dirección Regional correspondiente o por la unidad competente del Centro Público. Los casos que no concluyan durante la estancia de la caravana podrán remitirse al Centro Virtual o a otra unidad para continuar su trámite y eventual formalización.
Caravanas también llegarán a juzgados con alta carga
Las unidades podrán instalarse en sedes municipales, mediante coordinación con los ayuntamientos, pero también en distritos judiciales u órganos jurisdiccionales que carezcan de servicios permanentes de justicia alternativa o presenten una “excesiva carga laboral”. Para cada despliegue, los lineamientos exigen como mínimo una persona encargada de conducir el vehículo y apoyar en logística, una secretaria operativa, una trabajadora social y una o más personas facilitadoras, además de equipo informático, impresión, conectividad y mobiliario.
El acuerdo establece además que las sedes deberán procurar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida, adultos mayores y mujeres embarazadas, mientras que toda la información generada durante la atención tendrá carácter confidencial. Después de cada jornada deberá elaborarse un informe con los resultados, incidencias y asuntos pendientes. Sin embargo, la publicación oficial no fija metas de atención, número de municipios que serán cubiertos durante 2026, cantidad de expedientes que se busca resolver ni indicadores para medir el impacto del programa en la carga de los tribunales.
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