De las 21 prisiones estatales que tiene el Estado de México 15 presentan problemas de sobrepoblación de 1.37 hasta 590 por ciento, pero la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para atender el problema de hacinamiento solo considera al penal de Neza Bordo que actualmente tiene un sobrecupo de 196.46 por ciento.

La Corte ordenó a las autoridades del Estado de México adoptar medidas para atender ese problema de hacinamiento en el centro penitenciario de Neza Bordo, a partir de una demanda presentada en 2021 por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

En ese entonces este centro penitenciario contaba con 1 mil 834 espacios y alojaba a 5 mil 116 personas. Actualmente las cifras bajaron ligeramente y cuenta con 2 mil 093 lugares y un excedente de 4 mil 112 internos que representan un porcentaje de 196.46%.

De acuerdo con la demanda promovida se reclamaron medidas suficientes para atender las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad de este centro penitenciario, pero no se mencionó a ninguna de las otras prisiones donde el problema es incluso mayor.

Cifras actuales

De acuerdo con las cifras actualizadas al mes de agosto y expuestas en los Cuadernos Penitenciarios quien registra mayor problema es el penal de Zumpango, donde existen 120 espacios y una sobrepoblación de 709 personas, lo cual representa un nivel de 590.83 por ciento; le sigue el caso de Chalco con 774 lugares y 3 mil 096 de exceso, que representa 400 puntos porcentuales más.

Aunque se trata de un penal pequeño El Oro, con 112 espacios, también registra un grave problema al tener 372 internos de más que representan 332.14 puntos porcentuales por arriba de su capacidad. En situación similar se encuentra el Centro Preventivo de Jilotepec, donde sólo se consideran 137 lugares y una sobrepoblación de 338 reos qué significan 246.72%.

Pero también hay problemas en Cuautitlán con 889 internos de más que significan más del doble de su capacidad, o el caso de Tlalnepantla con 4 mil 377 reos por arriba de la cifra que cuenta con un espacio formal y que representan un tamaño tres veces excedido.

También tiene problemas el penal de Ecatepec, con una sobrepoblación de 193.59 por ciento, Santiaguito 128.31, Texcoco 87.81, Valle de Bravo 44.14, Ixtlahuaca 117.03, Lerma 75. 86, Tenancingo Sur 29.50 y Tenango del Valle 1.37 puntos porcentuales en cada caso.

De manera general en los 21 centros preventivos hay lugar para 16 mil 310 personas, pero hay 22 mil 371, por lo cual la media de sobrepoblación es de 137.16%, la más alta de todas las entidades.

Los únicos centros sin problema y con espacios son Otumba Tepachico donde quedan 54 lugares, Sultepec 47, la Penitenciaría Modelo 213, Nezahualcóyotl Norte 122 y Nezahualcóyotl Sur 40.

En números absolutos el penal más excedido es Tlalnepantla con 4 mil 377 internos extras, lo cual lo ubica como el penal con mayor problema de todo el país. Fuera del Estado de México sólo destaca el centro de Hermosillo, con 4 mil 010 internos de más, el centro de San Luis Potosí con 2 mil 840 por arriba de su capacidad y el de Nayarit, Venustiano Carranza con 2 mil 287. En general el Estado de México es quien tiene los penales con mayor problema de sobrepoblación

El fallo

El comunicado de la Corte establece que con el resolutivo trata de garantizar el derecho a vivir en condiciones de dignidad a las personas privadas de la libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca, por lo cual se deben adoptar medidas estructurales que permitan atender las condiciones actuales de sobrepoblación y hacinamiento.

El pleno determinó, en primer lugar, que la existencia del hacinamiento quedó plenamente acreditada, pues las propias autoridades responsables reconocieron la situación al rendir sus informes durante el juicio. Asimismo, concluyó que las autoridades estatales cuentan con atribuciones relacionadas con la organización, administración y funcionamiento del sistema penitenciario y, por tanto, tienen responsabilidades frente a las omisiones reclamadas.

En consecuencia, dio un plazo de máximo de seis meses para que se tenga un plan multidisciplinario e interinstitucional con acciones concretas para atender la sobrepoblación, el cual podrá contemplar mecanismos de coordinación entre autoridades, adecuaciones de infraestructura, gestiones presupuestales, la promoción de beneficios preliberacionales, programas de capacitación para las personas servidoras públicas y demás medidas que resulten necesarias para atender de manera integral este problema.

Esto derivado del amparo en Revisión 310/2025. Resuelto en sesión de Pleno el 23 de septiembre de 2026.

FOTOS: ESPECIALES Y ML.