El pasado 09 de septiembre se dio a conocer una noticia, el sensible fallecimiento de la señora Inés Montalván, madre de Kenia Inés Hernández Montalván, indígena amuzga de Xochistlahuaca, Guerrero, quien se encuentra privada de su libertad desde el 18 de febrero por diversos procesos judiciales derivados de la “toma” de casetas de peaje.

La señora Kenia Hernández ya fue sentenciada en dos causas penales del fuero común en el estado de México y se encuentra vinculada a proceso en cinco causas del fuero federal. Las sentencias dictadas por las autoridades judiciales del estado de México fueron consecuencia de la denuncia presentada por Autovías Concesionadas Mexiquenses S.A. de C.V., y la hallaron culpable de “robo con violencia” y “robo agravado”, la verdad de las cosas es que Kenia Hernández y un grupo de campesinos protestaron el 15 de febrero de 2020 en la caseta de peaje de Hortaliza-Valle de Bravo, el resto es la maquinación que caracterizó al sistema de justicia del viejo régimen.

Hay que recordar que uno de los principales negocios de los gobiernos priístas en el Estado de México fueron las numerosas concesiones otorgadas a empresas con las que han tenido estrechos tratos, proyectos que no sólo han salido caros y onerosos para los usuarios, sino que, además, carecen de estaciones de servicios, provocaron diversos problemas sociales y, en el caso de Kenia, contaron con el respaldo de toda la fuerza del Estado, policiaca, de procuración de justicia, pero también el sometimiento de jueces y magistrados del pasado para otorgar “garantías” a la concesión a costa de los derechos constitucionales de manifestación y de resistencia civil pacífica.

Las sentencias contra Kenia, así como la resistencia estructural del Poder Judicial del Estado para negarse a reconocer la falta de garantías judiciales, la violación al derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia que provocaron la sentencia de un número indeterminado de personas a las que se les fabricaron delitos; sin olvidar que por lo menos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Cruz y Sánchez Silvestre, así como Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, demuestran que los juzgadores mexiquenses fueron capaces de imponer sentencias basadas en confesiones obtenidas bajo tortura o ignorar las denuncias de las víctimas de tortura sexual padecida durante su detención.

A eso hay que sumar su resistencia, derrotada hasta después del fin de la presidencia de Sergio Medina Peñaloza, para ocultar toda clase de información; fue en ese periodo en el que pretendieron clasificar sentencias como la del feminicida “el coqueto”, e incluso, dicho Presidente tramitó personalmente amparos para impedir que se diera a conocer su sueldo y sus percepciones.

Sobre todo el sistema punitivo instaurado en el Estado de México, desde el gobierno de Montiel hasta el de Del Mazo, pesa el descrédito y la desconfianza por la ineficacia, corrupción, abuso y manipulación de los casos, tanto en el caso de las víctimas de los delitos y sus familias, como de personas injustamente presas y su entorno familiar. Quizá por eso, durante sus gobiernos los niveles delictivos crecieron permanentemente, pues el grado de impunidad era absoluto. El sistema estaba quebrado por la impunidad que protegía a la delincuencia desde las propias corporaciones de seguridad y la corrupción que reinaba en todas las instancias.

La “maldita herencia”, si hemos de parafrasear a la presidenta de la república, de todos los gobiernos estatales de origen priísta, en materia de personas privadas de su libertad a septiembre de 2023 fue de 35,596 personas, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional y que, según el mismo reporte, la infraestructura de los centros penitenciarios del estado, en ese momento, era de 14,327 personas, por lo que se encontraba en condiciones de sobrepoblación promedio de148.45% que, en algunos lugares se agravaba aún más, lo que resultaba gravemente devastador para la seguridad e integridad de esas personas.

El razonamiento que deriva de esa realidad es muy simple y proviene de cualquier clásico de la economía política, cuando la demanda de un bien es mayor que la oferta, los precios se incrementan. Eso, desgraciadamente pasa en el sistema de readaptación social del Estado de México, la sobrepoblación de los Centros de Readaptación Social es el ecosistema propicio para el abuso, la agresión, la corrupción institucional y el autogobierno, eso lo documenté en un exhorto que presenté cuando fui presidente del sistema anticorrupción del estado (https://joseguadalupeluna.org/anticorrupcion/exhorto-publico-por-presuntos-actos-de-corrupcion-en-penales-del-estado-de-mexico/).

Pero es oportuno recordar estos hechos porque la señora Kenia Hernández, presa política de los gobiernos priístas del estado de México, al ocurrir el fallecimiento de su señora madre, solicitó el permiso para acompañarla en sus honras fúnebres.

Kenia, además de una luchadora social y defensora de los derechos humanos, presa por luchar, cuenta con el respaldo de innumerables colectivos de derechos humanos, lo que muestra un arraigo social y un reconocimiento de las comunidades.

En prisión, ha padecido la violencia institucional del sistema que ha puesto en peligro su vida en varias ocasiones tanto por los lugares en los que fue recluida inicialmente como por la falta de condiciones adecuadas de subsistencia y, aunque ha realizado diversas protestas civiles y pacíficas, no ha sido violenta, no se ha separado de su régimen de tratamiento, ocupacional, educativo, disciplinario.

A pesar de lo anterior y de que el artículo 89 de la Ley de ejecución de penas privativas y restrictivas de la libertad del estado, reconoce la posibilidad de que se concedan salidas de los centros de readaptación social “en ocasiones especiales o por motivos excepcionales de índole familiar o afectiva, siempre y cuando se cumplan las condiciones de seguridad y vigilancia que establezca para tal caso la Dirección General de Prevención y Readaptación Social”, la Mtra. María Leticia Olvera Medina, jueza de ejecución penal del distrito judicial de Nezahualcóyotl, le negó el permiso para participar en el sepelio de su madre. Esa negativa, por carecer de una “absoluta necesidad” es un acto de tiranía, como lo decía Cesare Beccaria.

Habría que preguntarnos si la visión de la sociedad mexiquense, en pleno siglo XXI es castigar con cárcel, en condiciones de hacinamiento, de corrupción, de violencia estructural, sin derechos, sin garantías para preservar su dignidad, a las personas privadas de la libertad que son presas políticas, injustamente presas por delitos fabricados o, incluso, responsables de la comisión de delitos, o bien, si el deber constitucionalmente que tenemos es el de garantizar condiciones mínimas esenciales para propiciar su readaptación social.

Negarle el permiso a Kenia haría que Becaria es uno de los tantos horrorosos actos del Poder Judicial del Estado de México que, ojalá, la nueva integración comience a erradicar y que el resto de las autoridades del Estado, ayuden a remover del comportamiento cotidiano de los servidores públicos.