En las más recientes semanas hemos conocido de noticias especialmente graves que motivaron que, en el último caso, la Presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, fijara su postura y llamara a adoptar decisiones relevantes en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para corregir las deficiencias en su desempeño.

Me refiero a la privación de la libertad, la tortura y el homicidio del niño Fernando, por una deuda de mil pesos, ocurrida en el municipio de La Paz, y las presiones a su mamá, por parte de las autoridades, para sustituir a su asesora jurídica, previo a la audiencia de control.

En la conferencia mañanera del 11 de agosto, la Presidenta se refirió a la solicitud de intervención y ayuda que hizo la madre del menor, tanto a la Fiscalía de Justicia del Estado como al DIF Municipal, sin que recibiera una atención adecuada. La Dra. Sheinbaum llamó a que este tipo de omisiones no vuelvan a ocurrir (cfr. Reporteros en movimiento, 11 de agosto de 2025).

El asunto anterior al que también me refiero fue la liberación de Israel Vallarta, víctima del montaje televisivo orquestado por el periodista Carlos Loret y el ex secretario de Seguridad Genaro García, hoy en prisión en Estados Unidos. Tuvieron que pasar 20 años de su ilegal detención y 12 años después de la liberación, por resolución judicial, de la otra persona detenida, Florence Cassez.

Estos dos acontecimientos son el detonador para que regrese a la mente todo el caudal de información sobre la fiscalía en nuestro estado, desde el caso Paulette; la manipulación de la escena, de la investigación y la tortura de personas en Tlatlaya; lo que con frecuencia se aprecia al revisar los expedientes de personas vinculadas a proceso en el estado de México: detenciones ilegales por la fabricación de los hechos y por ocurrir con tiempo muy superior al estándar constitucionalmente establecido para la presentación ante el Ministerio Público; tratos crueles, degradantes y tortura sexual por parte de policías y dentro de las propias instalaciones de la fiscalía; fabricación de delitos y siembra de drogas, como ocurrió en el caso de algunas barberías que, para fortuna de algunas personas, pudo acreditarse por la existencia de cámaras de vigilancia.

Cualquier litigante sabe que en los ministerios públicos el “impulso procesal” para que las investigaciones avancen es indispensable. Lo anterior, grave de por sí, se vuelve más devastador para la sociedad, cuando no se adquiere atención o tiempo, sino que lo que la corrupción consigue es alterar el sentido de las investigaciones.

La lista de oprobios y vergüenzas sería interminable, pero parece ser insuficiente, hasta ahora, para cambiar las cosas y erradicar el estado de la institución que ya no sólo es de captura por parte de redes de intereses, sino de evidente y clara descomposición.

Ante todos esos acontecimientos tenemos que preguntarnos ¿qué es lo que pasa con las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia que provocan que persista ese clima generalizado de impunidad y abuso? La respuesta es muy sencilla: la falta de control de la institución, la falta de una correcta rendición de cuentas y la falta de un sistema que castigue realmente los abusos.

Esa falta de control viene de arriba para abajo y permea en la percepción al interior de la institución. Los anteriores titulares y el actual no han sido capaces de controlar al monstruo con el que conviven, pero el resto de las instituciones del Estado también han fallado.

Los casos que conoce la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción en el estado de México son asilados y de bajo impacto; la actitud del órgano garante de acceso a la información en el estado, hoy en proceso de extinción, desde hace años y en varios plenos ha sido sumamente deferente con la Fiscalía y sus titulares; bueno, hasta resultó triunfador en la pasada elección judicial el anterior titular cuya fama pública fue puesta en duda, y con sobradas razones por su complicidad u omisión en la persistencia de ese estado generalizado de corrupción e impunidad.

La Presidenta de la República ha pedido que cambien las cosas en la fiscalía, y esto no puede ocurrir si no se toma la decisión de adoptar un modelo de control e integridad que sea realmente efectivo y que pasa por revisar quiénes son realmente los policías de investigación y cortar definitivamente su relación con la delincuencia organizada (de donde seguramente proviene la droga que siembran a diestra y siniestra); intervenir las instalaciones de los Ministerios Públicos para generar certeza, transparencia y objetividad sobre la situación de las personas detenidas y presentadas con información en tiempo real; asegurar que las personas detenidas sean presentadas de manera inmediata ante el Ministerio Público; asegurar que las partes puedan acceder, sin ningún obstáculo, salvo los criterios legalmente establecidos, a las carpetas de investigación; y revisar la eficiencia y eficacia de las investigaciones; sacar a la Fiscalía Anticorrupción del estado de confort en el que se encuentra y fortalecer su labor, junto con la visitaduría interna, para investigar las conductas ilegales de los integrantes de la institución; garantizar una más efectiva atención del problema por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado con una presencia directa y sorpresiva en las instalaciones de la Fiscalía, entre otras urgentes medidas.

¿Lo anterior va a obstaculizar las investigaciones que se realizan? No puede objetarse eso, es una tragedia la investigación de los delitos en el estado y en muchos otros lugares del país. Lo que se debe pretender es que se investigue realmente el fenómeno delictivo y que se deje de fabricar culpables, especialmente, entre las personas y grupos sociales más vulnerables.

Urge, desde luego, el debate nacional y la reforma necesaria en materia de fiscalía; pero eso no pasará de un acto legislativo más, de baja expectativa de realización, si no se adoptan acciones reales y efectivas para erradicar las condiciones estructurales de captura que padece la Fiscalía.

El modelo anterior de garantía del derecho de acceso a la información fracasó porque prevaleció la convivencia entre no pocos comisionados que integraban el pleno y que tenían a ese sujeto obligado en su catálogo de sujetos a capacitar y, por ejemplo, el anterior Fiscal; los criterios adoptados fueron restrictivos y el órgano garante fue incapaz de asumir la oportunidad que tenía para ayudar a enfrentar la impunidad.

No puedo ser ingenuo y me imaginó las resoluciones que habrá si la futura autoridad garante de esa institución autónomo no asume la responsabilidad histórica que le corresponde.

Pero al margen de la transparencia y el acceso a la información, que pueden hacer mucho para establecer criterios mínimos de rendición de cuentas, es necesario escuchar y atender el llamado de la Presidenta de la República: Hay que hacer cambios de fondo para que esas conductas no sigan repitiéndose, para que no sean su práctica cotidiana.