¿Y la UAEM?

La Universidad Autónoma del Estado de México ( UAEMex) ha destacado en muchos aspectos, pero ha quedado a deber en este proceso electoral: el más importante de la historia mexiquense, donde está en juego la gubernatura.

En otras elecciones, la Facultad de Derecho, el estadio “Chivo” Córdova, el Aula Magna y otros espacios recibieron a candidatas y candidatos a gobernador, pero en esta ocasión no se hizo nada por contribuir al voto informado, como sí lo hace la UNAM con instituciones privadas.

Es cuestionable por qué la máxima casa de estudios no invitó a las dos candidatas a la gubernatura a dialogar con la comunidad universitaria, mientras instituciones privadas sí lo hicieron.

Será necesario que la UAEMex se plantee cuál es su contribución a la entidad y cómo se involucra más con los problemas y temas que importan a la sociedad.

La Universidad siempre debe tener un papel protagínico y no ser un testigo mudo de la historia mexiquense.

La autonomía de la Fiscalía

El proceso de autonomía de la Fiscalía General de Justicia de la entidad ha sido lento. Tardó tiempo en que la nómina le fuera asignada, ahora falta ver el tema de la obra pública; que sea ella misma quien tenga la posibilidad de ejecutarla y no a capricho del Ejecutivo.

Podría parecer un tema menor, pero repercute seriamente en la imagen de la procuración de justicia y los condena a esperar los tiempos del Ejecutivo para atender las necesidades de obra de la institución, las cuales, a simple vista son muchas, pues 63 inmuebles necesitan “mantenimiento mayor”.

Ya lo reportó el fiscal José Luis Cervantes a la Legislatura: no logró que el capítulo de obra pública quedara dentro del presupuesto de este 2023 y bien hace en no quitar el “dedo del renglón” para lograr que la autonomía no sea sólo en el papel, más cuando eso repercute en el servicio que brindan y en la principal demanda de la entidad: justicia.

Justicia de propia mano

En esta semana se conocieron dos sentencias donde las autoridades consideraron que hubo uso excesivo de legítima defensa. En un caso estuvo involucrada Roxana Ruiz Santiago, quien fue sentenciada por homicidio a seis años y dos meses, pues luego de causar la muerte al sujeto que la agredió, lo ahorcó e hizo algunos cortes con un cúter en el cuerpo.

En otro caso fue “César”, quien disparó en varias ocasiones y mató a dos asaltantes que lo amenazaron a bordo de una unidad en Nezahualcóyotl, cuando les pidió que no “tocaran” a una mujer que ya les había dado sus pertenencias. En este caso la sentencia es de dos años y siete meses de prisión y el pago de 500 mil pesos para reparar el daño.

En el primer caso, afortunadamente la Fiscalía de Justicia desistió de la acusación y el presidente de la República ofreció indulto, aunado a que faltaba resolver la apelación. En el segundo caso, no tan mediático, se sigue en segunda instancia.

El caso es que la Legislatura tiene que revisar el tema. Cómo está la ley. Fijar si hay límites o no en la legítima defensa, ¿cuándo procede la reparación del daño, ¿y ¿quién es el responsable: la persona victimaria o el gobierno por no garantizar el derecho a la seguridad?

Para ello existe un par de iniciativas que han presentado el PAN y PRD, a fin de abordar el tema y revisar los vacíos que presenta la ley, ante una realidad que claramente ha rebasado a las autoridades y a la normativa.

Los caminos del sur

Al parecer las obras de rehabilitación en más de mil 600 kilómetros de caminos del sur del territorio mexiquense van retrasadas.

Este fin de semana la candidata de Morena, PVEM y PT, Delfina Gómez Álvarez visitó la zona sur y una de las principales peticiones de la gente fue mejorar las carreteras y caminos, pues señalaron que tienen hoyos y pésimas condiciones.

En diciembre del 2019 la Legislatura local aprobó la rehabilitación y conservación de mil 637.8 km en 82 caminos de Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca, a través de una Asociación Público Privada (APP) por cerca de 15 mil millones de pesos y en febrero del 2021 se dió el banderazo de inicio.

La empresa queretana VISE S.A de C.V. y la Impulsora de Soluciones en Infraestructura, S.A. de C.V ganaron el contrato, aunque diputados locales denunciaron hace tiempo que las obras no avanzaban por cuestiones técnicas, sociales y hasta por presencia de la delincuencia organizada.

Las autoridades deben informar el avance que lleva la APP y si las empresas están cumpliendo los términos del contrato.