El Poder Judicial del Estado de México recibió 289 mil 421 nuevos asuntos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, un promedio superior a mil 100 expedientes diarios, de acuerdo con el primer informe de labores del magistrado presidente, Héctor Macedo García, ante el pleno de la institución.
Durante ese mismo periodo se concluyeron 187 mil 220 asuntos y se emitieron 222 mil 328 resoluciones, cifras que muestran una elevada presión sobre juzgados, salas y tribunales. Sin embargo, el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia reconoció que el rezago, la falta de personal, las instalaciones insuficientes y los tiempos de resolución permanecen entre los principales pendientes después del primer año de la reforma judicial.
El problema tiene su mayor expresión en la materia familiar. De los asuntos recibidos, 137 mil 733 fueron familiares, equivalentes a 47% del total. En esta área se emitieron 108 mil 025 resoluciones, aunque Macedo García admitió que el tiempo para resolver casos que afectan a personas vulnerables todavía no presenta una reducción significativa.
Familia concentra casi uno de cada dos expedientes
Los conflictos familiares representan la mayor carga para el Poder Judicial mexiquense. En los expedientes aparecen asuntos relacionados con divorcios, pensiones alimenticias, guardia y custodia, convivencia, violencia familiar y protección de niñas, niños y adolescentes, además de controversias patrimoniales.
La institución puso en marcha brigadas de apoyo en cinco juzgados familiares con elevada carga de trabajo. El resultado, de acuerdo con el informe, fue un aumento de 34% en las sentencias definitivas, 35% en expedientes concluidos y 50% en notificaciones diligenciadas.
No obstante, el propio Tribunal reconoce una limitación: esas brigadas utilizaron personal de otros juzgados que también enfrentan cargas de trabajo. Por ello anunció la creación de cuatro brigadas permanentes, una por cada región judicial, además de oficinas móviles mediante autobuses adaptados.
La estrategia también contempla 117 técnicos judiciales capacitados como mediadores y la contratación de 20 especialistas en psicología y trabajo social, con el propósito de reducir uno de los cuellos de botella para la emisión de sentencias.
Reforma judicial: tres órganos y nuevas atribuciones
El informe corresponde al primer año de operación del nuevo diseño institucional derivado de la reforma judicial. El modelo combina magistraturas y juzgadores electos mediante voto popular con integrantes de carrera judicial.
El pleno del Tribunal Superior de Justicia está integrado por 28 magistradas y 30 magistrados, quienes atienden asuntos de segunda instancia en materias penal, civil, familiar, mercantil y otras áreas especializadas.
Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el pleno celebró 15 sesiones: siete ordinarias y ocho extraordinarias, dos de ellas solemnes y públicas. En ese periodo aprobó, entre otros asuntos, la integración del Órgano de Administración Judicial, la designación de la titularidad del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, el reglamento interno del Tribunal, la conformación de la Sala Constitucional y la Sala de Asuntos Indígenas, además de asuntos relacionados con jurisprudencia y conflictos competenciales.
La Sala Constitucional recibió 82 asuntos entre enero y agosto, celebró siete sesiones y emitió cinco resoluciones. La Sala de Asuntos Indígenas, por su parte, inició y concluyó 41 asuntos en 11 sesiones.
También se formalizó la Cuarta Época de jurisprudencia y se aprobó su reglamento.
Disciplina judicial: 1,528 nuevos expedientes
Uno de los cambios más relevantes fue la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que comenzó operaciones el 5 de septiembre de 2025 para atender responsabilidades administrativas relacionadas con la función jurisdiccional.
El organismo inició con 80 personas y actualmente cuenta con 137. Para su puesta en operación se adecuaron instalaciones y se destinaron más de 52 millones de pesos. Para 2026, su presupuesto ejercido supera los 128 millones de pesos.
La Unidad de Investigación recibió mil 409 expedientes pendientes del esquema anterior y reportó un avance aproximado de 85% en su atención. A la par, ingresaron mil 528 nuevos expedientes: mil 221 por denuncias de particulares, 185 por actas administrativas y 122 procedimientos iniciados de oficio.
En la etapa de substanciación se recibieron 128 expedientes del anterior órgano de control, se radicaron 105 nuevos asuntos, se celebraron 103 audiencias y se atendieron 847 promociones. Además, 70 expedientes fueron enviados a comisiones para continuar su proceso de resolución.
El pleno y las comisiones resolvieron 25 recursos de inconformidad y revisión. De los 128 expedientes heredados, solo seis estaban en trámite al cierre del periodo.
El Tribunal de Disciplina también emitió 108 resoluciones. De acuerdo con el informe, 24% determinó la existencia de responsabilidad, 13% correspondió a amonestaciones públicas, 9% a suspensiones sin goce de sueldo y 3% a inhabilitaciones.
Primera evaluación de juzgadores electos
La nueva estructura también estrenó un mecanismo de evaluación del desempeño judicial. Fueron consideradas 84 personas juzgadoras: 17 magistradas, 12 magistrados, 24 juezas y 21 jueces.
Se programaron 84 visitas ordinarias y 83 habían concluido, equivalente a 98.8% de avance, según las cifras expuestas. Durante esas evaluaciones se aplicaron 566 cuestionarios de percepción y 805 entrevistas al personal, para un total de mil 371 elementos de evaluación.
El objetivo, según el informe, es medir productividad, calidad técnica, gestión administrativa, organización y atención a las personas usuarias, sin afectar la independencia judicial.
La nueva justicia laboral recibe más asuntos
Otra de las competencias incorporadas con la reforma fue la atención de conflictos laborales entre el Poder Judicial y sus trabajadores.
Los asuntos laborales pasaron de 12 mil 923 a 16 mil 688, un incremento de 29%. En el periodo se reportaron 10 mil 550 resoluciones.
El Poder Judicial prevé crear 23 plazas para esta materia, con una inversión superior a 3 millones de pesos durante lo que resta del año.
Los procedimientos ordinarios concluidos mediante resolución definitiva registraron un tiempo promedio de seis meses, mientras que procedimientos especiales permitieron materializar pagos de prestaciones en alrededor de 75 días. Dos convenios conciliatorios permitieron entregar más de 648 mil pesos a familias de extrabajadores.
Penal, civil y mercantil también concentran miles de casos
En materia penal se iniciaron 32 mil 698 asuntos y se emitieron 18 mil 299 resoluciones.
En materia civil ingresaron 58 mil 300 asuntos, con 50 mil 704 resoluciones, mientras que el área mercantil registró 48 mil 449 nuevos asuntos y 36 mil 688 resoluciones.
La segunda instancia recibió 18 mil 939 asuntos y concluyó 18 mil 228, equivalente a 96% de los asuntos ingresados.
El crecimiento de la carga familiar también alcanzó a las salas. Los asuntos de esa materia pasaron de alrededor de 4 mil a 7 mil, un aumento reportado de 19%, lo que llevó al Poder Judicial a plantear la creación de una nueva sala familiar mediante una redistribución interna de recursos.
Para atender la presión en materia penal también se proyectan salas auxiliares, con participación de jueces en funciones de magistrados.
Órdenes de protección, cateos y ejecución penal
El juzgado especializado en violencia familiar emitió 4 mil 543 medidas de protección durante el periodo.
El juzgado de control especializado en cateos y órdenes de protección concedió 3 mil 145 órdenes, cifra que representa un aumento de 6% respecto del año anterior. Además, autorizó 2 mil 922 órdenes de cateo, equivalentes a 79% de las solicitadas por la Fiscalía, y un incremento de 35% frente al ejercicio anterior.
En los juzgados de ejecución se iniciaron 6 mil 590 asuntos, se otorgaron mil cinco preliberaciones y se concedieron 308 beneficios mediante brazaletes electrónicos.
El informe también planteó la necesidad de revisar casos relacionados con personas privadas de la libertad y procesos prolongados, además de fortalecer la coordinación con las autoridades responsables de seguridad y reinserción.
Mecanismos alternativos: más de 21 mil procesos de mediación
El Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias inició 21 mil 903 procesos de mediación y concretó 10 mil 056 convenios en materias familiar, civil, mercantil, comunitaria, escolar e indígena.
La institución prepara un Centro Virtual de Mediación, con atención prevista de 8:00 a 20:00 horas, inicialmente con énfasis en el sector empresarial.
También se busca extender el modelo a los municipios. En el periodo se formaron y certificaron 126 facilitadores privados, mientras que 626 participantes, principalmente docentes, acreditaron capacitación en mediación escolar.
Justicia digital e inteligencia artificial
La transformación tecnológica es otro de los ejes del nuevo modelo. El Tribunal Electrónico atiende a más de 170 mil personas usuarias externas y mantiene servicios disponibles las 24 horas.
Una de las herramientas incorporadas fue un intérprete de sentencias basado en inteligencia artificial, diseñado para convertir resoluciones jurídicas complejas a un lenguaje más accesible. Durante su primer mes procesó mil 400 resoluciones, dentro de un universo de aproximadamente 445 mil sentencias en versión pública.
El asistente virtual Justibot registró más de 20 mil 207 interacciones desde su creación. Además, la institución reportó la identificación y mitigación de más de 3.5 millones de eventos de seguridad informática, sin incidentes derivados de ellos.
Macedo García planteó que la inteligencia artificial será una herramienta de apoyo y no un sustituto de las personas juzgadoras. El Poder Judicial prepara lineamientos para regular su utilización y prevé concluir en diciembre la primera etapa de un asistente propio, con aplicación inicial en materia laboral.
Austeridad y gasto: 86% del presupuesto para la función jurisdiccional
El Órgano de Administración Judicial reportó medidas de austeridad que incluyeron la reducción de remuneraciones de mandos superiores administrativos en 25%, cancelación de telefonía celular y eliminación de gastos relacionados con escoltas y adquisición de vehículos de alta gama o blindados.
También se reportó que el porcentaje de licitaciones públicas fue 32% superior al promedio del periodo 2020-2025.
Las políticas de racionalidad generaron ahorros estimados en 48 millones de pesos, mediante reducción del consumo energético, aprovechamiento de materiales, ampliación de la vida útil de bienes y medidas de cero papel.
El Poder Judicial informó que 71% de su personal y 86% de los recursos financieros están dirigidos a la operación de sus 217 órganos jurisdiccionales.
En infraestructura, se adquirió mobiliario por 74 millones de pesos para 30% de los edificios y se distribuyeron bienes restaurados en una proporción 43% mayor. La institución cuenta con 74 inmuebles que requieren mantenimiento permanente.
El pendiente reconocido: personal, infraestructura y tiempos de resolución
A pesar de los resultados reportados, Macedo García evitó presentar el primer año como un balance concluido. En su discurso reconoció que el Poder Judicial mantiene rezago, falta de personal, instalaciones insuficientes y trabajadores con salarios aún sin nivelar.
También admitió que el proyecto de nuevo código de ética todavía no concluye y que los tiempos de resolución de asuntos que afectan a personas vulnerables no han registrado una reducción significativa.
La propia institución identifica una presión adicional por la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que obligará a ampliar capacidades, espacios y personal.
Entre las necesidades planteadas aparecen nuevos espacios para juzgados civiles y penales, adecuaciones en materia laboral, la construcción de un SECOFAM en Toluca y la restauración de alrededor de 34 edificios.
Justicia Casa por Casa y acercamiento a municipios
Como parte de la estrategia de acceso a la justicia, el programa Justicia Casa por Casa visitó cerca de 4 mil hogares en Cuautitlán Izcalli y Naucalpan.
En Naucalpan se atendió a 723 personas; 532 manifestaron interés, 50 requirieron seguimiento y 42 fueron canalizadas a módulos de atención ciudadana.
El Poder Judicial prevé extender el programa a las regiones de Volcanes, Texcoco, Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, norte y sur del Estado de México.
También se realizaron reuniones con 861 actuarios y actrices judiciales, además de 320 personas juzgadoras de las cuatro regiones. La presidencia reportó visitas a 105 juzgados, seis salas y tres tribunales de alzada.
La Alianza Pro Bono, integrada inicialmente por 18 asociaciones, barras y colegios de abogados, busca proporcionar asesoría y representación jurídica gratuita a personas sin recursos.
Juzgado Libre: respuesta inmediata ante violencia contra mujeres
Uno de los proyectos de mayor alcance planteados durante el informe es el denominado Juzgado Libre, impulsado mediante una reforma constitucional promovida por los poderes Ejecutivo y Judicial y aprobada por el Congreso mexiquense.
La propuesta busca establecer un mecanismo de atención permanente para mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia, con operación proyectada las 24 horas, los siete días de la semana.
El modelo contempla que las víctimas puedan solicitar atención sin necesidad de abogado, ratificación de denuncia u otros formalismos, mediante una llamada. El proyecto también prevé coordinación con el C5 estatal y herramientas de inteligencia artificial para evaluar el nivel de riesgo y apoyar la determinación de medidas de protección.
La operación definitiva dependerá de la armonización legislativa y normativa correspondiente.
Niñez: más de 46 mil atenciones en centros de convivencia
Los centros de convivencia familiar registraron 46 mil 732 atenciones a niñas, niños y adolescentes, de las cuales más de 36 mil correspondieron a convivencias supervisadas, de tránsito y electrónicas.
El Poder Judicial busca incorporar mecanismos de mediación en estos espacios para reducir la conflictividad y evitar que los menores queden atrapados en disputas judiciales prolongadas.
El presidente del Tribunal colocó el interés superior de la niñez entre los temas prioritarios, al advertir que los niños y adolescentes no deben convertirse en el centro de una disputa entre adultos.
Mesas de paz y coordinación con el Ejecutivo
El Poder Judicial participó en 50 reuniones de las Mesas de Paz y se incorporó a ejercicios de coordinación con autoridades de seguridad, fiscalías, gobiernos municipales y otras instituciones.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez atribuyó parte de la transformación judicial a esta coordinación y respaldó la continuidad del trabajo conjunto, aunque Macedo García subrayó la necesidad de mantener la autonomía entre poderes.
Durante el informe se afirmó que los delitos de alto impacto disminuyeron 30% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Esa cifra fue presentada en el contexto de la coordinación institucional, aunque corresponde a las autoridades responsables de seguridad explicar la metodología y los indicadores específicos que sustentan esa variación.
Capacitación y carrera judicial, otra asignatura pendiente
Durante el periodo, 4 mil 339 personas servidoras judiciales participaron en actividades de capacitación sobre derechos humanos, violencia de género, mediación, discapacidad, amparo, interculturalidad y oralidad.
La plataforma educativa incorporó 100 aulas virtuales y se obtuvo registro de validez oficial para especialidades en derecho laboral, civil, familiar, penal y derechos humanos.
También se fortaleció la preparación de 50 personas juzgadoras electas mediante 10 jornadas de capacitación.
Sin embargo, Macedo García reconoció que aún está pendiente la realización de cursos y concursos de oposición, considerados necesarios para fortalecer la carrera judicial.
Contraloría: 378 denuncias y 20 medidas disciplinarias
La Contraloría Interna reportó 16 auditorías, 10 observaciones y 52 recomendaciones de mejora administrativa.
Además, atendió 378 denuncias contra personal administrativo. En materia de responsabilidades se emitieron 90 calificaciones por conductas no graves, una por conducta grave y mil 438 acuerdos de conclusión y archivo, según las cifras presentadas.
Cuando se acreditaron responsabilidades, se determinaron 20 medidas disciplinarias, entre ellas inhabilitaciones y destituciones.
Los comités encargados de igualdad laboral, no discriminación y atención de hostigamiento y acoso sexual recibieron 61 denuncias, emitieron 26 medidas de protección y realizaron 58 canalizaciones.
Un año de transformación, pero con una deuda central
El balance presentado por Héctor Macedo García deja un contraste: el Poder Judicial del Estado de México reporta una reestructuración institucional profunda, nuevas herramientas digitales, órganos de disciplina, mecanismos alternativos y programas de acercamiento ciudadano, pero al mismo tiempo reconoce que la magnitud de los asuntos que llegan a los tribunales supera la capacidad disponible en áreas críticas.
La dimensión del problema queda concentrada en una cifra: 137 mil 733 nuevos asuntos familiares en un solo año. A ello se suman miles de expedientes penales, civiles, mercantiles y laborales, mientras persisten carencias de personal, infraestructura y tiempos de resolución.
El propio presidente del Tribunal planteó que el primer año fue el de la construcción institucional y que el siguiente deberá enfocarse en prevención, vigilancia, profesionalización y mejora de procesos. La prueba del nuevo modelo, sin embargo, no estará únicamente en la creación de estructuras o en el número de acuerdos emitidos, sino en su capacidad para reducir el tiempo que una persona debe esperar para obtener una resolución, particularmente cuando están en juego la libertad, el patrimonio, la seguridad, la convivencia familiar o los derechos de niñas, niños y mujeres.
FOTOS: DAVID VILLANUEVA Y ESPECIALES.
