La Diputación Permanente aprobó un listado de 22 renuncias de magistrados y magistradas que de manera voluntaria dejan el cargo porque su plazo ya concluyó o está por concluir y al presentar su renuncia previo a la emisión de la convocatoria quedan fuera del proceso electoral y pueden recibir el haber de retiro que implica seguir cobrando su salario durante seis años, sin trabajar.
De estos 22 espacios sólo cinco corresponden a mujeres: Patricia Lucía Martínez Esparza, Ana Rosa Miranda Nava, Elizabeth Rodríguez Cañedo, María Cristina Miranda Cruz y Lucía Núñez Aguilar.
Los magistrados son José Salim Modesto Sánchez Jalili, Everardo Shaín Salgado, Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, Raymundo García Hernández, José Noé Gómora Colín, Enrique Víctor Manuel Vega Gómez, Patricio Tiberio Sánchez Vértiz Ruiz, Felipe Mata Hernández, Tomás Santana Malváez, Alejandro Velázquez Contreras, Juan Arturo Velázquez Méndez, Sergio Castilla Miranda, Raúl Aarón Romero Ortega, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar y Sergio Arturo Valls Esponda.
De los 22 casos, cinco fueron analizadas y aprobadas previamente por la comisión de Gobernación y Punto Constitucionales: Ana Rosa Miranda, Patricia martínez, Everardo Shaín, José Noé Cómora y José Modesto. El resto fue avalada por la Diputación Permanente, por considerarla de urgente y obvia resolución.
La ley establece que las magistradas y magistrados del TSJEM que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del 2025 no serán beneficiarias por el haber de retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha del cierre de la convocatoria.
Las renuncias tendrán efectos a más tardar el 4 de septiembre del 2025, pues las y los nuevos magistrados, electos por el voto popular, llegarán al cargo el 5 de septiembre. En estos casos el haber de retiro para quienes renuncien será proporcional al tiempo de su desempeño.
La Ley Orgánica vigente indica que el haber de retiro durará seis años. El primer año será equivalente al 100 por ciento del sueldo neto que tenían en activo y los siguientes cinco años de 80 por ciento. Esto siempre y cuando hayan concluido el periodo de su nombramiento, hayan ejercido al menos 10 años como magistrados y tengan más de 25 años al servicio del Estado o tengan más de 70 años de edad.
El desempeño laboral en cualquier otra instancia de gobierno, generará la suspensión de esta prestación, salvo cuando se desempeñen como docente, es decir que en el caso de Ricardo Sodi Cuellar, que busca ser ministro, si gana o asume otra función pública ya no podrán recibir pago del Estado de México.
Lo único que falta determinar es el monto del haber de retiro, pues el sueldo que reciben actualmente podría ser reducido en los siguientes meses, de acuerdo con la política de austeridad enmarcada en la ley, pues actualmente perciben más de 200 mil pesos mensuales y están por arriba de lo que gana la presidenta de México
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