El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) prepara una regulación para impedir que jueces, juezas, magistrados y magistradas utilicen herramientas de inteligencia artificial para elaborar o dictar sentencias, al considerar que una resolución basada de forma directa en una plataforma tecnológica representaría una falta ética y una afectación a la función jurisdiccional.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, explicó que tienen un proyecto que contempla una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por el propio Poder Judicial. La intención es alimentar el sistema con información jurídica y colocar candados tecnológicos para evitar que pueda utilizarse como mecanismo para generar resoluciones judiciales.

Macedo García señaló que todavía se trabaja con el Órgano de Administración Judicial en la reglamentación que establecerá los límites y las posibles sanciones. De acuerdo con el magistrado presidente, el uso de IA para dictar una sentencia podría constituir una responsabilidad de alta gravedad, al considerar que implicaría que el juzgador no estudió ni analizó de manera directa el expediente.

Hasta ahora, el Poder Judicial mexiquense no tiene identificados casos específicos de jueces o magistrados que hayan utilizado inteligencia artificial para emitir resoluciones. Sin embargo, Macedo García advirtió que, si se detecta una situación de este tipo, corresponderá al Tribunal de Disciplina intervenir.

La regulación todavía se encuentra en proceso de definición. El presidente del Tribunal informó que ya se realizó una sesión del Órgano de Administración Judicial en Tlalnepantla, donde se concretaron diversos actos relacionados con la reorganización judicial, entre ellos la creación de tribunales de alzada unipersonales en materia penal y la incorporación de personal para atender la materia laboral.

El siguiente paso será la discusión de la normativa específica sobre inteligencia artificial en una sesión ordinaria del Órgano de Administración Judicial. La previsión es que en diciembre comience la implementación de la herramienta en materia laboral, considerada una primera etapa antes de ampliar su utilización a otras áreas.

La propuesta del PJEM no plantea eliminar el uso de inteligencia artificial dentro de los tribunales, sino establecer una diferencia entre utilizarla como herramienta de consulta y permitir que sustituya el razonamiento de un juzgador.

Entre las funciones previstas está la recopilación y organización de información jurídica. Un juez podría recurrir al sistema para localizar leyes, jurisprudencia y precedentes relacionados con un caso, incluidos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros instrumentos del Sistema Universal de Derechos Humanos.

Por ejemplo, ante un juicio de divorcio relacionado con violencia familiar, la herramienta podría identificar las disposiciones jurídicas del Estado de México vinculadas con el tema y facilitar la localización de precedentes. El análisis y la interpretación de esa información, sin embargo, corresponderían al juzgador.

La intención es reducir el tiempo que los integrantes del Poder Judicial destinan a localizar y revisar grandes cantidades de información jurídica, en un sistema judicial que enfrenta una elevada cantidad de normas y criterios que deben considerarse antes de resolver un expediente.

PJEM calcula ahorros de hasta 60% en tareas administrativas

El impacto esperado también contempla actividades que no corresponden directamente a la elaboración de sentencias. Macedo García estimó que determinadas herramientas de inteligencia artificial podrían permitir ahorros de entre 50% y 60% en los tiempos de algunas tareas.

Entre los ejemplos mencionados están la elaboración de oficios y otros documentos administrativos. En lugar de capturar manualmente un escrito, el personal podría utilizar comandos de voz para generar un primer documento, con la posterior revisión humana correspondiente.

El porcentaje, no obstante, todavía no ha sido medido formalmente por el Poder Judicial, por lo que se trata de una estimación y no de un resultado comprobado.

Otro de los ejes planteados por el Tribunal Superior de Justicia es el fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), con los que se busca resolver conflictos sin llevar todos los casos hasta un juicio.

De acuerdo con el balance presentado por el Poder Judicial, se han alcanzado más de 10 mil convenios mediante estos mecanismos, aunque Macedo García reconoció durante la entrevista que no tenía a la mano la cifra exacta reportada.

Los MASC incluyen procedimientos como la mediación, conciliación y justicia restaurativa, cuyo objetivo es que las partes puedan alcanzar acuerdos antes de llegar a una resolución judicial. El Poder Judicial pretende ampliar su utilización mediante una mayor participación de los municipios.

Macedo García pidió a los presidentes municipales convertirse en aliados de estos mecanismos, con la intención de llevar alternativas de solución de conflictos a un mayor número de comunidades y disminuir la cantidad de asuntos que llegan a los tribunales.

Dentro de esta estrategia también aparece la justicia terapéutica, particularmente en casos relacionados con violencia familiar. La propuesta parte de que las medidas de protección deben centrarse en la persona que ejerce la violencia y no trasladar toda la carga a la víctima.

El presidente del Tribunal planteó que, ante un caso de violencia familiar, el agresor debe ser separado y canalizado con especialistas para recibir atención, en lugar de que la mujer tenga que abandonar su domicilio como única medida de protección.

La propuesta forma parte de una visión más amplia sobre los mecanismos alternativos y las nuevas formas de atención judicial, aunque su aplicación depende de los procedimientos, las medidas de protección y las disposiciones legales correspondientes.

La regulación de IA será gradual

La estrategia tecnológica del Poder Judicial mexiquense comenzará, de acuerdo con lo expuesto por su presidente, en materia laboral, para después extenderse a otras ramas jurisdiccionales.

El objetivo es que la inteligencia artificial funcione como una herramienta para ordenar información, facilitar consultas jurídicas y agilizar tareas administrativas, pero sin intervenir de manera autónoma en las decisiones judiciales.

La diferencia será determinante: una plataforma podrá ayudar a localizar una norma o precedente, pero la responsabilidad de estudiar el expediente, valorar las pruebas, interpretar la ley y emitir una resolución permanecerá en manos del juez o magistrado.

Por ahora, el PJEM aún debe concluir la reglamentación, definir los candados tecnológicos y establecer las sanciones correspondientes. También tendrá que medir con datos concretos el impacto de la herramienta antes de determinar cuánto tiempo y recursos puede ahorrar al sistema judicial mexiquense.

FOTOS: DAVID VILLANUEVA.