En el Estado de México quienes laboran en los órganos autónomos se han asignado los mejores salarios de la entidad, en especial quienes están al frente del Tribunal Electoral de la entidad, donde las y los magistrados cobran más que el presidente de la República, aunado a que tienen varias prestaciones laborales y una carga distinta de trabajo, así como de responsabilidad.

La capacidad que tienen los órganos para auto regularse les ha permitido alejarse del yugo de los tres poderes, por lo cual se asignan los pago que consideran justos sin que nadie les pida cuentas ni cuestione su eficacia y mucho menos el cobrar más que el gobernador y el presidente de la República, quienes reciben 104 mil 714 y 120 mil 948 pesos mensuales, libres de impuestos, respectivamente.

Derivado de una revisión y comparativo de remuneraciones de los siete órganos autónomos, a través del portal Ipomex se pudo observar que sólo el IEEM ha mantenido congelados sus salarios por varios años; el resto ha quedado fuera de la mirada pública y eso les permite asignarse gratificaciones y sobresueldos.

El desglose

Quienes están por arriba del salario presidencial son las y los magistrados del TEEM. En el caso de la presidenta, el monto mensual bruto es de 230 mil 553 pesos, el cual sufre algunos descuentos por el pago de impuestos y de ISSEMyM, quedando en 149 mil 843 pesos de forma neta; para el resto de magistrados y magistradas la cifra bruta es de 191 mil 918 pesos y la neta de 124 mil 344 pesos; además, tienen una gratificación anual superior a los 72 mil pesos. En este caso la presidenta no aumentó su pago, sólo el resto del pleno obtuvo 10 mil pesos más en comparación con el 2022.

El pago de la comisionada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos está por encima del gobernador, con un monto de 161 mil 554 pesos de manera bruta y 106 mil 173 de forma neta. A esta cantidad se suma una gratificación por 67 mil 988 pesos, una prima vacacional de 84 mil 985 y un aguinaldo por 203 mil 965 pesos. En este caso no hubo incremento salarial.

En el Instituto de Transparencia las comisionadas y comisionados rebasan por casi 100 pesos el ingreso del gobernador al tener contemplados 162 mil 320 pesos de salario bruto y 104 mil 810 de salario neto. Aunque en su caso tienen 20 días de sobresueldo, 25 días de prima vacacional y 60 días de aguinaldo. Su aumento fue de 2 mil pesos en esta ocasión.

Después de ellos se encuentra el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, quién por cierto no ha actualizado su información de este año, solo se cuenta con la de 2022 dónde cobraba 100 mil 500 pesos de forma neta, así como 30 días de prima vacacional y 60 días de aguinaldo.

El titular del Tribunal de Justicia Administrativa y el fiscal General de Justicia de la entidad tienen los mismos ingresos, de 138 mil 419 pesos de forma bruta que se reducen a 92 mil 531 de forma neta. En el primer caso con 10 días de gratificación por desempeño y 60 días de aguinaldo; mientras, en el segundo con una gratificación de 47 mil 940 pesos, aguinaldo de 119 mil y prima vacacional de 59 mil 924.

El órgano que está en el último escalón, debido a que ha congelado sus salarios por las presiones mediáticas, desde hace más de un lustro, son quienes integran el Consejo General del IEEM, donde los pagos brutos al consejero y las consejeras ascienden a 109 mil 67 pesos y el neto a 69 mil 240 pesos. Al no aumentar el pago bruto cada año reducen el pago neto por la actualización de las cuotas del ISSEMyM.

En el caso de la presidenta del IEEM los pagos son mayores. De 127 mil 431 pesos brutos y 81 mil 652 netos, así como una gratificación mensual de 13 mil 939 pesos y cerca de 150 mil pesos de aguinaldo anual. En el caso del resto de compañeras, al mes tienen 12 mil 280 pesos mensuales con el cual recuperan parte de la pérdida del poder adquisitivo del salario que perciben por la función pública que realizan.

En el tema de las prestaciones las que tienen el gobernador y el presidente de México no se compara con el resto, pues tienen apoyo para vestimenta, todos los gastos pagados para movilidad, incluso una “casa oficial” pagada con el erario público, con cocineros, chefs, seguridad y alimentación especial, médico de cabecera, ayudantía y un enorme equipo que los auxilia para todo.

Por el momento no existe en el Estado de México alguna norma específica que obligue a los órganos autónomos a ceñirse a una política salarial.

Las recomendaciones que hizo en su momento el Consejo de Valoración de este ramo no fueron acatadas por todas las instancias públicas y desde hace un par de años la legislatura del Estado de México tiene pendiente emitir la nueva “recomendación” de salarios para todo el sector público del Estado de México y que se apruebe la propuesta de Ley de Austeridad que turnaron a comisiones desde la Legislatura anterior.

FOTOS E INFOGRAFÍA: IGNACIO HERNÁNDEZ