El Poder Judicial del Estado de México (PJEM), abrió una nueva vía para personas que necesitan atención legal, pero que enfrentan obstáculos para contratar un abogado particular.

A través de la Alianza Pro Bono, la institución busca integrar una red de litigantes privados que otorguen asesoría, representación, patrocinio y defensa jurídica sin costo a personas en condiciones de vulnerabilidad.

El proyecto no limita esa condición a la falta de ingresos. El criterio también contempla circunstancias familiares, sociales o personales que puedan colocar a una persona en desventaja para acceder a servicios legales.

La propuesta fue presentada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, quien planteó la alianza como un mecanismo adicional a las opciones institucionales existentes.

El primer paso

El Poder Judicial tiene previsto habilitar esta semana una plataforma electrónica de registro para los abogados interesados en formar parte de la red.

Los profesionistas deberán presentar su solicitud y pasar por un proceso de validación por parte del Poder Judicial. Quienes sean aceptados aparecerán en un directorio público, cuya información también podrá ser compartida con barras, colegios y asociaciones de abogados.

La ciudadanía tendrá acceso al registro mediante el sitio institucional, con el objetivo de identificar a los profesionistas disponibles para atender los asuntos que correspondan.

La Coordinación de Relaciones Intergubernamentales e Institucionales tendrá a su cargo el enlace y la actualización de la información de los abogados incorporados.

Uno de los puntos centrales del programa es la definición de vulnerabilidad.

El Poder Judicial sostiene que una persona puede enfrentar dificultades para acceder a la justicia aunque no cumpla con los criterios económicos que permiten ingresar a determinados servicios de la Defensoría Pública.

En ese sentido, la Alianza Pro Bono pretende atender casos en los que existan factores sociales, familiares o personales que afecten las posibilidades de obtener representación jurídica. El objetivo es ampliar las alternativas disponibles para quienes requieren asistencia legal y no cuentan con condiciones para contratarla.

Obligaciones profesionales

Los abogados participantes deberán ofrecer sus servicios bajo reglas específicas.

Entre los principios establecidos para el programa se encuentran la gratuidad, confidencialidad, secreto profesional, prevención de conflictos de interés, diligencia y continuidad.

Esto implica que el carácter gratuito del servicio no elimina las obligaciones profesionales de los litigantes ni las responsabilidades derivadas de la atención de cada caso.

Además, la iniciativa prevé capacitación en las áreas jurídicas con mayor demanda social, con la intención de fortalecer la preparación de los profesionistas que formen parte de la red.

El presidente de la Barra de Abogados del Estado de México, Agustín Flores Jaimes, expresó el respaldo del gremio a la iniciativa y planteó que una defensa sin costo no debe significar una atención de menor calidad.

La participación de los abogados particulares, bajo esta premisa, deberá mantener los mismos estándares de preparación y compromiso que existen en una relación profesional convencional.

El proyecto busca crecer con organizaciones civiles

La primera etapa estará bajo la coordinación del Poder Judicial, que concentrará el registro y validación de los profesionistas.

Sin embargo, la institución plantea una expansión posterior con mayor participación de organizaciones de la sociedad civil, despachos, abogados independientes, barras y colegios.

La dimensión que alcance la red dependerá de la incorporación de litigantes y de la diversidad de materias jurídicas que puedan atender.

Por ahora, el Poder Judicial estatal apuesta por crear un directorio de abogados privados dispuestos a trabajar sin honorarios como una vía complementaria para personas que enfrentan dificultades para obtener representación.

El programa coloca el acceso a servicios jurídicos gratuitos en manos de una red mixta, con participación institucional y privada, y deja como siguiente reto la operación efectiva del registro y la atención de los casos que lleguen a través de esta nueva vía.

El presidente del PJEM estuvo acompañado del magistrado presidente del Órgano de Administración Judicial, Fernando Díaz Juárez y de la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Maricerla Reyes Hernández.

FOTOS: DAVID VILLANUEVA.