El Estado de México podría concentrar entre 90 y 120 casos de sustracción internacional de niñas, niños y adolescentes, equivalentes a entre 15 y 20 por ciento de los aproximadamente 600 casos que se tienen registrados a nivel nacional, de acuerdo con estimaciones del presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, Héctor Macedo García, quien agregó que la entidad presenta el mayor número de casos del país.
El problema también se refleja en los registros de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Durante la inauguración de la Capacitación Especializada para Jueces Nacionales sobre Sustracción Internacional de Niños, el presidente del Órgano de Administración Judicial del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, informó que, de acuerdo con el informe anual de labores de la dependencia correspondiente a 2025, México registró 214 nuevos casos en un periodo de nueve meses, los cuales afectaron directamente a 284 niñas, niños y adolescentes.
Conflictos familiares que cruzan las fronteras
La sustracción internacional ocurre, entre otros supuestos, cuando uno de los progenitores traslada o retiene a un menor en otro país sin respetar los derechos de custodia establecidos. Macedo García explicó que, entre las circunstancias que se presentan en estos procedimientos, figuran señalamientos de violencia familiar, incumplimiento de obligaciones alimentarias y decisiones unilaterales de los padres.
Aclaró que cada expediente requiere un análisis particular y que estos conflictos deben resolverse conforme a los mecanismos internacionales aplicables, sin que el traslado a México implique automáticamente que las autoridades nacionales puedan determinar la custodia definitiva.
Buscan reducir los tiempos de restitución internacional
Ante este panorama, representantes de 19 tribunales estatales, autoridades judiciales y especialistas de la Conferencia de La Haya participan en una capacitación especializada en la Escuela Judicial del Estado de México. El encuentro busca fortalecer la aplicación del Convenio de La Haya de 1980, agilizar la cooperación entre países y evitar que los procedimientos judiciales prolongados afecten los derechos de los menores. Entre los participantes se encuentran representantes de Estados Unidos, Argentina y El Salvador, así como autoridades de la SRE y especialistas en protección de la infancia.
Cuestionan falta de juzgados federales especializados en infancia
Durante la inauguración, Macedo García cuestionó la ausencia de juzgados federales especializados en niñas, niños y adolescentes y pidió que la capacitación también alcance a las autoridades judiciales federales. Señaló que la especialización de los tribunales locales debe acompañarse de criterios similares en el ámbito federal, particularmente cuando los procedimientos de restitución internacional llegan a instancias de amparo. En el Estado de México, la especialización cuenta con antecedentes desde 2018 y se amplió en 2025 con una sala familiar especializada en restitución internacional.
México y Estados Unidos, una relación central en estos procedimientos
Ignacio Goicoechea, representante de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, destacó la importancia de la cooperación judicial entre México y Estados Unidos, a la que identificó como una de las relaciones de mayor actividad internacional en esta materia. También planteó extender a otras entidades federativas el modelo de concentración de competencias que aplica el Estado de México y reactivar la Red Mexicana de Cooperación Judicial para la Protección de la Niñez, cuyos trabajos se interrumpieron durante la pandemia.
La capacitación, inaugurada este lunes, también aborda las comunicaciones judiciales internacionales, la cooperación administrativa y los procedimientos de restitución. Los participantes coincidieron en la necesidad de establecer mecanismos que permitan resolver los expedientes con mayor rapidez. El objetivo es evitar que las diferencias entre los sistemas judiciales de distintos países prolonguen los conflictos familiares, sin dejar de examinar las excepciones previstas en los convenios internacionales ni el derecho de los menores a ser escuchados.
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