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TOLUCA UNIDA

INFOGRAFÍA: IGNACIO HERNÁNDEZ

FOTOS: ESPECIALES

El primer programa de apoyo al desempleo operado por el gobierno del Estado de México fue cuestionado, criticado y generó muchas dudas en torno a su funcionamiento.

La ciudadanía llenó de quejas las redes sociales porque no pudieron inscribirse para recibir los apoyos ofrecidos por la administración estatal, consistentes en el pago de 3 mil pesos, que serán entregados a través de dos exhibiciones a quienes perdieron su empleo formal, o informal por la pandemia provocada por el covid-19.

La entrega de esos apoyos se manejó con una prisa inusual: plazos muy cortos, fallas en el sistema y recursos limitados para el número de personas que han perdido su trabajo en la emergencia sanitaria.

De hecho, este programa no se apega a lo establecido en la Ley del Seguro de Desempleo que existe desde el año 2011 en la entidad y el cual nunca ha operado, pues en esa norma se precisan distintas reglas plazos y montos que no se cumplieron.

Ante la falta de claridad, los cuestionamientos ciudadanos y las dudas que ha generado el programa los legisladores locales han pedido aumentar los apoyos y han anunciado que solicitarán una auditoría por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

EL PROGRAMA Y SUS PLAZOS

Este primer apoyo a desempleados en la entidad fue exprés, pues el 9 de julio la Secretaría del Trabajo publicó las reglas, luego, sin explicación alguna bajó el documento de la red y lo volvió a subir hasta la tarde del 10 de julio, con el aviso que faltaba la convocatoria para conocer las fechas de registro.

Al tercer día, es decir, el domingo 12 de julio, de manera sorpresiva abrió el registro a las 19:00 horas y lo cerró el lunes 13 de julio a las 15:00 horas, con lo cual solo dieron 20 horas para la inscripción de 50 mil personas, con una convocatoria que no fue difunda por el gobierno del estado, ni en sus redes y que prácticamente estaba escondida en la página web de la Secretaría del Trabajo.

En redes sociales las personas se quejaron porque no se podían inscribir, en el sistema aparecía que ya existían, o no avanzaban en el trámite, para el cual debían tener escaneados en formato PDF sus documentos personales.

Pese a las fallas y reclamos, de manera aún más sorpresiva el martes 14 de julio el gobernador Alfredo del Mazo entregó los primeros apoyos en Tlalnepantla, con lo cual, las autoridades tuvieron menos de 24 horas para revisar a los aspirantes y definir si cumplían los requisitos para entregarles los apoyos.

El tema llama la atención porque la misma convocatoria prevé la integración de un Comité de Admisión y Seguimiento, encargado de aprobar el padrón de beneficiarios y determinar los criterios de admisión de casos especiales; así como de nuevos beneficiarios cuando existan bajas o modificaciones a las reglas.

Las reglas generales del programa señalaban que darían prioridad a personas mayores de 60 años, a quienes padecieron alguna discapacidad y a otros que determinará la instancia normativa, pero al final no hubo un reporte de cuántos beneficiarios tenían estas características.

Por ello, no se esperaba que los plazos fueran tan cortos para el registro y la entrega de los apoyos, pues esa convocatoria precisaba que una vez que la instancia ejecutora, es decir, la Dirección General de Empleo y Productividad de la Secretaría del Trabajo validara y capturara la información proporcionada por las y los solicitantes emitiría el número de folio como comprobante para acreditar el registro. Además, integraría y actualizaría un padrón de beneficiarios.

Sin embargo los plazos parecen indicar que no hubo una revisión de los aspirantes, pues la misma Secretaría del Trabajo emitió un boletín donde informaba que los 50 mil registros se agotaron en unas horas y con ello los 150 millones de pesos invertidos.

REPROCHES DE DIPUTADOS

La ley prevé que el apoyo por el seguro de desempleo no debe ser menor a 30 días de salario mínimo; sin embargo, en este programa no se acató esa disposición.

Si el programa se hubiera ajustado a esta ley, tendrían que haber atendido a todas las personas que perdieron su empleo formal en los últimos cuatro meses y otorgarles un apoyo de 5 mil 566 pesos al mes, es decir de al menos 22 mil 267 pesos durante los últimos cuatro meses, lo cual representaba una inversión de al menos mil 306 millones de pesos, no de sólo 150 millones.

Cuando se aprobó la ley se consideró que esa era la cifra justa para evitar el crecimiento de la pobreza y la reactivación de la economía.

Incluso la Secretaría de Finanzas anunció que reunieron 4 mil millones de pesos para atender los estragos de la pandemia y hasta el momento sólo han ejercido poco más de mil 800 millones en la compra de insumos, equipo, medicamentos y equipo para el sector salud.

Ante los reclamos ciudadanos en redes sociales, diputados locales advirtieron que el programa fue insuficiente, poco claro y muy alejado de lo que plantea la ley.

El presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, Tanech Sánchez, anunció que pedirá al OSFEM auditar ese programa y consideró que fue una burla por los breves plazos que manejó

Incluso, opinó que no era posible que 50 mil personas se hubieran registrado en tan poco tiempo, pues para hacerlo requerían de unos 15 minutos en promedio, pero el sistema registró diversas fallas.

En tanto el legislador del PAN, José Antonio García señaló que el programa dejó fuera a unas 120 mil personas que han perdido su empleo, por lo cual pidió triplicarlo, a fin de apoyar a un mayor número de mexiquenses.

El presidente de la Comisión del Trabajo en el Congreso local, Luis Antonio Guadarrama había propuesto asignar una bolsa de 3 mil millones de pesos al seguro de desempleo para beneficiar a unas 60 mil personas con la entrega de un salario mínimo diario, pero el dinero invertido fue mucho menor.

 

 

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