Los diputados locales autorizaron cambios en la estructura administrativa del Poder Ejecutivo para que el gobierno de Alfredo del Mazo Maza diera inicio a su administración con 18 secretarías; ya sin la súper secretaría de Infraestructura que tenía bajo su mando el 11.5 por ciento del total de los recursos, pero ahora con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos con múltiples funciones e injerencia en otros poderes, ayuntamientos e incluso posibilidad de invadir tareas de órganos autónomos.
Después de la Secretaría de Educación, la de Infraestructura era la dependencia con más presupuesto del gobierno estatal. Ahora debe dividir en dos los recursos que le queden de los 11 mil 894 millones 942 mil 433 pesos asignados este año como presupuesto, para sustentar financieramente a la Secretaría de Obra Pública y a la de Comunicaciones.
Ya será en 2018 y los siguientes años cuando las fortalezcan para cumplir las obras proyectadas por el actual gobierno: un Mexibús de Naucalpan al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; un sistema de transporte de alta capacidad que una a los municipios de Chalco y La Paz; una línea de Mexibús en el Valle de Toluca; un nuevo Mexicable en el Oriente del Estado, que conecte a Ecatepec con Tlalnepantla y un Mexicable de Chamapa a Cuatro Caminos, en Naucalpan, entre otras obras.
La Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana vuelve a ser Secretaría y la Consejería Jurídica sube de nivel para convertirse en la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, pero al menos por este año no tendrán más recursos, deben subsistir con el mismo personal e infraestructura; hasta el siguiente año verán los beneficios económicos de subir de categoría.
Tanto en la Secretaría de Obra Pública como en la de Comunicaciones y Seguridad quedan claras las tareas que le corresponde a cada una.
A esta última le toca: apoyar al Ministerio Público y a otras autoridades en la investigación y persecución de delitos; dar cumplimiento a las órdenes de aprensión; recabar información en lugares públicos para evitar el fenómeno delictivo; recibir denuncias, aún en casos sin flagrancia, sobre hechos que puedan ser constitutivos de algún delito; consolidar la plataforma única de información preventiva que coadyuvará en la investigación de los delitos y llevar a cabo la capacitación, profesionalización, adiestramiento y especialización de las instituciones policiales.
Pero la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, con el simple nombre y algunas de sus funciones parece invadir tareas de la Fiscalía de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos; dos órganos autónomos que teóricamente no deben rendir cuentas al Poder Ejecutivo pero ahora tendrán que ceder algunas tareas a esta instancia.
Además de las funciones de actualización de todo el marco jurídico que es bastante amplio, debe revisar problemas de límites territoriales, tendrá el control de los notarios, la función registral, la Gaceta de Gobierno, la defensoría pública, el Registro Civil, la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, le suman acciones referentes a justicia cotidiana, justicia cívica y justicia itinerante, así como impulsar una política de promoción, defensa, respeto y protección de los derechos humanos, armonizando las políticas públicas en esta materia con los tratados internacionales; tramitar las solicitudes de amnistía e indulto e interponer recursos de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia, entre otras acciones, como a continuación se resaltan y muestran a una nueva súper secretaría.
easel.ly INFOGRAFÍA: IGNACIO HERNÁNDEZ
