El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción decidió bajar 40 por ciento el salario que perciben quienes integran el Comité de Participación Ciudadana (CPC), por considerar que era excesivo y la función que desempeñan estaba sobre pagada, pues tenían ingresos mensuales de 175 mil 122 pesos en el caso de la presidencia y 153 mil 645 el resto de integrantes.
Por mayoría de votos se decidió reducir el pago a las cuatro consejeras Carla Isabel Colín Maya, Claudia Margarita Hernández Flores, Zulema Martínez Sánchez y a la presidenta María Guadalupe Olivo Torres, así como al consejero Óscar Bazán Alatorre, quienes a partir de este mes de febrero percibirán 105 mil 73 pesos para quien ocupe la presidencia y 92 mil 187 en los otros cuatro casos.
Las propuestas fueron diversas. Hacer ajustes a la baja en 60 por ciento, 50, 40 y 15 por ciento. Esta última se desechó porque todavía quedaban arriba de lo que percibe la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien tiene asignados 148 mil 190 pesos cada mes.
Argumentos
Los argumentos del CPC para defender su salario fueron que pagan oficina y tienen gente a su servicio, a lo cual el Comité Coordinador les respondió que fueron contratados de manera personal, no para que establecieran una estructura burocrática, aunado a que sólo sesionan dos veces al mes y lo hacen a distancia, desde su hogar o el espacio que deseen.
Otro de los elementos para que se mantuviera el mismo monto salarial fue que son un órgano autónomo y que no pueden tener otro empleo donde perciban más dinero, pero los integrantes de el CC les hicieron ver que no hay punto de comparación entre las funciones y responsabilidades del Tribunal de Justicia Administrativa, del Órgano de Fiscalización o del Instituto de Transparencia con ellos, y que desde el inicio se les aclaró que no pueden ser juez y parte, por lo cual no pueden trabajar para el gobierno federal, estatal o para instancias municipales.
¿Qué más reciben?
Los 175 mil pesos los reciben por honorarios, desde la creación del CPC, en octubre de 2017. Todos y todas sus integrantes han tenido el mismo beneficio, aunque cada uno con diferentes acciones y resultados.
Legalmente quienes son electos deben ser ciudadanos sin ligas políticas, pero con experiencia en el ramo; no forman parte del servicio público, por lo cual no tienen prestaciones. Son parte de un órgano autónomo, de carácter ciudadano.
Formalmente tampoco tienen oficinas, ni presupuesto para gastos. Esto sólo ocurre con la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción, quien cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, tiene una sede en Toluca y estructura operativa para el cumplimiento de sus atribuciones u objetivos y fines.
La Secretaría es el órgano de apoyo del técnico del Comité Coordinador (CC), al cual le toca establecer los mecanismos de coordinación entre quienes integran el Sistema.
El CC está conformado por las personas titulares del Órgano Superior de Fiscalización, la Fiscalía Especializada en Combate la Corrupción, la Secretaría de la Contraloría, un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, el Instituto de Transparencia y el Tribunal de Justicia Administrativa.
¿Qué hace el CPC?
El CPC tiene como objetivo coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador y ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con esta materia.
Legalmente está integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que hayan destacado por su contribución a la transparencia rendición de cuentas o combate a la corrupción.
Duran en el cargo 5 años sin posibilidad de reelección y son renovados de manera escalonada. Ocupan la presidencia el último año de gestión.
De acuerdo con su calendario de trabajo, este año tienen previsto sesionar en 24 ocasiones, es decir dos veces por mes, aunque pueden agendar sesiones adicionales no programadas cuando se estime necesario.
Las sesiones pueden ser presenciales, en línea o mixtas. Tienen un convenio con el Colegio de Contadores Públicos, en Metepec, para asistir a sus instalaciones cuando sea necesario.
No tiene obligaciones de transparencia.
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