En la vida pública, las palabras no son meros adornos retóricos; son herramientas de exigencia y construcción democrática. Recientemente, la LXII Legislatura del Estado de México emitió un acuerdo de gran relevancia: un exhorto al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) para auditar los recursos destinados a los municipios con Alerta de Violencia de Género. Este acto legislativo nos invita a reflexionar sobre el peso de la palabra y el derecho irrenunciable a la transparencia.

Para comprender la magnitud de este llamado, es preciso acudir a la raíz. Etimológicamente, la palabra exhortar proviene del latín exhortari. El prefijo ex- indica intensidad o el inicio de una acción hacia afuera, mientras que el verbo hortari significa incitar, animar o encarecer. En su esencia más pura, exhortar no es simplemente pedir; es mover a alguien con argumentos y razones hacia el cumplimiento de un deber.

Cuando el Congreso local exhorta al OSFEM, está haciendo algo más que un trámite administrativo: está “incitando” con fuerza legal a que se rinda cuentas sobre el dinero que debería estar salvando vidas. Es un recordatorio de que la autoridad tiene la obligación moral y legal de actuar con eficiencia.

Así, la Transparencia se ubica en el epicentro de la crisis: el Estado de México enfrenta una realidad dolorosa. Municipios con declaratorias de alerta por feminicidio y desaparición reciben recursos específicos para combatir esta barbarie. Sin embargo, la ciudadanía suele desconocer en qué se traducen esos montos: ¿se invierten en luminarias, en capacitación policial, en refugios o en burocracia?

“La importancia de que la ciudadanía conozca el destino de estos recursos radica en que la opacidad en temas de género no solo es un fallo administrativo, es una forma de violencia institucional.”

Conocer cómo se gastan los recursos públicos etiquetados para la Alerta de Violencia de Género es vital por tres razones fundamentales:

• Eficacia: Permite evaluar si las acciones financiadas están reduciendo realmente los índices de violencia.
• Prevención de la Corrupción: Evita que el presupuesto destinado a proteger a las mujeres sea desviado hacia fines ajenos a la emergencia.
• Justicia Social: Dignifica a las víctimas y a sus familias al demostrar que el Estado prioriza su seguridad con hechos y cifras, no solo con discursos.

El acuerdo de la LXII Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 6 de noviembre de 2026, es un paso adelante. No obstante, el “exhorto” no debe quedar solo en el ámbito parlamentario. La ciudadanía debe apropiarse de ese espíritu de hortari —de incitación a la acción— para vigilar que los resultados de las auditorías de cumplimiento y desempeño sean públicos y claros.

No podemos permitir que los recursos para la alerta de género se pierdan en el laberinto de la administración pública. Exhortar es una responsabilidad compartida: el Legislativo lo hace formalmente, pero nosotros, como sociedad, debemos hacerlo diariamente a través de la exigencia de transparencia total. Al final del día, saber qué se hace con el dinero público es el primer paso para asegurar que ninguna mujer más camine con miedo en nuestro Estado de México, mientras estamos en ello, ¡Continuemos la conversación!