El Poder Judicial del Estado de México ampliará sus mecanismos de prevención de la corrupción mediante la implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción (MOGERIC) 3.0, una metodología que contempla la revisión de procedimientos internos, la identificación de áreas vulnerables y el seguimiento de medidas para prevenir irregularidades en la impartición y administración de justicia.

El convenio de colaboración con el Sistema Anticorrupción del Estado de México involucra a los tres órganos que integran la estructura judicial: el Tribunal Superior de Justicia, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial. El acuerdo establece una ruta de coordinación para evaluar riesgos institucionales, documentar actuaciones y fortalecer los mecanismos de control, aunque durante el acto no se precisaron metas cuantificables, presupuesto de implementación ni plazos específicos para evaluar sus resultados.

Corrupción judicial: revisarán procesos, responsabilidades y controles

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, señaló que el acuerdo busca convertir en acciones el pronunciamiento de cero tolerancia a la corrupción y al cohecho, suscrito previamente por los titulares de los tres órganos judiciales.

El magistrado reconoció que la percepción ciudadana sobre la corrupción constituye uno de los problemas que afectan la confianza en las instituciones. No obstante, sostuvo que los posibles actos de corrupción dentro del Poder Judicial son mínimos, afirmación para la cual no presentó estadísticas de denuncias, investigaciones o sanciones durante su intervención.

Macedo García explicó que la prevención no debe limitarse a posibles pagos indebidos a cambio de resoluciones judiciales, sino que también debe considerar incumplimiento de responsabilidades, retrasos en el trabajo, falta de honestidad y deficiencias en la atención al público.

Aunque el Tribunal de Disciplina Judicial cuenta con atribuciones especializadas, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y el Órgano de Administración Judicial participarán mediante sus mecanismos de supervisión y control interno.

¿Cómo funcionará el modelo MOGERIC 3.0?

El presidente del Órgano de Administración Judicial, Fernando Díaz Juárez, detalló que el esquema contempla cinco etapas de evaluación y prevención:

• Identificación y descripción: localizar procedimientos susceptibles de irregularidades.
• Evaluación y análisis: determinar las condiciones y factores que pueden propiciar actos de corrupción.
• Priorización: establecer qué riesgos requieren atención inmediata.
• Monitoreo y seguimiento: verificar la aplicación de medidas preventivas.
• Revisión sistemática: evaluar resultados y modificar controles para mejorar su eficacia.

Díaz Juárez afirmó que el Poder Judicial mexiquense fue el primero del país en aplicar una fase piloto de este modelo, mediante su versión 2.0 en diversos juzgados de la entidad. Según explicó, las observaciones de esa experiencia permitieron realizar ajustes para desarrollar la versión 3.0.

Tribunal de Disciplina participará en la prevención de irregularidades

La magistrada Nancy Flores Mendoza, representante de Marisela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, señaló que la implementación del modelo requiere revisar prácticas institucionales, delimitar responsabilidades y establecer controles que permitan anticipar posibles irregularidades.

Explicó que, aunque los tres órganos judiciales tienen atribuciones distintas, comparten responsabilidades en materia de integridad institucional. También destacó la participación de asociaciones, barras y colegios de abogados para identificar deficiencias en los servicios que reciben las personas usuarias de los tribunales.

La magistrada sostuvo que los resultados del convenio deberán reflejarse en la calidad de la atención, los tiempos de respuesta y la certeza jurídica de las decisiones, aspectos que inciden directamente en el acceso a la justicia.

Sistema Anticorrupción plantea seguimiento y evidencia documental

Por su parte, Óscar Bazán Alatorre es el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, explicó que MOGERIC 3.0 busca establecer mecanismos de trazabilidad institucional para identificar quién interviene en cada procedimiento, cuándo se realizan las actuaciones y qué documentos respaldan las decisiones.

El representante ciudadano señaló que la prevención requiere coordinación entre las instituciones encargadas de fiscalizar, investigar y sancionar posibles irregularidades, además de mecanismos de seguimiento que permitan comprobar el cumplimiento de los controles.

En el acto también se reconoció la participación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), encabezado por Liliana Dávalos Ham; del Tribunal de Justicia Administrativa, presidido por Luis Eduardo Gómez García; y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, a cargo de Rodrigo Archundia Barrientos.

Asimismo, se destacó la intervención de Víctor Romero Maldonado, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, en el acompañamiento y seguimiento de los convenios institucionales.

Convenio deberá traducirse en resultados verificables

Durante su intervención, Fernando Díaz Juárez recordó que el 19 de octubre de 2026 los órganos del Poder Judicial suscribieron un pronunciamiento de cero tolerancia a la corrupción y al cohecho, antecedente del convenio actual.

El magistrado señaló que la metodología se vincula con compromisos internacionales en materia anticorrupción, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, además de los objetivos establecidos en los planes de desarrollo estatal y judicial.

La implementación de MOGERIC 3.0 representa una nueva etapa de revisión interna para el Poder Judicial mexiquense. No obstante, su alcance dependerá de la identificación efectiva de riesgos, la aplicación de controles, la documentación de resultados y la evaluación periódica de su cumplimiento.

Por ahora, el convenio establece compromisos de coordinación y prevención, pero no constituye por sí mismo evidencia de una reducción de actos de corrupción. La publicación de indicadores, resultados de las revisiones y medidas correctivas será determinante para conocer su impacto en el funcionamiento de los tribunales del Estado de México.

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