La reforma publicada el 1 de octubre en Gaceta de Gobierno del Estado de México, con el Decreto que abroga las leyes de transparencia de 2016 y de datos personales de 2017, extingue formalmente al INFOEM y en su lugar nace Transparencia Mexiquense, un órgano desconcentrado de la Secretaría de la Contraloría.

El modelo anterior concentraba en un organismo constitucional autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, la garantía del acceso a la información y la protección de datos para todos los sujetos obligados. Eso permitía ser juez imparcial frente a ayuntamientos y dependencias estatales.

El nuevo esquema fragmenta esa función: Transparencia Mexiquense solo atenderá al Ejecutivo y municipios, mientras Legislativo y Judicial resolverán sus propios casos a través de sus propias autoridades y los órganos autónomos lo harán por medio de sus órganos internos de control.

Como aspecto positivo, la ley mantiene intactos los derechos ciudadanos. Las unidades de transparencia subsisten y habrá interconexión a la Plataforma Nacional de Transparencia, que seguirá recibiendo solicitudes, aunque no sabemos si se reactivarán las tres plataformas propias que daban brillo al Estado de México. En teoría, este modelo busca dar más eficiencia administrativa, habrá que ver sus resultados.

Como aspecto negativo, se pierde autonomía. El garante ahora depende de la propia administración estatal a la que se supone debe exigir y vigilar, lo que genera el conflicto de ser juez y parte, entre otros aspectos, además no se retoma abiertamente la posibilidad de un consejo ciudadano que existía en la anterior ley, esperemos que se abran otros cauces de participación ciudadana.

En materia de protección de datos personales no se establece una autoridad especializada como en el orden federal y se elimina el Redatosem que era un registro de las bases de datos que tienen los sujetos obligados, hoy ya no sabremos cuánta información de nosotros tiene el orden estatal, y menos dónde se usa inteligencia artificial, la transparencia algorítmica es una propuesta que queda pendiente.

Durante 22 años, el modelo anterior, incluidos el ITAIPEM y el INFOEM, dio resultados tangibles en la tutela de los dos derechos humanos, con más del 75% de decisiones a favor del ciudadano y muchos avances en gobierno abierto, transparencia proactiva, defensa de la privacidad, entre más temas y puedo decir con orgullo, que se cumplió con creces a los millones de ciudadanos y particulares que se atrevieron a exigir rendición de cuentas a sus gobiernos y a demandar respeto y protección a sus datos personales, del nuevo modelo no podríamos esperar otra cosa, más que una mejora y no una regresión, esperemos estén a la altura de la exigencia ciudadana.