El Congreso mexiquense aprobó simplificar y actualizar las reglas para autorizaciones y desarrollos urbanos, garantizar el derecho de las y los mexiquenses a una vivienda digna, adecuada y asequible, así como promover programas de vivienda en alquiler, priorizando a grupos vulnerables.
Para ello avaló reformas al Código Administrativo y a las leyes de la Comisión de Impacto Estatal, Orgánica de la Administración Pública y de Vivienda, todas del Estado de México, se actualizan las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura para autorizar conjuntos urbanos, condominios, subdivisiones, relotificaciones y fusiones, así como para coordinar la entrega de áreas de donación, obras de urbanización, equipamiento urbano e infraestructura primaria a los municipios y a las autoridades estatales competentes.
De acuerdo con el dictamen, elaborado con base en las iniciativas del diputado Octavio Martínez Vargas, de la bancada del PVEM y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, la dependencia deberá coadyuvar con las autoridades competentes en la elaboración de lineamientos de carácter urbano para la regularización de la tenencia de la tierra.
Los municipios tendrán que aprobar los proyectos ejecutivos, las memorias de cálculo, las especificaciones técnicas de las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización, que establezcan los acuerdos de autorización de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios, a través de sus dependencias, entidades u organismos descentralizados competentes.
El congresista Héctor Karim Carvallo Delfín (morena), presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, refirió que el dictamen tiene un profundo sentido social, toda vez que pone a las normas al servicio de las personas y hace del desarrollo urbano una herramienta para mejorar la vida de las familias.
El diputado Héctor Raúl García González señaló que 36 por ciento de las familias viven en una vivienda rentada y destinan alrededor del 30 por ciento de los ingresos al pago de la vivienda, por lo cual buscan incorporar inmuebles abandonados a las políticas de vivienda e impulsar programas de vivienda de alquiler que prioricen a jóvenes y a personas en situaciones de pobreza, vulnerabilidad, marginación o riesgo.
Las reformas establecen que el valor de las obras de equipamiento urbano regional y municipal será determinado por la secretaría con base en el tabulador de precios unitarios, elaborado por las dependencias estatales y municipales, así como por los organismos auxiliares que resulten beneficiarios de dichas obras.
Para tal efecto, deberán tomar en consideración el tipo de proyecto a fin de determinar los costos correspondientes, y el tabulador de precios unitarios deberá actualizarse anualmente. Adicionalmente, cuando las obras no se hayan concluido dentro del plazo fijado y haya cambiado el ejercicio fiscal, su valor será actualizado de conformidad con lo que determine la autoridad competente.
El dictamen señala que las y los desarrolladores deberán proporcionar a las autoridades la información y documentación necesaria para supervisar las obras, facilitar las visitas de inspección, informar sobre su avance y atender las observaciones que correspondan. Una vez terminadas, deberán dar aviso y realizar la entrega formal de las obras a las autoridades competentes o, tratándose de condominios, al comité de administración o a la persona administradora.
Precisa las obligaciones en materia de áreas de donación y equipamiento urbano para las subdivisiones de predios o inmuebles con una superficie de tres mil metros cuadrados o más, aquellas que impliquen la autorización de 30 o más viviendas, así como las subdivisiones con usos diferentes al habitacional que tengan un coeficiente de utilización de tres mil o más metros cuadrados de construcción, ubicadas en áreas urbanas o urbanizables.
En vivienda
Se establece que la política estatal y los programas, así como el conjunto de instrumentos y acciones que señala la Ley de Vivienda de la entidad, tendrán como fin sentar las bases para aspirar a un desarrollo estatal más equitativo, que integre entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un crecimiento desordenado de las zonas urbanas.
Además, se contempla que el Instituto Mexiquense de Vivienda Social gestione, impulse y promueva programas de vivienda de alquiler, priorizando a las personas que se encuentren en situación de riesgo, pobreza, vulnerabilidad o marginación, así como que incentive y gestione la participación del sector privado en programas dirigidos a personas en situación de pobreza o pobreza extrema.
Respecto de la Política Estatal de Vivienda, se incorpora entre sus principios y lineamientos la implementación de esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones de la entidad, incluidos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, principalmente situadas en zonas de alta y muy alta marginación.
Facilita, además, la promoción de medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias.
Actualiza la integración del Sistema Estatal de Vivienda, descrito como el instrumento permanente de coordinación institucional entre las entidades federales, estatales y municipales, así como de concertación con los sectores social y privado.
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