La Fiscalía General de Justicia del Estado de México requiere de una reingeniería que garantice mayor profesionalización del personal del Ministerio Público y la Policía Judicial, se acorten los tiempos para integrar una carpeta y se cumplan las órdenes de aprehensión, pues como se hace actualmente parece que el objetivo es lograr que los delitos prescriban, indicó el diputado local, Octavio Martínez Vargas.

En entrevista, el legislador dijo que esta iniciativa será prioritaria porque sólo el Poder Judicial se ha transformado, pero no quien se encarga de recibir e integrar las denuncias penales en la entidad, donde siguen vigentes muchos problemas, en especial la dilación en la integración de expedientes y los altos niveles de corrupción e ineficiencia para garantizar la justicia en la entidad.

“Estamos integrando una nueva disposición de Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia del Estado de México que será nuestra prioridad. Es una reingeniería a lo que hoy existe y que aspira a erradicar la corrupción, existan más médicas legistas, se facilite la liberación de unidades que se van al corralón y se agilicen los peritajes porque a veces parece que se busca a toda costa retener más tiempo las unidades para favorecer a los dueños de los corralones” indicó.

Se necesita pensar en crear nuevas fiscalías especializadas, revisar cuáles merece mantener o si se deben fusionar a lagunas de ellas o incluso desaparecer por falta de efectividad y funciones. Actualmente cuenta con Fiscalías especializadas en materia de corrupción, atención a mujeres víctimas de delito por razón de género, delitos cometidos por adolescentes, delitos electorales; para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, una fiscalía central especializada en combate a los delitos de extorsión, delitos vinculados y secuestro,

El objetivo es acercar el servicio a la gente. Revisar el tema de la Vicefiscalía porque resulta inoperante, ya que se trata de una norma que entró en vigor el 20 de marzo del 2009 y su última reforma fue el 4 de febrero de este año.

“Desde luego se debe trabajar mucho en mejorar los salarios de las personas servidoras públicos de la Fiscalía, de abajo y de en medio, no los altos mandos” donde los pagos netos que reciben actualmente van de los 10 mil 534 a los 31 mil 810 pesos, de acuerdo con el nivel salarial asignado.

Hay 20 mil órdenes de aprehensión pendientes de cumplir

Otro punto que quiere incluir en la iniciativa es la rendición de cuentas, donde el Congreso debe ejercer su facultad de llamar a comparecer al fiscal para dar cuenta de temas de interés público y no conformarse con la entrega de un informe por escrito.

También se quiere estipular lo que debe durar una carpeta de investigación porque hay muchas que tardan hasta 10 años para su liberación, cuando ya prescribió el delito, lo cual ocurre en complicidad con abogados para no poder judicializar el tema, cuando lo conveniente es que la integración no dure más de 6 meses.

“Lo mismo en el tema del cumplimiento de órdenes de aprehensión, pues hay cerca de 20 mil órdenes pendientes de cumplirse. Es una cosa espantosa. Y desde luego que insistiremos en sancionar la fabricación de delitos, el principal problema que adolece la sociedad” acotó.

Actualmente el ingreso de personal operativo en la Fiscalía se lleva a cabo por convocatoria pública. Cuenta con personas servidoras públicas como agentes del Ministerio Público, policía de investigación, perito, facilitador o facilitadora en mecanismos alternativos de solución de controversia, mismos que tienen la opción de servicio profesional de carrera.

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