El pasado 27 de marzo del año en curso, el Poder Judicial publicó en el periódico oficial Gaceta del Gobierno el Acuerdo mediante el cual su Órgano de Administración Judicial autorizó las políticas de racionalidad y austeridad para el año que corre.
Así, como ciudadanía atenta y participativa es importante reflexionar en torno al significado de la palabra austeridad, la cual según la Real Academia de la Lengua Española es aquello que posee la cualidad de austero, es la mortificación de los sentidos y pasiones y aquí se vuelve aún más interesante el análisis, pues recordemos que la palabra pasión, viene de pasivo, es decir cuando actuamos fuera de la razón, cuando no analizamos una decisión antes de tomarla, cuando actuamos con pasividad, mientras que la ética implica acción, es decir cuando razonamos antes de actuar.
Así la palabra austeridad, históricamente se considera una virtud, pues se trata de una construcción ética y surge así la ética de la austeridad, es decir, esta costumbre o carácter propone que nos situemos en el justo medio aristotélico sin dejarnos llevar por los excesos, como sería el dispendio o la ostentación, características que aplicadas con recursos propios y en la vida privada podrían ser mal vistas mientras que ejecutadas con recursos públicos son absolutamente reprobables.
En este sentido, es importante traer a colación que el Presupuesto de Egresos del Estado de México para 2026, en su artículo 10, le otorga al Poder Judicial un presupuesto de $6,331,216,477 (Seis mil trescientos treinta y un millones doscientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.), del que, con base en el Numeral Cuarto de la Política en mención, dicho Poder tiene una meta de ahorro de $48,117,245.23 (Cuarenta y ocho millones ciento diecisiete mil doscientos cuarenta y cinco pesos 23/100 M.N.), es decir el 0.76% (punto setenta y seis por ciento) del total del presupuesto anual, cantidad importante por sí sola, pero que en contraste con el presupuesto anual, podría parecer menor.
Pero ¿Cómo logrará el Poder Judicial dicho ahorro?, la referida Política nos brida luz al respecto, pues se cimenta en dos componentes esenciales, a saber:
1.- Las medidas institucionales de racionalidad del gasto y
2.- Las acciones específicas de optimización de recursos implementadas por las unidades administrativas y jurisdiccionales
Y, ¿De qué van unas y otras?, ello no queda claro en el Anexo 1 de la publicación correspondiente, lo que si detalla son las acciones concretas de diversas Unidades Administrativas, por ejemplo la Dirección de Control Patrimonial deberá implementar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo en el mobiliario, y con ello prolongar la vida útil de los bienes, orientado a la reducción de la adquisición de mobiliario de oficina.
La Dirección de Personal por su parte, deberá mantener la política de racionalizar la contratación por honorarios y la Dirección de Recursos Materiales y Servicios orientará acciones a la reducción del consumo de materiales, la optimización del uso de bienes institucionales y la eficiencia en la prestación de servicios generales.
Recordemos pues que, las medidas anteriores se deben fundamentar principalmente en el artículo 129 de nuestra Constitución Local, mismo que mandata que los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados, y además establece que las personas servidoras públicas del Estado y municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos públicos que están bajo su responsabilidad.
Y no debemos olvidar que, como mexiquenses responsables y participativos tenemos también el derecho y el deber de mantenernos informados e informadas sobre el fin que se les da a nuestros recursos públicos, mientras estamos en ello, ¡Continuemos la conversación!
